Iñaki Egaña

Reescribiendo la Guerra Fría

Zamora — Mon, 15 Jan 2024 14:42:15 +0000

Reescribiendo la Guerra Fría

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Zamora Lun, 15/01/2024 - 10:42

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Iñaki Egaña

Han pasado ya unas semanas después de las celebraciones y ceremonias sobre el medio siglo del tiranicidio que acabó con la vida del entonces presidente español, el arquitecto del franquismo, Luis Carrero Blanco. Como la mayoría de los ciudadanos de este país que Marc Legasse decía que ni existía, no soy autista y, por ello, tampoco he podido abstraerme a tanto engaño desplegado desde Madrid. La ficción que son capaces de ensanchar en los mentideros mediáticos y académicos los propagandistas del relato único hispano es asombrosa, como los cometas que nos visitan en periodos regulares. Y me pregunto, si acontecimientos que hemos vivido de cerca son transformados en fábulas fantásticas, ¿qué no harán cuando las crónicas pertenezcan a un pasado más lejano y la interpretación, por las fuentes, sea más endeble?

El relato hispano sostenido en un complejo de segundón, por un lado, y en una literatura que convierte en hechos las fábulas, por otro, tiene demasiado recorrido para catalogarlo como una fiebre pasajera. Durante años soportamos los bulos sobre la razia de Gernika, las derivadas de la conquista del Reino de Nafarroa, el euskara como una lengua importada amén de su incapacidad para la modernidad y, en época más reciente, por ejemplo, los miles de torturas, convertidas en una excepción policial, y en una norma emanada de un supuesto libro de estilo que nadie ha encontrado. El verdugo se convierte en víctima. Euskal Herria es pura invención y, si me apuran, los vascos sufren una patología especial por ser tardíamente cristianizados. Las leyendas de Viriato y El Cid Campeador se trasmutan en textos para la escuela, mientras que la prohibición del islam fue una «reconquista» y la sublevación fascista de 1936 una «cruzada nacional». América no fue conquistada, sino «evangelizada».

No se trata, como parece, de relatos conspiranoicos, sino de una naturaleza apegada a un concepto excluyente y único de nación. Todo lo que se distancia de esa línea es «leyenda negra», una campaña para menoscabar la imagen de España. Y ese es precisamente un gran lastre para la periferia, tanto la externa (el calificado como «separatismo»), como para interna («los rojos de toda la vida»). Ya lo dijo con sorna el cómico Gila: «El hombre descenderá del mono, pero el español no». Lo que, llevado al extremo, nos convierte a los disidentes en simios evolucionados, pero simios, a fin de cuentas.

Viene a cuento esta reflexión sonora con el relato del tiranicidio que citaba líneas atrás. Las marcas que han definido la acción de ETA de 1973, la que provocó un revolcón entre las familias franquistas y la pugna por asomar la cabeza más que el de al lado, se han difuminado para obtener varios objetivos que acoplen aquel atentado y la desaparición del Ogro, en una crónica acorde con esa naturaleza tergiversadora. El Madrid azul convirtió, ya hace tiempo, la historia cercana y lejana en un instrumento de cohesión propia y en arma de guerra. Algo que invalida su credibilidad. Pero, ¿quién tiene instrumentos tan poderosos como los del Estado para contradecirles?

Para los fabuladores de la historia, el tiranicidio se ha transformado, por arte de birlibirloque, en una maquinación urdida por el Departamento de Estado de Washington que utilizó a la CIA como brazo transmisor y a ETA como ejecutor. El puente entre Nixon y los etarras fue Henry Kissinger, que llegó a la capital hispana dos días antes de la muerte de Carrero con la intención de dar el okey al magnicidio. La realidad es otra. Kissinger arribó a Madrid, como escala antes de su reunión en París con Le Duc Tho para retomar los acuerdos de paz de Vietnam que su Estado no respetaba. Y la escala en Madrid tenía como objetivo (lean las notas de la embajada de EEUU) aplacar la histórica alianza hispano-árabe en la guerra de Yom Kippur, fruto de la conquista previa de Israel de los territorios de Sinaí y los Altos del Golán. Aunque hoy pueda parecer lejano, España era antijudía y las primeras relaciones diplomáticas con Israel las estableció Felipe González, ya en 1986. Vamos a dar, sin embargo y por un instante, validez al complot: la CIA planeó la muerte del Ogro.

Unos pocos años más tarde, en 1981 para ser más exactos, Ronald Reagan en la presidencia de EEUU, validaba la tesis de su secretario de Estado Alexander Haig (por cierto, jefe de Gabinete de Nixon cuando la Operación Ogro), la llamada «red del terror». Una teoría elaborada por su asistente Claire Sterling según la cual, Moscú, a través del KGB, alimentaba una organización de grupos terroristas en el planeta en la que incluía a ETA. Cuando la organización vasca atentó ese año y los siguientes contra altos mandos del Ejército español, los medios madrileños se sumaron a la hipótesis del complot: Moscú, y por extensión la Unión Soviética, estaban detrás de la estrategia de ETA. La hemeroteca es testigo. Validemos también esta fábula.

Es decir, siempre según el relato hispano, ETA fue un hecho singular dentro de la Guerra Fría. No tanto por sus acciones, sino por sus protecciones. En 1973 con el apoyo de la CIA y en 1981 con el del KGB. Lo que, por deducción sencilla, implica que los dos bloques de la Guerra Fría, que concluyó oficialmente con la caída del Muro de Berlín en 1989 y el desmoronamiento posterior de la URSS, apoyaron simultáneamente a un movimiento de liberación nacional, socialista y revolucionario. A un grupo vasco, para más señas.

Esta anomalía resultaría extraordinaria porque supondría una excepción gigantesca en el relato universal sobre la Guerra Fría. ¿Qué intereses comunes tenían Washington y Moscú para compartir en Euskal Herria? Los desconozco y no quiero caer en la frivolidad para relatar escenarios burlescos como gustaba manifestar el cómico Gila. Pero, de ser cierto, espero con ansiedad que las universidades e historiadores del planeta rectifiquen las toneladas de papel impresas hasta ahora y reescriban nuevamente la historia.

Asimetrías y terrorismo

Zamora — Mon, 30 Oct 2023 21:14:38 +0000

Asimetrías y terrorismo

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Zamora Lun, 30/10/2023 - 17:14

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Iñaki Egaña

El gallego y heterodoxo Ramón María del Valle Inclán fue nombrado, durante la Segunda República, conservador general del Patrimonio Artístico Nacional, cargo del que dimitió poco después por el lamentable estado en que se encontraba precisamente el patrimonio hispano. Y aunque las crónicas no lo cuentan, también abandonó su cargo por esa eterna sensación de pertenencia que la élite económica y política tenía sobre la naturaleza de lo español, una constante histórica. Lo casposo y autoritario sobre lo democrático. Esa misma élite es la que años después marcó las pautas comunicativas sobre el llamado conflicto vasco y hoy nos titula que en Palestina hay una guerra entre Israel (un pueblo) y Hamás (una organización terrorista). Una justificación para dejar al margen las atrocidades del Gobierno de Bibi Netanyahu, ultraortodoxo y de extrema derecha.

Con la experiencia acumulada en Euskal Herria en las últimas décadas, el uso del concepto «terrorismo» tiene un propósito definido, lejos del de la guerra que, por cierto, parte de una premisa acoplada a su definición. Matar, a ser posible más que el enemigo. Una violación del derecho fundamental a la vida. Ya lo dijo el hoy centenario Kissinger: la guerra tiene como objetivo alcanzar «una legitimidad generalmente aceptada». ¿Legitimidad de quién?

Y un segundo propósito, en esa línea tan sutil que invade escenarios. Para despolitizar a unos de manera radical, sin contexto, sin causas, sin ideología. Y, como escribía Frédérick Lordon, para señalar que «la determinación de decir ‘terrorismo’ solo satisface necesidades apasionadas». O lo que es lo mismo, patologías. El recurso en la actualidad a las últimas décadas del conflicto armado en Euskal Herria tiene, precisamente, esa intención. Expulsar a un importante sector del pueblo vasco del escenario político bajo el argumento de que su pasado «terrorista» nada tiene que ver con la dinámica supuestamente asentada en términos democráticos e intelectuales.

Sin embargo, todo este magma dialéctico no es sino una construcción de quienes patrimonializan, como apuntaría Valle Inclán, el ser hispano (y francés). Naciones Unidas no ha llegado, después de casi 80 años, a una definición sobre el concepto, por el veto, entre otros, de EEUU e Israel. Por eso, cuando apunta a acciones terroristas, comienza con una frase que lo enmarca: «Actos delictivos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general». Lejos, por cierto, de la descripción asumida con las dos definiciones atribuidas al prusiano Karl Von Clausewitz: «La guerra constituye un acto de fuerza para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad» y «La guerra es una continuación de la política por otros medios».

