Marco Teruggi

Cali, ciudad del estallido y de la resistencia

Zamora — Thu, 12 Aug 2021 13:27:19 +0000

Cali, ciudad del estallido y de la resistencia

Zamora Jue, 12/08/2021 - 09:27

Marco Teruggi

La represión estatal fue la respuesta del gobierno de Iván Duque contra las manifestaciones. El protagonismo de las barriadas y sus juventudes pobres, que se enfrentaron al despliegue policial y militar. Y el movimiento indígena: el actor con mayor organización.

“Paren el genocidio” reza un inmenso mural en el centro de Cali, la ciudad llamada “sucursal del paraíso” y ahora rebautizada “sucursal de la resistencia”. Las calles tienen grabadas las marcas del estallido social en decenas de paredes, con caras y nombres de jóvenes asesinados, pintadas contra el gobierno de Iván Duque, el ex presidente Álvaro Uribe. Son rastros de lo que fueron más de dos meses de protestas, bloqueos, que tuvieron su epicentro en esta ciudad al suroeste de Bogotá, en el Valle del Cauca, cerca del océano Pacífico y su puerto de Buenaventura.

En total fueron 24 puntos de bloqueo de lo que comenzó como un paro nacional. Algunos son icónicos, como “puerto resistencia”, antes llamado puerto rellena. Allí fue edificado un monumento con un antebrazo y un puño con un cartel que dice “resiste”, construido por albañiles luego de sus jornadas de trabajo. Del otro lado de la calle se encuentra una escultura con una olla popular, y un centro de la policía que fue tomado, donde ahora funciona una biblioteca popular.

El mapa de la violencia política

La mayoría de los 24 puntos estuvieron en zonas populares. Algunos, como la antigua loma de la cruz, ahora “loma de la dignidad”, se encuentra en el centro de una ciudad cuya geografía es el mapa de una historia de violencia política: al oeste de Cali se encuentra la élite tradicional, al sur la clase nacida del auge del narcotráfico durante los años 80 y 90, en las laderas se encuentran los barrios poblados por desplazados centralmente de la región andina del Cauca, en el oriente la población afrodescendiente desplazada de las partes costeras del Cauca, Nariño y Chocó, y en el centro, parte de la clase trabajadora caleña más antigua.

Fue en el sur, zona de riqueza narco y sus llamados “lavaperros”, donde dispararon impunemente civiles armados en varias oportunidades custodiados por la policía, como, por ejemplo, ante la llegada de la Minga Indígena. El movimiento indígena, con fuerte desarrollo en la región, fue el actor con mayor organización en el marco de un estallido sin conducción, con el protagonismo de las barriadas y sus juventudes pobres, que encabezaron las denominadas primeras líneas, enfrentadas al despliegue policial y militar.

Es allí, en esos barrios, donde ingresó la persecución y la muerte a medida que perdió fuerza la protesta y se desbloquearon los puntos de resistencia: jóvenes de las primeras líneas asesinados, descuartizados, aparecidos en ríos, calles, obligados a escapar. Fue el último eslabón de una respuesta represiva policial, militar y paramilitar, ante un levantamiento que tuvo por saldo 80 personas asesinadas, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.

Militarización

La violencia desplegada por el gobierno respondió a una estrategia política. El primero en pedir la presencia de los militares en las calles fue Uribe, jefe del Centro Democrático, actual partido de gobierno. Tanto el ex presidente como Duque acompañaron la represión sistemática con categorías como “revolución molecular disipada”, o “terrorismo urbano de baja intensidad”, en una narrativa que situó como enemigos a quienes protestaban. Se trató de una respuesta esperable por parte del uribismo, en el marco de un país golpeado por una violencia que se incrementó con los tres años del gobierno de Duque: en el 2020 ocurrieron 91 masacres, en lo que va del 2021 ya son 65; 1.222 líderes sociales y 282 firmantes de los Acuerdos de Paz fueron asesinados desde el 2016.

