Conaie demanda a Corte Constitucional de Ecuador pronunciarse tras decisión de Lasso

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Telesur

Leónidas Iza destacó que en este contexto, la muerte cruzada es un mecanismo totalmente inconstitucional.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) demandó este miércoles a la Corte constitucional de ese país a pronunciarse de manera inmediata para garantizar los derechos democráticos del pueblo tras la disolución de la Asamblea Nacional por el presidente Guillermo Lasso.

“Demandamos a la Corte constitucional que se pronuncie de manera inmediata y apegada a la norma constitucional vigente, en garantía de los derechos del orden democrático y del pueblo ecuatoriano y no permita una dictadura disfrazada de instrumento constitucional”, indicó el ente en un pronunciamiento oficial emitido por su líder, Leónidas Iza.

En su intervención, Iza subrayó que Lasso decretó la muerte cruzada para evitar su destitución por parte de la Asamblea Nacional, y calificó el hecho como un acto de cobardía del mandatario.    

“A pesar de que la muerte cruzada es un mecanismo constitucional; sin embargo, en este contexto en el que se da este decreto resulta totalmente inconstitucional. Además no ha motivado ni ha fundamentado la existencia de la causal de conmoción social y crisis política para el uso de este mecanismo”, destacó el representante del movimiento indígena.

De acuerdo con la Coanie, el jefe de Estado ha sido uno de los responsables de la crisis generada por el feriado bancario, que ha afectado a los sectores empobrecidos con relación al acceso a la salud y la educación, y ha provocado la segunda mayor ola migratoria de los últimos 40 años.

Asimismo, el pronunciamiento de la Conaie se refirió a la crisis carcelaria y la penetración del crimen organizado en los centros penitenciarios del país, que ha convertido a Ecuador en un narcoestado con representantes ligados al presidente.

“Lasso ha gobernado para la banca, ha privilegiado para la deuda externa y redujo impuestos a las grandes empresas en prejuicio de las clases medias y populares. Por eso, con Guillermo Lasso el Ecuador no tiene futuro, sólo hay miedo, incertidumbre y fracaso”, indicó.

Al respecto, la Conaie exigió a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se respeten la Constitución ecuatoriana y los derechos del pueblo, y remarcó que el escenario del país no debe ser usado para criminalizar.

“En un escenario tan difícil, no declaró conmoción interna. Lasso no cuenta con ningún respaldo ciudadano, se ha quedado con las fuerzas de seguridad del Estado en contra de la voluntad popular”, afirmó Iza, quien instó además a los movimientos sociales a estar atentos ante la intención de Lasso de aprobar por decreto reformas económicas urgentes que favorezcan a la banca privada.

En este sentido, la Conaie convocó a consolidar la Asamblea Nacional del Poder Popular y Plurinacional para construir “una agenda de consenso desde los sectores populares y enfrentar a todo este modelo dictatorial que pretende imponer el Gobierno de Lasso”.

Igualmente, el ente rechazó categóricamente la injerencia de la embajada norteamericana y la diplomacia, alineada con las políticas neoliberales en contra de la soberanía del Estado ecuatoriano.


Presidente de Ecuador disuelve la Asamblea Nacional de Ecuador y convoca a elecciones

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este miércoles la «muerte cruzada» en el país suramericano y disolvió a la Asamblea Nacional, en medio del juicio político que se llevaba en su contra. «He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna«, expresó el mandatario ecuatoriano en una cadena nacional de radio y televisión, emitida desde las 07:00 de la mañana, hora de Ecuador. La Asamblea Nacional amaneció militarizada y no se permitió el acceso a los congresistas.

En su discurso, agregó que «no es posible avanzar» con «una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado».

«Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones», continuó. Esto debido a que con el decreto del mandatario, habrá un adelanto de comicios tanto legislativos como presidenciales, de ahí el término de muerte cruzada.

Al respecto, el presidente indicó que solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) «la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos». La institución tiene un plazo de siete días para hacer el anuncio.

Mientras se llevan a cabo las elecciones y se posesionen las nuevas autoridades, de acuerdo con el mismo artículo 148 de la Constitución, el mandatario gobernaría por decretos durante seis meses.