Así, las guerras permiten a los Estados derogar sus compromisos con los derechos humanos. Ya lo dijo Rafael Vera para justificar los GAL: «aquello era una guerra». Por tanto, la violación de los derechos humanos estaba justificada. En la misma medida, si la guerra es de Israel contra Hamás, todo está permitido (a pesar de las convenciones de Ginebra que regulan y matizan con el término «crímenes de guerra») y los «excesos» son apropiados. Lo de Hamas, como en su tiempo lo de Hezbolah, Fatah, FPLP o el PKK en Kurdistan, es «terrorismo». Pulsión pasional. Patología. Necrosis de la inteligencia. No hay pueblo ni nación palestina, ni kurda, ni comunidad Artsaj (Nagorno Karabaj), sino simplemente terroristas.

En cambio, si los excesos los comete EEUU o Israel, por poner dos ejemplos, el amparo de la guerra les confiere el «derecho» a matar. En masa. Con los «daños colaterales», la población civil, incluidos. El derecho internacional también los abriga, con alguna excepción como la dictada en 2011 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Londres al ejecutar a civiles en Irak. La CPI (Corte Penal Internacional) juzga los llamados «crímenes de guerra», los «excesos» en los conflictos, pero ni EEUU ni Israel, entre otros, aceptan a la institución con sede en La Haya. No reconocimiento de «crímenes de guerra», que ahonda en el desprecio a las convenciones de Ginebra y avala el hecho de que en una guerra todo es apropiado.

¿Por qué no identificar como terrorismo a las acciones premeditadas contra la población civil? Sería lo lógico. Gernika y Durango fueron bombardeadas, siguiendo el criterio de Naciones Unidas de «planeados para provocar un estado de terror en la población en general». Ídem con los casos de Hiroshima, Nagasaki, Dresde, Mosul... el napalm sobre Vietnam, el gas mostaza español sobre el Rif, la masacre de civiles en Hudaida (Yemen), las torturas sistemáticas como método de terror (informes del IVAC). ¿Y los actos de bloqueo y embargo económico (Cuba, Gaza, Somalia...) que provocan malnutrición, hambre y miseria? ¿No son también actos terroristas?

Hay una evidente asimetría en el tratamiento de los conflictos. Nuevamente recuperando a Frédérick Lordon, la cuestión se refiere a las pautas para el análisis: «el terrorismo es una categoría no política, una categoría que saca a la gente de la política». Y de esa manera se confiere que el conflicto Palestina-Israel no es político. Así, se evaden las masacres contra la población civil, el bloqueo, las torturas, las desapariciones forzadas, la ocupación y el despojo sistemático de tierras que Tel Aviv ejerce sobre Palestina. Las acciones de Israel son una «guerra de defensa» y las esporádicas de Palestina, «terrorismo». En nuestra cercanía, aunque en una dimensión mucho más modesta, lo tenemos presente. El llamado conflicto vasco no es político, según los medios alimentados por esa elite casposa que relataba Valle Inclán.

Y, en consecuencia, y tras la deshumanización del enemigo, los depredadores históricos europeos hacen causa común con la estrategia sionista para seguir haciendo valer sus privilegios raciales, políticos, sociales, culturales y, sobre todo, económicos. Para concluir que el choque es entre demócratas y terroristas.

Actuación impecable

Zamora — Mon, 17 Apr 2023 18:38:53 +0000

Actuación impecable

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Zamora Lun, 17/04/2023 - 14:38

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Iñaki Egaña

Mikel Zabalza fue torturado aplicando las técnicas habituales de Intxaurrondo y cuando murió en la «bañera», el crimen ocultado por la cúpula de Interior, la misma que en aquella época participó en el diseño y contratación de mercenarios y agentes para los GAL. La versión oficial, aún en vigor y nunca desmentida desde Madrid, afirmaba que Zabalza escapó de su detención en Endarlatsa y que murió ahogado cuando intentaba cruzar el Bidasoa. Fernando Grande-Marlaska, el hoy ministro del Interior, sucesor del de la versión oficial José Barrionuevo, ha continuado con la invención, avalando con su afirmación de que a aquella muerte le ha seguido una «actuación impecable» del Estado de derecho.

En febrero de 2022, la comisión de valoración de víctimas de «abusos policiales» (eufemismo de terrorismo de Estado) del Gobierno vasco, reconoció que la versión oficial era «simplemente increíble», avalando la constancia, incluida la del CESID-CNI, de que Mikel Zabalza había muerto a consecuencia de las torturas. Los audios filtrados de conversaciones entre agentes no dejaban espacio siquiera a la duda. Marlaska, en cambio, ni se enrocaba. Todo había sido perfecto y la prueba del algodón para mantener su versión había sido notoria. A Barrionuevo ya le indultaron y el ministro elevó al teniente general Arturo Espejo, implicado en las torturas a Zabalza, a uno de sus puestos de confianza.

Pocas víctimas habrán albergado el calor popular e incluso el apoyo institucional que ha recibido en estas décadas Mikel Zabalza. La cuestión estuvo relacionada con su naturaleza. Galindo y su equipo arrestaron a Mikel y su entorno sospechando que era un mugalari de ETA. Pero el detenido tenía por antecedente únicamente su condición de pastor en la zona fronteriza de su localidad natal, Orbaizeta. Cuando su arresto estaba afiliado a ELA y era conductor de autobuses en Donostia. Su entorno fue torturado y salió en libertad sin cargos. Galindo había errado, pero en el fracaso, su equipo mató a Zabalza. Si Mikel hubiera sido efectivamente un militante o colaborador de una organización clandestina, el relato habría sido otro. Pero Mikel era «inocente».

Sin embargo, tanto Marlaska como sus antecesores se apalancaron en una versión histórica. Contra los militantes de ETA o de otras organizaciones armadas vascas, todo valía. La impunidad y el premio estaba asegurado, que se lo digan a Espejo, y el relato se mantendría vivo, en cualquiera de los escenarios futuros. Marlaska ha demostrado, como en su tiempo otros mandatarios como Pérez-Rubalcaba, que es un hombre de Estado para quien la tortura ha sido uno de los ejes necesarios e imprescindibles en el mantenimiento de la presencia policial española en Hego Euskal Herria. Sin tortura, el Estado se resquebraja.

Sabido es que de los once casos en los que el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo) ha tirado de las orejas a España por no investigar las denuncias de torturas, siete de ellos correspondían a diligencias incoadas por Marlaska. Sabido es que el primer protocolo contra la tortura que elaboró Baltasar Garzón, otro juez de infausto recuerdo, tuvo en Marlaska uno de sus más ardientes antagonistas. Ni grabar en los calabozos, ni atención por médicos de confianza, ni siquiera informar a los familiares del paradero de los detenidos. Una y otra vez negó la aplicación de estas normas, habituales por otra parte en la mayoría de los Estados de la Unión Europea.

Ahora que con el paso del tiempo tendemos a simplificar el pasado y sus acontecimientos, deberíamos rescatar que esa «actuación impecable» del Estado de derecho, generó esa letra pequeña que hoy oculta Marlaska. Que el PSE culpó a los detenidos con Mikel Zabalza, entre ellos Idoia Aierbe, la compañera de Mikel, y Jon Arretxe, de fabricar denuncias falsas de torturas. Que Ricardo García Danborenea, entonces secretario general del PSOE en Bizkaia, se encargó de extender el bulo de que Mikel era un confidente policial que había sido descubierto y ejecutado por ETA. Que Policía Nacional y Guardia Civil apalearon a los manifestantes que exigían la verdad sobre la desaparición, primero, y la muerte, después, de Mikel Zabalza. Fernando Buesa, portavoz del grupo socialista en Gasteiz, remató: «Zabalza se ahogó sencillamente. No hay señales de malos tratos y eso demuestra que no se puede hablar de abuso de la Guardia Civil. Eso es absolutamente falso».

La huelga general fue rechazada por PSOE, UGT y la derechona (entonces CP) que dieron pábulo a la versión oficial. Una versión que fue defendida con semejante virulencia, que cuatro personas detenidas en Iruñea (Justo Larraona, José Antonio López, Roberto Errazkin y Eduardo Elizetxe) por denunciar las torturas a Mikel Zabalza sufrieron a su vez y según denunciaron, malos tratos. Torturados para tapar las torturas. Torturados por negarse a aceptar la versión oficial. Torturados por estar en desacuerdo con una «actuación policial impecable». La dirección general de la Guardia Civil anunció medidas legales contra las personas que dudaron de la versión, hecho que nunca sucedió. Y en la huelga, decenas de heridos. Cargas policiales que, según la prensa, fueron las más duras de la década. Hace unos meses, incluso, aquel agujero estrecho por el que supuestamente escapó Mikel en Endarlatsa, ha sido anchado anónimamente para que el relato de Marlaska tenga mayor credibilidad.