La represión estatal ya había sido la respuesta dominante del gobierno ante las grandes movilizaciones de noviembre del 2019 y de septiembre del 2020 con la llamada “masacre de Bogotá”. El estallido del 2021, si bien fue sorpresivo por su magnitud y duración, no lo fue en cuanto a enmarcarse en un ciclo de protestas protagonizadas por un sujeto emergente urbano, juvenil, precarizado, empobrecido, sin afiliación política. Durante las décadas y años anteriores, y hasta ese entonces, el centro de las movilizaciones había estado en los sectores rurales e indígenas, con, por ejemplo, los paros agrarios del 2013 y 2016.

El uribismo

La dimensión del 2021 puede explicarse por ese acumulado de protestas anteriores, los efectos de la pandemia, la crisis económica con una pobreza de 42.5% en el 2020 y una tasa de desempleo de 15.1%. Pero existe otro elemento más, vertebral de las protestas y de los últimos 40 años de la historia colombiana: Uribe, el uribismo, una historia -narrada en la serie Matarife- que comenzó en las sombras a inicio de los años 80 de la mano del Cartel de Medellín, se profundizó con el paramilitarismo, su gobernación en Antioquia en 1995, sus presidencias desde el 2002 hasta el 2010, y la continuidad a través de Duque y las tramas de narcotráfico, paramilitarismo, expresadas, por ejemplo, en el escándalo de la relación entre el actual presidente y el ganadero y narcotraficante Ñeñe Hernández.

Las protestas del 2019, 2020 y el estallido fueron un inmenso grito contra esa historia de masacres, fosas comunes, desplazamientos, asesinatos sistemáticos, falsos positivos, carteles de drogas, paramilitares, en un continuo de cuatro décadas con el nombre de Uribe en el centro. “Qué cosecha un país que siembra cuerpos”, llevaba escrita una remera en la movilización del pasado sábado siete de agosto en Cali, convocada ante el inicio del último año de mandato presidencial de Duque, que no volverá a presentarse, en el marco de un sistema política que no permite la reelección.

La campaña presidencial para las elecciones de mayo del 2022 ocupa un lugar central, en simultáneo con los análisis sobre el estallido. Una de las preguntas es cuál será la relación entre las protestas y las propuestas electorales que pueden esquematizarse en tres vectores principales: por un lado, el uribismo, sin candidatura aún firme, por otra parte, una alianza que se presenta como de centro, denominada “coalición de la esperanza” con figuras como Sergio Fajardo, políticos provenientes del gobierno de Juan Manuel Santos y de la Alianza Verde, y finalmente, otra, de centro-izquierda, progresista, llamada “pacto histórico”, liderada por Gustavo Petro, que reúne fuerzas como el Polo Democrático Alternativo, dirigentes sociales como Francia Márquez, y sectores venidos del Partido de la U.

Aún faltan varios meses para una contienda en un contexto de inestabilidad política, un uribismo deslegitimado y particularmente peligroso, y un estallido que, si bien se ha retirado de las calles, permanece latente.

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De Bogotá a Puerto Príncipe con escala en Miami

Zamora — Tue, 20 Jul 2021 16:38:01 +0000

De Bogotá a Puerto Príncipe con escala en Miami

Zamora Mar, 20/07/2021 - 12:38

Marco Teruggi

Los países que no importan en los grandes medios pueden ser estratégicos. Es el caso de Haití, en pleno mar Caribe, en el occidente de la isla compartida con República Dominicana, a 1100 kilómetros de Miami, 850 de la guajira colombiana, 537 de Jamaica, en la ruta entre Cuba y Venezuela. Allí fue asesinado el presidente Jovenel Moïse con 12 disparos calibre 5.56 y 7.62 mm. Faltaban dos meses para las elecciones presidenciales.

Un campesino en Gonaïves, Haití. Foto: Alejandro Saldívar

Ocurrió el 7 de julio en plena noche. “Somos agentes de la DEA y si sale de casa recibirá un disparo”, se gritó desde la primera de las seis camionetas del comando de 28 mercenarios y 3 policías haitianos al llegar a la residencia de Moïse, en el barrio de Pétion Ville, en Puerto Príncipe. La DEA, Administración para el Control de Drogas estadounidense, una palabra clave en muchos países, en particular en uno, como Haití, marcado por el narcotráfico.