Sobre esa facultad, el mandatario no perdió tiempo y, una vez emitido el Decreto Ejecutivo 741 sobre la muerte cruzada, también dio a conocer el 742, sobre la «Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar», que será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen.

Se trata de una iniciativa que el Ejecutivo había enviado la semana pasada al Parlamento, con reformas en materia tributaria.

«Esta es la mejor decisión posible (la muerte cruzada), que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad y permitirá al Gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas», agregó el mandatario en su discurso.

De esta manera, Lasso se convierte en el primer presidente del país suramericano en decretar la «muerte cruzada».

Militarizada la Asamblea Nacional

Tras el anuncio, militares y policías cercaron la Asamblea Nacional en Quito. Los uniformados desalojaron la sede el Legislativo e impidieron el acceso al personal que labora en la institución y a los asambleístas, que tenían previsto continuar este miércoles con la sesión en la que debatían el juicio político al mandatario.

Los militares, además, instalaron vallas en el exterior de la Asamblea. Asimismo, al interior de la sede del Parlamento, en el acceso principal, hay miembros de unidades especiales de la Policía, así como antimotines y de otros servicios.

Entretanto, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito informó que la Policía y las Fuerzas Armadas cerraron parte de las avenidas 6 de Diciembre, Gran Colombia, Juan Montalvo, Yaguachi, Piedrahita, que rodean el Congreso.

«La Policía está preparada a nivel nacional monitoreando los eventos, y esperamos que no existe violencia ni ningún llamado a la violencia de ningún líder de ninguna organización», expresó.

Redes sociales

En las redes sociales, fue inevitable que muchas personas repudiaran la decisión. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa señaló en su cuenta Twitter: «Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna ‘conmoción interna’. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la Patria».

Por otro lado, algunas personas compararon los titulares de determinados medios de comunicación, que no dudaron en acusar de «dictador» a Pedro Castillo, entonces presidente de Perú hoy detenido, por tomar una decisión parecida, mientras que a Lasso lo tildan de demócrata.

El juicio político

El mandatario emitió el decreto mientras en la Asamblea Nacional se lleva a cabo el proceso de juicio político en su contra, acusado del presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos).

En la cadena nacional, el mandatario dijo que ese juicio político, que calificó de «infundado», no se trata «de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción», sino que sus acusadores buscan «tomarse la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado».

«Quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción», dijo Lasso, al tiempo que indicó que sus interpelantes «han sido incapaces de encontrar prueba alguna» en su contra.

El juicio político está relacionado con un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, una compañía internacional que es dueña de buques para transporte petrolero.

Aunque el caso se remonta a 2018, cuando aún gobernaba Lenín Moreno, al mandatario se le señala de haber firmado un nuevo contrato con la firma internacional el año pasado, a pesar de que la Contraloría General del Estado emitió un informe en 2021 señalando que las operaciones con Amazonas Tanker Pool generaron un perjuicio para el Estado y recomendó evaluar «la conveniencia y pertinencia de continuar» con la asociación.

Las pérdidas al sector público se estiman en 6 millones de dólares, según indicó el asambleísta Esteban Torres, uno de los interpelantes, en la sesión del pleno del Parlamento el martes donde arrancó el juico político.

En esa misma sesión, la legisladora Viviana Veloz, otra de las interpelantes, mostró un video del vicealmirante Johnny Estupiñán, exgerente de Flopec, quien dijo que en el Gobierno de Lasso sí se firmaron contratos con Amazonas Tanker Pool.

Lasso niega adendas

Pese a esas denuncias, Lasso dijo ante el Parlamento el martes, donde acudió a defenderse, que «no hay contratos ni adendas firmados» en su Gobierno.

En su alocución este miércoles añadió que el juicio político es «un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo»; y que los legisladores han hecho «lo que sea» para «alcanzar su objetivo» de destituirlo.

Tras disolver al Congreso, Lasso señaló que «el país no se detiene» y que «los servicios públicos atienden con normalidad».

«Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan con su labor diaria para enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. El sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país», agregó.

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