Semanas después de la detención, el Gobierno civil de Gipuzkoa, liderado por Julen Elgorriaga (el del secuestro y muerte de Josean Lasa y Joxi Zabala), aún mantenía la versión de que Mikel Zabalza «había ayudado a pasar la frontera a miembros de ETA». Con el objetivo de deslizar el argumento de que, en ese caso, su muerte, incluso por tortura, era legítima. Y esa es, finalmente, la idea que mantiene Marlaska. Criminalizando al enemigo, al oponente, al contrario, los derechos humanos se suspenden. Y así Marlaska obtendrá un sillón a la vera de los grandes de España.

Infiltrados, una historia larga y sangrienta en Euskal Herria

Zamora — Mon, 13 Feb 2023 03:06:51 +0000

Infiltrados, una historia larga y sangrienta en Euskal Herria

Zamora Dom, 12/02/2023 - 23:06

Iñaki Egaña

La infiltración de agentes en diversas asociaciones catalanas ha vuelto a destapar el espionaje que realizan las diversas policías y el CNI a ciudadanos del Estado. Euskal Herria, epicentro de un movimiento independentista dinámico, ha sido vanguardia en infiltraciones, espionajes y técnicas.

La sombra de la infiltración en Euskal Herria es tan alargada que apenas ha dado respiro a la disidencia. Ya con la entrada de las tropas nazis en París, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, un infiltrado español en la sede del Gobierno Vasco en el exilio logró hacerse con los nombres de una de las redes clandestinas jeltzales al sur de la muga. La razia posterior concluyó con la condena a muerte de varios militantes, que finalmente fue única, la del médico gasteiztarra Luis Álava.

Durante la dictadura, la infiltración policial fue uno de los métodos más empleados por la policía franquista y una de las actividades más temidas entre la oposición clandestina que, mayoritariamente, se refugiaba en el Estado francés. El PCE vasco llegó a realizar interrogatorios en primer grado a todos sus nuevos militantes, ante el temor a la infiltración. En fecha tardía, incluso, ejecutó en las cuevas de Landarbaso (Orereta) a uno de sus responsables en Bizkaia, Julián Pardo, a quien acusó de ser infiltrado policial. Los GAC (Grupos de Acción Carlista), un pequeño grupo armado, ejecutaron a otro infiltrado policial, Ovidio Mateos, en la década de 1970, a quien acusaron de ser responsable de la caída de uno de sus comandos. Según el historiador Javier Onrubia, Mateos se refugió en Biarritz y habría sido secuestrado por sus antiguos compañeros, que lo llevaron a París, juzgaron y ejecutaron.

Entre los anarquistas, las infiltraciones policiales fueron también numerosas. El mayor atentado contra Franco tuvo lugar en Donostia, cuando una avioneta debía descargar explosivos contra el yate del dictador, anclado en La Concha, un día de regatas. La delación de un infiltrado evitó el magnicidio. El responsable del operativo anarquista, Laureano Cerrada, fue ejecutado en París en 1976, en una operación de venganza, ya fallecido Franco.

Los GARI (Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista), de tendencia anarquista y que secuestraron en París al director del Banco de Bilbao para canjearlo por la vida de otro anarquista Puig Antich, que finalmente sería ejecutado, vieron cómo sus integrantes fueron detenidos. Entre ellos el navarro Lucio Urtubia. En el juicio celebrado en 1981 supieron que su operación había fracasado porque uno de sus compañeros, Inocencio Martínez, en realidad era policía.

El caso del DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación), que en 1960 colocó diversas bombas incendiarias en Bilbo y Donostia, también en Madrid, fue uno de los notorios de la época. La de la capital guipuzcoana, en la estación del vascongado de Amara, provocó la muerte de la niña Begoña Urroz. Como ya se publicó en este medio, los objetivos fueron marcados por un infiltrado policial, un antiguo falangista que había pertenecido a la guardia personal de Franco, Abderramán Muley Moré. Por cierto, si investigan a sus descendientes encontraran una estrecha relación con Vox.

Box sufrió el primer atentado de ETA contra un topo. (NAIZ)

Sin embargo, el objetivo principal, ya desde esa década de 1960, fue ETA. Y ante la dificultad de infiltrar agentes en sus grupos clandestinos en Hego Euskal Herria, la actividad de espionaje se trasladó al exilio, siguiendo el estilo de la infiltración en otras organizaciones. Y en particular a Ipar Euskal Herria. La comisaría de Irun, en la muga entre Gipuzkoa y Lapurdi, por razones de cercanía, acogió a los responsables de los agentes, confidentes e infiltrados desplazados al Estado francés. Habría que señalar que también fueron especialmente activos los consulados de Baiona, Hendaia, Burdeos, Toulouse y la embajada de París.

Entre ellos destacó, como si se tratara de un bucle eterno, el consulado de Baiona, que desde tiempos anteriores a la Segunda Guerra Carlista se convirtió en el centro del espionaje a la disidencia vasca. Por valija o en vehículos diplomáticos, los delatores españoles pasaron toda la información, que de Exteriores era delegada en Gobernación, luego Interior. En épocas más recientes, y sobre todo a partir de 1980, el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo y la sede del CESID, luego CNI, en Gasteiz se hicieron con las riendas de las infiltraciones. En la actualidad, la de la capital alavesa mantiene su estatus, al que se le ha sumado Bilbo.

Las primeras infiltraciones relacionadas con ETA y Enbata se produjeron en 1963. Aprovechando su ascendencia donostiarra y el arraigo en la provincia (dos de sus familiares habían sido ejecutados por comunistas en 1936 en la capital guipuzcoana), el coronel Dapena intentó introducirse en los medios abertzales de Lapurdi. Su infiltración fue destapada en el Aberri Eguna de Itsasu y sufrió un intento de secuestro, del que logró escapar. No tuvo tiempo siquiera de tejer una red.

La primera infiltración grave, según ETA, fue la de Patxi Rosado Jiménez, refugiado en 1969 que sufrió un tiroteo en Larrun en un paso de muga en 1973 y fue detenido en Bilbo en 1975. Salió de comisaria discretamente y no hubo publicidad de su infiltración. Como sucedería posteriormente, las claves para destapar su identidad fueron sus lazos familiares con la Guardia Civil.

«Cocoliso» y «El Lobo»

La del donostiarra José Luis Arrondo, ‘Cocoliso’, fue, sin duda, la primera infiltración de entidad que, además, tuvo unas consecuencias trágicas para dos militantes independentistas. La encerrona tuvo lugar en mayo de 1974, con la muerte de José Luis Mondragón y Xabier Méndez en la playa de los Frailes de Hondarribia. Los dos militantes, que no eran miembros de ETA, habían llegado en una lancha y cuando fueron a desembarcar serían acribillados por un destacamento combinado de policías y guardias civiles que esperaban apostados tras las rocas de la playa. Hoy, el Gobierno de Lakua no los considera como víctimas.

‘Cocoliso’ había sido seducido en 1972 por los agentes Claudio Ramos y Antonio Garrido, adscritos a la Comisaría de Donostia. Al partir Ramos y Garrido a un nuevo destino, la relación policial con el infiltrado, que había sido captado tras haber sido torturado en la comisaria de la capital guipuzcoana, fue trasladada a Roberto Conesa, uno de los policías franquistas de historia más terrorífica. Conesa fue, precisamente, el que preparó la emboscada de la playa de los Frailes. También fue uno de los encargados en preparar a los infiltrados y confidentes durante el franquismo y la Transición. Arrondo murió años después en Madrid en accidente de circulación que algunos medios atribuyeron al CESID, cuando porfiaba en los bajos fondos con un conocido de los medios españoles, Dionisio Rodríguez, «El Dioni».

Miguel Lejarza Eguía, ‘Gorka’ o ‘El Lobo’, fue el infiltrado de mayor entidad en los círculos clandestinos. Las numerosas detenciones producidas en los primeros meses de 1975 dejaron la infraestructura de ETA Político-Militar tan dañada como para permitir que algunos recién incorporados a la organización adquiriesen puestos de relevancia en su estructura. Entre ellos se encontraba Miguel Lejarza. La infiltración de ‘El Lobo’ en los polimilis supuso la detención de decenas de militantes, la muerte de cuatro de ellos (Josu Mujika Aiestaran, Andoni Campillo, Montxo Reboiras Noya y Montxo Martínez Antía), el fracaso de la fuga de la prisión de Segovia y que se frustraran todas las acciones previstas por la organización vasca en el Estado español, que intentaba evitar los fusilamientos de Txiki Paredes y Ángel Otaegi.

Miguel Lejarza, vecino de Basauri, consiguió cambiar su identidad por la de Miguel Ruiz Martínez. Estuvo unos años en México, apadrinado por Miguel Ángel Albiñana, un funcionario español del Ministerio de Exteriores, y volvió a Euskal Herria, donde fue detenido y encarcelado por extorsionar a un dentista. Salió de la cárcel de Martutene y luego se estableció en Barcelona, donde estuvo implicado en una red de proxenetismo. En Barcelona fue detenido en noviembre de 1993 tras verse implicado en un caso de escuchas ilegales a empresarios y políticos. Trabajaba en los servicios de seguridad del diario ‘La Vanguardia’.

Con motivo de la edición de varios libros biográficos, la identidad de Lejarza ha sido puesta en cuestión. Sobre su infiltración, las versiones literarias afirman que fue un agente ya captado y preparado años atrás. Para sus antiguos compañeros, en cambio, fue un quinqui rescatado de prisión a cambio de la infiltración. Para otros, no fue siquiera infiltrado, sino colaborador que cayó en las redes del espionaje tras ser detenido y torturado por su militancia en ETA. Jorge Cabezas, el guardia civil que según confesión mató a Josu Mujika en Madrid por el chivatazo de Lejarza, afirma que el tema de ‘El Lobo’ «es un bluf».

La policía española Elena Tejada, infiltrada durante siete años desde 1992

Los Comandos Autónomos descubrieron la infiltración de Julio Cabezas (nada que ver con el anterior), ‘Mikel Escaleras’. Familiar de la pareja de Jean Pierre Cherid, mercenario del BVE y de los GAL, fue denunciado por elegir los objetivos de los grupos parapoliciales, entre ellos el secuestro de «Naparra». Estuvo a las órdenes del comisario Manuel Ballesteros.

Represalias de ETA

ETA ha actuado con contundencia contra aquellos a los que señaló como infiltrados. El primer atentado contra un «topo» fue en enero de 1977 contra Santos González Turrientes, ‘Box’, que salió malherido. ‘Box’ había sido un ladrón de poca monta captado en la prisión de Basauri por presos de ETA. Cuando dejó la cárcel, marchó al exilio y participó activamente en huelgas de hambre y diversas actividades internas, hasta que fue descubierto. Tras el atentado se refugió en Alacant.

Poco después, en agosto de 1978, ETA dejó gravemente herido a Tomás Sulibarria, de Bilbo. La organización le acusó de la caída de dos comandos y del atentado que costó la vida a Agurtzane Arregi. Sulibarria se recuperó y nuevamente sufrió un atentado, en junio de 1980, en el que perdió la vida.

Ignacio Olaiz también murió a manos de ETA en octubre de 1978, bajo la acusación de ser un infiltrado, al igual que José María Azaola, en diciembre de 1978, y José Luis Oliva, en enero de 1981.

Los últimos casos conocidos de infiltración en ETA fueron los de José Antonio Anido Martínez y Elena Tejada Berradre, que eran respectivamente guardia civil y policía nacional. Anido Martínez fue un gallego cuyos padres residían en Estrasburgo y que se había infiltrado en los entornos abertzales de Baiona desde 1989. En 1995, un comunicado de ETA descubría que una foto en casa de sus padres, en las que aparecía de militar, desvelaba su procedencia. Su identidad fue transformada y el agente pasó a llamarse Antonio Cabana Romar. Fue destinado a la Embajada española en Colombia. En 1998 sufrió un atentado en Bogotá, en el que murió su compañero, y él resultó herido.

Elena Tejada, infiltrada durante siete años en medios abertzales, desde 1992, llegó a convivir durante un año con los miembros de un comando que fueron detenidos por la Policía en Donostia. Vecina de Logroño, se trasladó a Donostia y a los años ofreció infraestructura para ETA. Su infiltración provocó la huida de otros compañeros de los detenidos, entre ellos la de José Luis Geresta, que murió poco después en extrañas circunstancias. Actualmente la directora Arantxa Echevarría está rodando una película inspirada en esta infiltrada.

Javier Urtizberea, militar natural de Irun que se infiltró en el entorno abertzale

Sin relación con ETA, fueron descubiertos mientras trabajaban como «topos» en medios abertzales y no tenían contacto alguno en los círculos más clandestinos Javier López Urtizberea, militar natural de Irun, y el guardia civil Lorenzo Bárez Gómez. Hace unos años, asimismo, fue denunciada una pareja que había ejercido de topo en el partido Aralar (luego integrado en EHBildu) en Zizur. Se trataba de Arantza Arenzana y Mariano Balefón, de origen argentino o croata, según las fuentes. Se infiltraron en medios abertzales y también en las redes islamistas. Rodríguez Galindo citó en sus memorias a un(a) concejal abertzale en Nafarroa, sin revelar su nombre, que era una de sus fuentes principales. Pero nunca se pudo demostrar si se trataba de Arenzana.

Otras tipologías

Al margen de la infiltración, las torturas y todo tipo de presiones han generado otro tipo de confidentes, colaboradores policiales en la mayoría de los casos obligados por las circunstancias. También otros que por despecho renunciaron a su organización, en este caso ETA, y colaboraron con la Guardia Civil, tal y como relata de un caso muy concreto Rodríguez Galindo en sus memorias. Su fuente llegó a formar parte de la comunidad de refugiados en Ipar Euskal Herria, donde falleció de cáncer ya hace unos años.

Entre los torturados, el caso más conocido fue el del gasteiztarra Joseba Urquijo, que en 1989 se autoinculpó como confidente del policía Amedo, uno de los brazos ejecutores del GAL. Más tarde, exiliado en México, fue encarcelado acusado de mantener relación con ETA.

Los intentos policiales por lograr delatores no han cesado en los últimos años, aunque, a decir de las denuncias, con pocos resultados. En julio de 2009, el joven Alain Berastegi fue secuestrado en Irunberri durante siete horas por desconocidos. Pocos meses antes lo había sido Lander Fernández en Bilbo y en diciembre de 2008 el refugiado Juan Mari Mujika, en Donapaleu. En todos los casos, el objetivo era el mismo: intentar convertir a los detenidos en confidentes. Decenas de jóvenes detenidos con motivo de su militancia en Jarrai, Segi y Haika también recibieron ofertas para aligerar su condena a cambio de colaborar, como sucedió en redadas contra Ekin (heredero de KAS) y de colaboradores de la organización armada.

La infiltración hoy

Hoy, desaparecida ETA, los intentos de infiltraciones continúan, con episodios destapados en la dirección de EHBildu, en asociaciones dedicadas a la memoria histórica e incluso entre los investigadores recientes sobre los casos de tortura. La pugna entre el CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional por preparar e infiltrar agentes ha llegado hasta la Universidad, caladero donde intentan pescar a los más desprevenidos, también a los solicitantes de nacionalidad a cambio de agilizar trámites y, como siempre, a esos detenidos a los que, a cambio de la libertad, les exigen informes puntuales sobre el independentismo vasco.

Si durante una época, hasta la desaparición de ETA, grupos ecologistas, asociaciones de solidaridad con los presos y academias para aprender euskara fueron medios para la infiltración (hubo numerosas denuncias de infiltraciones policiales, en especial en el entorno del euskara, que el Estado trató de confundir señalando el interés policial y militar por la lengua vasca), en la actualidad los parámetros son diversos. La infiltración ideológica y la creación de espacios minoritarios con interés de ser únicamente altavoces en las redes sociales ha sido una de las estrategias preferidas del Estado tanto en Catalunya como en Euskal Herria. Con perfiles supuestamente comunistas, libertarios o independentistas, decenas de agentes se mueven por las redes desde al anonimato o con coberturas preparadas desde la avenida madrileña del Padre Ruidobro.

De cualquiera de las maneras, el Estado intenta inflar la sensación de que todas las estructuras antisistema están agujereadas como un queso gruyere. Hoy los sistemas técnicos han desplazado, en gran medida, a los humanos. Aun así, alimenta permanentemente un sentimiento de desconfianza entre la comunidad vasca, para dividirla, como lo hizo uno de los periodistas estrella del españolismo militante, Antonio Casado, justo antes de la disolución de ETA: «En las cárceles españolas y francesas se pudren unos 800 etarras mientras no más de 70 u 80 estaban disponibles en la calle para perpetrar atentados. Y la mitad eran policías, guardias civiles o agentes del CNI infiltrados». Otra táctica más para desinflar un globo que se les escapa. Infiltrados unos cuantos, sin duda, pero conocida la incontinencia verbal de la clase política española, no muchos más de los señalados.

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https://www.naiz.eus/

Teníamos razón

Zamora — Wed, 18 Jan 2023 14:27:12 +0000

Teníamos razón

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Zamora Mié, 18/01/2023 - 10:27

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Iñaki Egaña

En los últimos tiempos, los verdugos de las atrocidades cometidas reivindican su estatus para aparecer con laureles en ese relato trampeado de la «Transición Modélica».

Las recientes filtraciones sobre los sucesos acontecidos en Jurramendi (Montejurra) en mayo de 1976, vienen a confirmar hechos ya conocidos a los que, en su momento, únicamente dimos credibilidad quienes habíamos apostado por una ruptura con el régimen dictatorial franquista. Entonces, los partidos hoy constitucionalistas, más el PNV, apostaron por la reforma del régimen, es decir, que fueran los actores de la dictadura los que pautaran los cambios, con el riesgo evidente –el tiempo nos ha dado la razón– de que la democracia monárquica naciera contaminada.

Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos fueron las víctimas mortales de esta razia montada por el Estado: Manuel Fraga, entonces ministro de Gobernación (Interior) y Ángel Campano, director de la Guardia Civil. Los jueces imputaron las muertes a tres «disidentes», y definieron lo sucedido como un enfrentamiento entre facciones. Ellos también estaban en el ajo, porque el hecho es que Jurramendi fue un laboratorio en el que participaron decenas de mercenarios que luego aparecerían firmando, en nombre de España, con las siglas ATE, AAA, BVE y GAL.

La investigación y el sumario consecuente ya dejaron claro que detrás de la razia de Jurramendi estaba el Estado, los reformistas que querían acabar con un carlismo progresista que incluso se había declarado «socialista autogestionario». EKA, el partido carlista, fue prohibido en las primeras elecciones generales de la «democracia» de 1977, junto a otros de la izquierda abertzale o de la izquierda revolucionaria. Los mercenarios, lo dice el informe “El libro negro de Montejurra”, fueron financiados por Antonio Oriol y Urquijo (presidente del Consejo de Estado) y por José María Araluce (diputado general franquista de Gipuzkoa y miembro del Consejo del Reino). Araluce habría desviado, según el citado informe, varios millones de la venta del Servicio Telefónico de Donostia a la Compañía Telefónica Nacional de España, en el marco de la que llamaron «Operación Reconquista».

El relato de la Transición se fue tragando la razia de Jurramendi. Ángel Campano votó «sí» al proyecto de reforma política a finales de ese año de 1976, Fraga fue venerado como un pope ortodoxo y candidato a la presidencia española, amén de numerosos cargos políticos. La hija de Araluce, que fue muerto por ETA unos meses después de los hechos de Jurramendi, preside en la actualidad la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), un grupo que, como saben, integra también a los agentes de la dictadura, pero no a sus víctimas.

La participación del Estado se vio reflejada, en esa que llamaron «Modélica Transición», en los flancos abiertos que tenía entonces. En los disidentes por entendernos. El carlismo, alternativa al «juancarlismo», era uno de ellos. Pero también había otros notorios: el movimiento popular, el obrero y la cuestión vasca. En todos ellos, la Reforma marcó su impronta de forma violenta, con la ayuda de los aparatos del Estado, entonces no tan profundo.

El movimiento popular tenía en la demanda de amnistía su eje central. En la segunda semana pro amnistía de 1977, un año después de las muertes de Jurramendi, siete muertos a manos de las fuerzas policiales. Durante el año más víctimas mortales por pedir la liberación de los presos. Todavía un año más tarde, en los Sanfermines de 1978, fuego real contra las peñas que reivindicaban la amnistía a través de una pancarta. Dos muertos. En todos estos hechos, algún imputado por «imprudencia», pero ningún condenado.

Con respecto al movimiento obrero, pujante en Hego Euskal Herria con una fuerza impresionante, que había llevado hasta el decreto de un par de estados de excepción, el paradigma fue el 3 de Marzo de Gasteiz. El mensaje claro: a los obreros que quisieran revertir el orden reformista (plasmados en los posteriores Pactos de la Moncloa) les esperaba una represión bestial. En Gasteiz, aquel tres de marzo maldito, cinco muertos por la Policía, más otros tres en las manifestaciones posteriores de solidaridad.

¿Qué añadir sobre la intervención del Estado en la cuestión vasca? Con el reciente informe de la tortura en Nafarroa, ya se han contabilizado 5.900 casos de tortura y malos tratos en Hego Euskal Herria. Seguro que son más. La actividad de aquellos mercenarios, algunos estrenados en Jurramendi, generó 83 víctimas mortales.

La impunidad, también denunciada por los rupturistas, ha llegado hasta nuestros días, con el añadido de que, en los últimos tiempos, los verdugos de las atrocidades cometidas reivindican su estatus para aparecer con laureles en ese relato trampeado de la «Transición Modélica». Barrionuevo se vino arriba, como antes lo habían hecho Rafael Vera o Rodríguez Galindo. El fin justifica los medios, cuando el fin es la unidad hispana. Hace poco, sorprendentemente, Jorge González Bellier, uno de los capos de la Movida Madrileña, reivindicaba su paternidad en la organización de la OAS, con sus reuniones clandestinas en Donostia, y el reclutamiento de algunos de los protagonistas de Jurramendi, del BVE y de los GAL, como Jean Pierre Cherid.

La «Modélica Transición» es un bluff alimentado desde las cloacas del poder, una operación de marketing que se sustenta en los relatos interesados (poderoso caballero es Don Dinero) construidos desde el Melitonium, el BOE, las hagiografías y los medios del sistema. Para ello contaron con una gran operación, diseñada por Martín Villa, que pasó a la historia como el ministro del Interior de la Transición y también (puertas corredizas) presidente de Endesa y Sogecable. Martín Villa, miembro de la Academia española de Ciencias Morales y Políticas, ordenó la quema de millones de documentos relacionados con la represión franquista.

La Ley de Secretos Oficiales es otra pinza insalvable, destinada precisamente a evitar dar la razón a todos aquellos que apostamos por la ruptura. Hoy, cada filtración demuestra cuán acertados estábamos en nuestros análisis. Porque la Transición fue un auténtico fraude.

«Morts pour la patrie»

Zamora — Wed, 07 Dec 2022 17:23:11 +0000

«Morts pour la patrie»

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Zamora Mié, 07/12/2022 - 13:23

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Iñaki Egaña

Ni la toma de la Bastilla, ni la Marsellesa ni les Bleus cohesionaron a una sociedad diversa tanto como lo hizo el relato de «las guerras heroicas».

El 11 de noviembre se conmemoraba en Francia el armisticio que llevó al fin de la Primera Guerra mundial. Han pasado 104 años desde que en aquel paraje hoy desconocido para nosotros del norte francés se firmó el fin de una guerra tan inútil como sangrienta. Hoy, la población del armisticio tiene poco más de 40.000 habitantes, Compiègne. La firma en su sede puso fin a una tragedia que desde Hego Euskal Herria nunca hemos sabido calibrar en su justa medida. A menudo suelo referirla como la mayor penalidad que hemos pasado los vascos en la historia reciente. Mayor que la de la guerra del 36.

La solemnidad con la que se celebra cada año el aniversario del fin de la guerra, a pesar del transcurrir del tiempo, impresiona. Han sucedido cuatro o cinco generaciones de la sarracina, pero los ecos de aquella gran mortandad, sobre todo juvenil, aplacan aún el ánimo. Estremece, asimismo, leer la lista de fallecidos en cada pueblo de Ipar Euskal Herria, jóvenes cuyo único recuerdo es el nombre que ha quedado relatado en una inscripción común. Murieron en Verdún y en otros escenarios ajenos al país, marcados por la frase lapidaria de «Morts pour la patrie». Más de 6.000, el 3% de la población. El 25% en la mayoría de los pueblos del interior si únicamente contabilizáramos a los jóvenes. Los heridos se registraron por decenas de miles.

Este año, una pancarta en Pausu con el vocablo de la patria tachado y sustituido por la palabra Francia, es decir que transformaba la inscripción de «Morts pour la patrie» por la de «Morts par la France», más el añadido de «Frantziak erailak», ha provocado una virulenta reacción de los alcaldes de Urruña y Hendaia, Filipe Aramendi y Kote Ezenarro. El primero de EH Bai y el segundo del PSF. Han considerado la pancarta insultante y han defendido ese relato inamovible, a pesar de las ironías que nos dejó al respecto Pierre Lemaitre y que le llevó a ganar el Goncourt. La grandeza de Francia, el chauvinismo de su clase política y la narración de la construcción de la identidad francesa son intocables, como la Constitución española de 1978.

La Primera Guerra mundial fue un acontecimiento desgarrador que sirvió para dividir a la clase obrera europea. La consecuencia más dramática fue la de ocho millones de muertos en cuatro años. De esa cantidad, casi un millón y medio de los fallecidos tenían nacionalidad francesa, es decir, el 10% de la población activa. La deserción e insumisión fue una de las señas de la guerra en Ipar Euskal Herria.

A medida que la guerra se iba cobrando víctimas, la deserción subió de tono hasta convertirse en un problema de envergadura para el Ejército francés: entre 8.000 y 12.000 vascos, según las fuentes, desertaron. Las medidas se sucedieron una tras otra, se cerró incluso la frontera, se acusó de espías a los insumisos, se ejecutó a alguno de ellos bajo esa acusación, se censuró la correspondencia, se controló y reprimió a los familiares que pasaban de visita la muga hacia el sur, se pagaron sobresueldos a los gendarmes más diligentes y, finalmente, el Ministerio de la Guerra francés negoció con su homónimo español para que los desertores detenidos fueran deportados al Marruecos español. Una nueva tragedia.

No fue, sin embargo, la primera ni la última guerra a la que incorporaron a los jóvenes vascos. En 1883 tuvieron que ir hasta China para defender el pabellón francés. La aventura colonial francesa en el Yunang, que continuaría con la conquista de territorios hasta el delta del Mekong, fue una pesadilla para los que sufrieron la campaña. En 1854, otro grupo de vascos fue enviado hasta Crimea, defendiendo la tricolor francesa, cuando las autoridades de París, en colaboración con Gran Bretaña y el Imperio Otomano, desataron una estúpida guerra contra Rusia. En 1870 otro puñado de jóvenes se vería involucrado en el conflicto de Napoleón III y Prusia. En 1914 fue el clímax con su incorporación a los batallones franceses en la Primera Guerra mundial. Todavía después de la Segunda Guerra mundial, algunos serían embarcados a Indochina (1946) y Argelia (1954) para defender el honor colonial.

Me estremece también el recuerdo únicamente numérico y esa referencia sublime a la Gran Guerra. Porque la sombra francesa ha sido muy alargada. Vicent Etchemendy, de Arrosa, murió a comienzos de 1947 después de haber participado en las campañas de Siria y Turquía bajo la bandera tricolor francesa. También fue la crónica de Pierre Lafargue, de 21 años y natural de Biarritz, que en enero de 1950 murió combatiendo bajo la bandera francesa en Indochina.

El hijo del pelotari Iñaxio Echebeste, campeón de Francia y vecino de Sara, murió en la guerra colonial de Argelia. León Lajournade, de la localidad bajonavarra de Uharte, que fue veterano de Indochina, murió años después en Argelia, en una emboscada en Seddou. Jean Sallaberremborde, del caserío Etchart de Muskildi, fue otro de los 103 vascos que murieron en Argelia. Otras contiendas, como la de Corea, inmersas en las tensiones de la Guerra Fría, también tuvieron sus víctimas vascas. Edouard Fernandez, natural de Baiona, murió en Corea, en «lucha contra el comunismo», a finales de 1951.

El servicio militar obligatorio, el alistamiento forzoso, fueron la base del nacionalismo francés. Ni la toma de la Bastilla, ni la Marsellesa, ni les Bleus de fútbol cohesionaron a una sociedad diversa tanto como lo hicieron el relato de «las guerras heroicas» y, sobre todo, el hecho colonial. Miles de nuestros jóvenes murieron por un proyecto ajeno.

Se ha intentado unir el dolor por aquella perdida colectiva con la creación de un sentimiento nacional. Una cuestión a revisar, como bien hicieron los autores de la pancarta de «Morts par la France». «Eskuara baizik etzakiten haiek» cantaba Gorka Knörr a los muertos vascos de la Gran Guerra. Todo nuestro respeto y recuerdo a ellos. Pero que no nos hagan la trampa del trilero. Lo siento por el rey navarro Enrique, pero París no vale siquiera una misa.

El negocio de la guerra

Zamora — Mon, 10 Oct 2022 13:08:40 +0000

El negocio de la guerra

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Zamora Lun, 10/10/2022 - 09:08

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Iñaki Egaña

En el año 2009, Rodolfo Ares, entonces consejero de Interior del Gobierno de Gasteiz, señalaba que su Ejecutivo destinaba cada año 225 millones de euros en la lucha contra ETA. Ares añadió que con ese dinero bastaría para hacer cada 12 meses cuatro hospitales y que, ante las informaciones que circulaban de que ETA estaría preparando su final, como así sucedió, el consejero dudó de ellas y únicamente confirmó que lo que intentaba la izquierda abertzale era legalizarse para seguir defendiendo el terrorismo desde las instituciones. Que no se creía para nada que ETA iba a desaparecer.

ETA se disolvió y esos 225 millones de euros anuales se desvanecieron en la elongación del topo donostiarra unos metros para alcanzar a una cadena de tiendas pertenecientes al noveno hombre más rico del planeta y en un absurdo tren que eliminará unos minutos la distancia entre capitales vascas, con el añadido de que no puede transportar mercancías. Fue un trasvase de dinero, no una «recuperación» de una inversión. Los hospitales no se construyeron y la sanidad sigue privatizándose a pesar de pandemias y el clamor popular.

En la misma medida, cuando ETA, ya hace unos años concluyó su proceso de desarme y disolución, diversos estamentos policiales, políticos y judiciales hicieron un balance económico. Muy irregular e interesado, pero con una cifra del coste de 60 años de lucha contra la organización vasca: 25.000 millones de euros. Entre ellos entraba el gasto de policías, prisiones, escoltas, daños materiales, indemnizaciones a las víctimas e incluso el falso del parón de la central nuclear de Lemoiz (falso porque Iberduero lo imputó a través de un canon a sus clientes).

En estas cuentas, no demasiado científicas por lo que se ve, faltan partidas indirectas u otras como los fondos reservados (28 millones de euros anuales) que, por ser más modestas, no han sido incluidas. 25.000 millones sería el 2% del PIB español, el que pide la OTAN en su incremento militar.

Por el contrario, el informe señalaba que ETA había recaudado en esos años 161 millones de euros (traducidos al presente) a través de secuestros, impuesto revolucionario y atracos. Sumaba también dinero de txoznas festivas, rifas de Gestoras, etc., lo que inflaba el presupuesto. Aún aceptando esta nueva falsedad se podría decir que por cada millón de euros que utilizaba ETA, el Estado le hacía frente con 156 millones. No es de extrañar, que, en esta crónica económica, algunos sectores se mostrasen radicalmente interesados en que la violencia de ETA no concluyera.

Hace unos días, en el quinto aniversario del referéndum por la independencia de Catalunya se han desvelado varios de los secretos mejor guardados de aquella iniciativa popular. En particular, los relativos a las compras de las urnas que finalmente se emplearon aquel primero de octubre de 2017. Como ya es conocido, las urnas utilizadas se fabricaron en China y llegaron en tres contenedores hasta Marsella, desde donde fueron trasladadas clandestinamente por voluntarios hasta ocho almacenes, ya en la Cataluña peninsular. Habían costado 100.000 euros.

Simultáneamente, y por si las fuerzas policiales descubrían la operación, dos empresas del Bajo Llobregat fabricaron por separado las piezas para otras 10.000 urnas. Después de ensamblarlas las escondieron en un almacén y nunca llegaron a ponerse en circulación. De nuevo trasladadas, hoy en día continúan en lugar aparentemente desconocido para la Policía. Costaron 66.000 euros.

Pues bien, entre las urnas chinas y las catalanas, más algunos gastos anexos, pongamos que toda la operación independentista costó 200.000 euros. El Estado español, según reconoció, gastó 87 millones de euros para no encontrarlas. Es decir, por cada euro invertido en las urnas para el referéndum, el Estado gastó 435 euros en su infructuosa búsqueda. Alguien o algunos se llevaron una sustanciosa parte de la misma.

Los conflictos, los enfrentamientos, las guerras suscitan negocios redondos. Las víctimas han pasado a ser daños colaterales de inversiones estratosféricas, mientras que las propuestas políticas, los escenarios de concordia, las apuestas por el diálogo o los llamados a la paz son solo referencias secundarias en esos movimientos económicos. La reconstrucción de Irak después de la invasión liderada por Washington costará 88.000 millones de dólares. EEUU invirtió directamente dos billones de dólares en las guerras de Afganistán e Irak, cantidad financiada con deuda que para 2050 se convertirá en 6,5 billones. Los ganadores: empresas armamentísticas, de seguridad, energéticas, constructores, bancos… Y una oportunidad a la moda friki de las bombas ucranianas. Una frase, 700 dólares en un M982 Excalibur: «desde la OTAN con amor». Páginas web ya se dedican a ello. Negocios de «jóvenes emprendedores» que han recaudado 200.000 dólares. Calderilla con relación a la primera división.

En la guerra de Ucrania, EEUU ha invertido ya más de 60.000 millones de dólares. El negocio que parece ruinoso tiene unos flecos estruendosos que probablemente lo harán rentable. Kiev y los países de la OTAN tendrán que rembolsar, con intereses, parte de la inversión. Las reconstrucciones se realizarán siguiendo las pautas de Washington. Y un dato que sobresale sobre el resto: la energía que Rusia exportaba a Europa ha sido sustituida por la ofertada, manu militari, por EEUU.

Los gastos militares han desbordado los presupuestos ya aprobados con anterioridad. Orden y mando de Washington. España los ha aumentado en un 124%, Francia invierte 1.700 millones más de lo presupuestado y Alemania se convierte, por primera vez desde la época nazi, en el Estado de la Unión Europea con mayor presupuesto militar. Naciones Unidas señalaba que en la guerra en Ucrania habían fallecido 6.000 civiles. No recuerda por cierto los 14.000 de Donbass desde 2014 y esos 1,5 millones de desplazados. Nuevamente víctimas colaterales de negocios en marcha que no aparecerán siquiera en el balance anual.

Entre Ezkaba y La Cumbre

Zamora — Tue, 12 Jul 2022 13:25:44 +0000

Entre Ezkaba y La Cumbre

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Zamora Mar, 12/07/2022 - 09:25

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Iñaki Egaña

Resulta indignante que aún en 2022 andemos buscando fosas con los restos de aquellos presos, como si fueran despojos arqueológicos

El reciente acuerdo para considerar el Palacio de la Cumbre donostiarra y el antiguo fuerte Alfonso XIII, luego prisión, en la cima del monte Ezkaba, como espacios de memoria, me trae algunas reflexiones sobre cuestiones referentes a la voluntad del cambio, a la necesidad del mismo, a la impunidad de los mercenarios de los gobernantes y, sobre todo, a que la historia tiene flecos similares a pesar de las épocas y del correr del tiempo. La reacción ultra también es un elemento a añadir.

El objetivo de ambos centros de terror ha estado ligado a la dominación. Con la negación de por medio. Porque ambos también participaron de ese gran paraguas que engloba la historia de la naturaleza española: reprimir y luego, como si se tratara de una repetición del Pedro católico, negarlo, negarlo y negarlo. No solo hay y hubo negacionistas del Holocausto. Los hubo y los hay asimismo de los crímenes de Estado. Más diáfano ni pudo ser aquel antiguo dirigente del grupo que aspira a suceder a Sánchez: «Los partidarios de la unidad de España han causado cero víctimas».

El monstruo de Ezkaba fue una construcción ciclópea sobre vetustos observatorios bélicos para controlar la entrada a Iruñea. El llamado fuerte y sus intrincados pasadizos subterráneos quedaron obsoletos en cuanto se inventaron los aviones y, por extensión, la posibilidad de bombardear desde el aire cualquier posición. ¿Qué hacer con semejante obra? La duda no se alargó en exceso. La derecha republicana lo tuvo claro cuando Rafael Aizpún se convirtió en ministro de Justicia. Una prisión para los detenidos por la huelga revolucionaria de 1934. Salieron los presos al son de La Internacional y el Gernikako Arbola dos años más tarde con la victoria electoral del Frente Popular.

Llegó el golpe militar, la asonada que concluyó en guerra civil. Y de nuevo los dueños del ministerio de (in)Justicia recuperaron la cárcel. Enterraron en celdas bajo tierra a miles de prisioneros con problemas respiratorios y sucedió lo esperado. Centenares murieron de infecciones pulmonares. Una venganza repetida en otros escenarios y en épocas recientes. Con la tortura, con la dispersión carcelaria. La debilidad física o psíquica de la víctima era y ha sido aprovechada por el sistema y sus agentes para incidir en ella.

Negaron la razia criminal, cubriendo los cuerpos en la falda del monte. Y cuando ya en el siglo XXI jóvenes ajenos a la guerra destaparon los cientos de muertos y las familias intentaron recuperar sus restos, los descendientes de aquellos verdugos, esta vez en la dirección territorial, negaron permisos. Tuvo que ser el ministro del ramo el que abriera la puerta. Como pataleta, esa misma dirección territorial, antiguo gobernador militar, ordenó borrar todos aquellos grafitis que aún quedaban en las celdas, identificando procedencias, denunciando en silencio la locura fascista. Sin testigos no hay historia.

La fuga de la prisión de mayo de 1938, dicen que fue la mayor en la crónica europea del siglo XX, dejó también un reguero de humillaciones. Cerca de 300 ejecutados en la prisión o en la huida, matados como conejos y enterrados por almas caritativas en campos y bosques para evitar que los cadáveres fueran engullidos por perros y alimañas. Sin nombre, como los que intentaron saltar en Melilla la valla. Nunca se hará justicia suficiente, se tomen las medidas que se tomen, para superar aquel terrible crimen. Resulta indignante que aún en 2022 andemos buscando fosas con los restos de aquellos presos, como si fueran despojos arqueológicos. Y para más gloria histórica, en 2009 Falange atacó los sedimentos de esa memoria de Ezkaba en construcción.

La crónica de La Cumbre es más reciente. Como si fuera una repetición de mal gusto, aquella finca llamada Aitzerrota fue adquirida por un duque de Tovar para convertirlo en hotel. Un hotel con cerca de 20.000 metros cuadrados de terreno, tres campos de fútbol. Eran los tiempos de la Belle Epoque, cuando la aristocracia europea y los pudientes europeos huyendo de la guerra cruzaron la muga y se ubicaron en Donostia. Decayeron la tontería, el champagne y la ruleta, llegó la austeridad franquista y el duque murió en Tánger, aún española, en vísperas de la independencia de Marruecos. En la herencia, el municipio de Tánger se hacía cargo de la finca donostiarra y la trasladó rápidamente al Ministerio de Exteriores.

Con la llegada del nuevo Gobierno constitucional, en 1979 La Cumbre pasó a ser propiedad del Ministerio del Interior. En 1981, cuando aquel jovenzuelo Juan Carlos I llegó a Gernika para «defender la democracia» según su relato, enfrentado a los electos independentistas que entonaron el “Eusko Gudariak”, pernoctó en La Cumbre. Como tantos y tantos otros invitados institucionales y diplomáticos en los años siguientes, hasta 1999, año en que la finca pasó a ser propiedad de Obras Públicas.

Como es de sobra sabido, en octubre de 1983, La Cumbre se convirtió en uno más de los centros clandestinos de detención que ha conocido nuestro país. Tal y como utilizó la CIA después de la invasión de Afganistán, o las dictaduras militares de Chile o Argentina. Uno de los “black sites” de la nomenclatura internacional. Y no fue el único. En La Cumbre, lugar excelso para el Borbón solo dos años y medio antes, Joxi Zabala y Josean Lasa fueron torturados bajo la supervisión del entonces gobernador Julen Elorriaga y el ínclito Rodríguez Galindo.

Pero aquel centro clandestino de detención no existió para la historia. Fue negado una y mil veces. Incluso cuando en 2014 el director Pablo Malo pidió grabar unas imágenes en sus instalaciones para la película “Lasa y Zabala” en construcción, la respuesta fue un no rotundo. Ni siquiera para contar una historia que había sido cerrada por una sentencia que aireaba a Dorado, Bayo, Vaquero y los anteriormente citados, pero dejaba de identificar a otros muchos. Unos pocos pagaron el crimen para no desvelar la jerarquía del resto. En Ezkaba ni siquiera.

Harley

Zamora — Mon, 30 May 2022 14:48:34 +0000

Harley

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Zamora Lun, 30/05/2022 - 10:48

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Iñaki Egaña

En estos tiempos que llaman de relajo, de paz (¿romana?) o, como dice la izquierda abertzale, de transición, las espadas de Damocles continúan balanceándose sobre nuestras cabezas.

as policiales. Los mismos que entraron en el Congreso de los Diputados, secuestrando a cientos de electos, y luego fueron indultados, en ese estilo avalado, en su máximo escalafón, por la Constitución. La inviolabilidad.

Jucil, rama del sindicato de extrema derecha Jusapol, mayoritaria en la sindicación benemérita, marca, asimismo, esa predisposición innata que parece tener el cuerpo desde su fundación por el Duque de Ahumada, hijo por cierto del virrey hispano en Nafarroa. Una señal histórica que, lejos de difuminarse, sigue pendiente como si en los tejados de nuestras viviendas, txokos y centros de reunión, colgasen centenares de espadas de Damocles, amenazando para que no salgamos del tiesto al que una vez fuimos condenados por hablar una lengua, lo escribía la Academia de la Lengua, imposible de entender. Propia de bárbaros como ya adelantó Aymeric Picaud.

Porque ahora, en estos tiempos que llaman de relajo, de paz (¿romana?) o, como dice la izquierda abertzale, de transición, las espadas de Damocles continúan balanceándose sobre nuestras cabezas. Lo sintieron y lo sufrieron un grupo de jóvenes independentistas que se acercaba a un concierto nocturno con motivo de las celebraciones de la Castilla comunera que fue aplacada ya hace más de medio milenio en Villalar, decapitando a sus líderes.

Como era de suponer en tiempos revueltos, el acceso a las campas comuneras estaba precedido de un control benemérito, en el que fueron retenidos los viajeros vascos. Carnés, preguntas y un tono amable, hasta que el ordenador escupió su filiación. Mirando al monte, separadas las piernas, manos fuera de los bolsillos y a esperar a la autoridad superior, a esos de paisano que una vez dirigieron la guerra, por utilizar la expresión de Rafael Vera, contra la disidencia vasca y ahora andan por ahí buscando o describiendo células yihadistas para justificar el sueldo a fin de mes.

No han menguado los efectivos policiales ni militares en Euskal Herria peninsular, a pesar del despliegue de la Ertzaintza y de la Foral. Pero si parece que algunos de aquellos mandos han sido dispersados. Así que, como especialista en el tema, antiguamente destacado en Bilbo, acudió, al control, ya de paisano, un viejo instruido en el «terrorismo etarra». Aquellos jóvenes, sin saberlo, esperaban a los Hombres G que llegaron de Valladolid. Entre ellos el jefe citado utilizando uno de sus múltiples y logrados motes como era de esperar para una operación encubierta: Harley.

La presencia de Harley y el acoso posterior, denunciado en una rueda de prensa reciente por uno de los afectados, no tiene más de novedad que el tono condescendiente de los protagonistas represivos de siempre: «Yo soy un soldado, tú también, y esto se ha acabado porque vosotros y nosotros lo hemos hecho posible».

Esa indulgencia con tono litúrgico ha sido referida para prorrogar una eterna forma de encuentro, no de igual a igual como parecen indicar esos tiempos que proclaman y yo no los encuentro por ninguna parte, sino de arriba hacia abajo. Arriba los cuarteleros, abajo el populacho. Buen tono, siempre y cuando nos atengamos a la colaboración. A esa colaboración que es la que hizo a España, una, grande y libre.

Conocí, ya hace cuatro décadas, el acoso diario al secretario general del Partido Comunista de uno de los estados profundos de Norteamérica. Todos los días, un control en su camino al trabajo. Una hora, dos horas. Me contaba que no lo podía soportar. Al final dimitió de su cargo. En otros lugares del planeta, los controles sirvieron para hacer desaparecer militantes. En casa, decenas de muertos en periodos pre y post constitucionales. Por eso, y porque al parecer las fichas desde el franquismo hasta ayer siguen cargadas en las terminales de los patroles, los controles siguen generando respeto, temor y miedo.

Harley se jubilará dentro de poco. Su actividad, en cambio, continuará con otros Bultaco, Derby o Suzuki. Porque el problema vasco no fue, como decía Harley, el de las metralletas, sino el rotular en euskara, colgar una bandera del Athletic, celebrar Olentzero, denunciar torturas o pregonar contra la impunidad.

Revictimización: morir dos veces

Zamora — Mon, 16 May 2022 13:30:04 +0000

Revictimización: morir dos veces

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Zamora Lun, 16/05/2022 - 09:30

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Iñaki Egaña

En 1995 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró que el ametrallamiento policial fue ilegal, contra el derecho a la vida. A pesar de que eran militantes del IRA.

Hace ya unos años, daba una conferencia en una pequeña población alavesa. El motivo, la represión franquista en la localidad, los represaliados que habían sufrido las consecuencias de la sublevación fascista. Como era habitual en este tipo de conferencias, al final ilustraba en un powerpoint los nombres de las víctimas. Cuando señalé a una de ellas, noté un carraspeo al fondo de la sala, en medio de la oscuridad.

Concluida la charla, me dirigía al vehículo cuando percibí un pequeño roce. Me volví y encontré un anciano de rostro amable: «Yo he sido el del carraspeo. Yo era uno de los muertos que has citado». Supuse una equivocación, o algo por el estilo. Pero me reveló de inmediato la cuestión. Había suplantado la identidad de otro muerto, logrado su filiación y con ella había vivido en Cataluña durante décadas. El cambio le permitió sobrevivir, hasta que jubilado volvió a su pueblo donde arrendó una vivienda.

No volví a tener noticias del «impostor» republicano, pero conocí más tarde otros dos casos, ambos en Bilbo. Supongo que, por razones biológicas, los tres habrán ya fallecido. Es decir, habrán muerto dos veces. La primera para su familia, sus amigos y su entorno. La segunda cuando les llegó la hora. Al contrario que aquellos personajes de José Saramago en su “Las intermitencias de la muerte”, cuando la parca, en el país de los sinnombre, decide un buen día declararse en huelga. Hecho que alimenta a los dueños del sistema a expulsar por la frontera a los moribundos para que fallezcan en el Estado vecino, donde la muerte sigue ejerciendo sus derechos.

La revictimización, la doble victimización o la victimización secundaria, tres expresiones para un mismo concepto, es, en el caso de los fallecidos, una doble muerte. Aquella que sucedió en el momento preciso, y la siguiente, años después, cuando el sistema, al que Saramago en su novela llama «maphia» evitando la «f», niega el concepto de víctima, para rematar en sentido figurado al cadáver.

Ha sido el caso reciente de Joxi Zabala, secuestrado, junto a Josean Lasa, por un grupo de agentes de la Guardia Civil en 1983. Torturados en la vivienda oficial del delegado del Gobierno español, fueron conducidos a Busot, 726 kilómetros al sur de La Cumbre, ejecutados y enterrados por un grupo entonces a la espera de que los servicios secretos le adjudicaran un nombre, los GAL. Los restos fueron identificados 12 años más tarde, en 1995. Los directivos del Ministerio del Interior implicados en los crímenes, aquellos que se comunicaban con un miembro del Gobierno al que calificaban de Pdte. (aún sin identificar judicialmente), fueron condenados y pronto indultados.
Casi 40 años después, Felipa Artano pleiteó para que su hijo fuera reconocido como víctima. Una situación vox populi, que la justicia, siguiendo un estándar de guerra a la española, ha negado. E imputando a Felipa, 91 años y madre de Joxi Zabala, los costes del proceso, una cantidad cercana a la pensión anual de viudedad, más de 9.000 euros. Un sarcasmo cuando se han conocido los motivos de la negativa, además de que otras familias han sufrido las mismas consecuencias cuando demandaron del allegado su condición de víctima. Condenados también a pagar costes propios y ajenos. Una doble victimización.

Los argumentos de la Audiencia Nacional han puesto el foco en que Zabala pertenecía a «una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos». Como en otros casos, ya desde Joxemigel Beñaran, las víctimas han sido calificadas como pertenecientes a ETA sin una sentencia judicial previa. Lo han sido en función de relatos subjetivos, hecho inusual cuando se trata de una declaración de justicia, supuestamente fundamentada en pruebas objetivas.

El argumento es singular por simple comparación. En el caso de Mikel Zabalza, torturado hasta la muerte en el cuartel de Intxaurrondo, el Gobierno de Sánchez se niega a desclasificar documentación que avale lo sucedido, puesto que judicialmente el asunto fue sobreseído. El reconocimiento de la tortura como sistémica y escandalosamente frecuente, cerca de 6.000 casos documentados, es negado una y otra vez, en los últimos años por el ministro Marlaska, bajo la argumentación de que los jueces «solo» reconocieron varias decenas de casos. Es decir, que es intrascendente lo judicial en el caso de la disidencia, y es fundamental cuando se trata de agentes del Estado.

Tampoco es de recibo el hecho de que fueran militantes de ETA para que a ellos no se les respetaran los derechos humanos, tal y como exigían medios e instituciones constitucionalistas. Una línea también copiada por la comisión de valoración de víctimas del Gobierno Vasco que califica la violencia de «legítima» o «ilegitima» para filtrar definiciones.

En 1988, cinco años después del secuestro de Lasa y Zabala, la Policía española identificó a tres activistas norirlandeses y trasladó sus datos a sus homólogos británicos. Cuando Danny McCann, Mairead Farrell y Sean Savage cruzaron a Gibraltar fueron acribillados por soldados de la Reina inglesa. Al parecer iban a explosionar un coche bomba y esa fue la excusa para el ametrallamiento. Sin embargo, en 1995 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró que el ametrallamiento policial fue ilegal, contra el derecho a la vida. A pesar de que eran militantes del IRA.

La chilena Lucía Vergara fue detenida en Madrid en la misma redada que terminó con la vida de Joxe Arregi, en 1981. Torturada, salió al tiempo de prisión y volvió clandestina a Chile, donde militó en el MIR. Fue localizada por la Policía junto a dos compañeros en el oriente de Santiago. Se defendió armada y fue acribillada. Murió Lucía junto a Sergio Peña y Jorge Villavella. En 2018 los policías que mataron a los tres miristas fueron condenados a cárcel. Y la hija de Lucía, Alexandra Benado, es hoy ministra de Deportes del Gobierno de Boric. En España hubiera sido impensable porque en la Piel de Toro se muere dos veces. También los familiares.