El primer grupo neutralizó a los dos primeros anillos de policía. La puerta principal estaba entre-abierta, ingresaron, dispararon contra Moïse y su esposa. La operación dentro de la casa duró cerca de 28 minutos, confesó uno de los mercenarios. Martine Moïse fue llevada en un avión ambulancia a Florida, en el sur de Estados Unidos, donde sobrevivió.

La salida de la residencia no fue como prevista, las camionetas partieron solo con los conductores, y los mercenarios fueron interceptados en la huida por un retén de las fuerzas de seguridad. Escaparon a un edificio cercano, donde permanecieron varias horas, hasta que se dividieron: unos se entregaron, otros quedaron dentro, otros salieron por la parte trasera y se refugiaron en la embajada de Taiwan donde, horas después fueron capturados. Dos más fueron detenidos por vecinos de barrios cercanos. El saldo final: 17 arrestados, 4 muertos, los demás prófugos.

Al día siguiente del asesinato fue revelado el primer dato que dio cuenta de una operación internacional: 26 de los mercenarios eran colombianos y 2 haitianos-estadounidenses. La trama, como comenzó a revelarse y a la vez a ocultarse, implicó a numerosos actores e intereses.

Simpatizantes de Martelly en Puerto Príncipe. Foto: Alejandro Saldívar

El asesinato expuso al más alto nivel de la política colombiana. No solamente trece de los mercenarios habían sido soldados del Ejército -algunos con entrenamiento en Estados Unidos- y uno resultó ser primo hermano del Alto Consejero para la Seguridad de Iván Duque, sino que tanto el actual presidente como Álvaro Uribe resultaron fotografiados junto al dueño de la empresa CTU Security, Antonio Intriago, encargado de contratar a los mercenarios del magnicidio.

Intriago, un venezolano radicado en La Florida, estado que es base central de operaciones de sectores golpistas de las oposiciones de Cuba y Venezuela, resultó ser una de piezas claves. Estuvo en las reuniones para planificar el asesinato, como la que sucedió en un hotel de Santo Domingo, donde estuvieron el mercenario haitiano-americano, James Solages, Emmanuel Sanon, médico y pastor acusado de ser parte de la autoría intelectual, un financista llamado Walter Veintemilla ( con una empresa con sede en Florida que habría aportado 860 mil dólares) y un ex senador haitiano, Jhon Joel Jospeh.

Jospeh está ahora prófugo, junto a otros inculpados, entre los cuales Rodolphe Jaar, acusado en el 2013 de contrabando de cocaína desde Colombia a Estados Unidos pasando por Haití. Jaar había sido una “fuente confidencial” del gobierno estadounidense durante años, según su mismo abogado. Dos de los mercenarios, probablemente los haitianos-americanos, también fueron señalados de haber sido informantes de la DEA y el FBI.

La investigación también puso en el centro de la sospecha a Dimitri Hérard, encargado de la seguridad del entonces presidente. Hérard voló a Ecuador, Colombia y República Dominicana en los meses previos y días anteriores al embarque de los colombianos a Haití. Su rol explicaría cómo el comando ingresó y retiró de la residencia con tanta facilidad. La presencia de un infiltrado fue confirmada por uno de los mercenarios, que también explicó que nunca hubo carta de renuncia como se especuló: el plan siempre fue matar a Moïse.

Las declaraciones oficiales no arrojaron datos sobre posibles autores intelectuales internacionales. Varios medios colombianos buscaron exculpar a los mercenarios y desvincular a Intriago tanto de Duque como de Uribe. Ninguna pista fue hecha pública sobre el rol estadounidense. ¿Pueden haber operado 28 mercenarios, varios de ellos relacionados con las agencias de inteligencia, con una contratista militar basada en Miami, haber asesinado al presidente de Haití, sin que haya existido conocimiento o luz verde desde Washington o las agencias? El hecho de que Colombia y Estados Unidos sean parte de la investigación permite presuponer silencios y omisiones.

Respecto a la autoría nacional, una hipótesis reside en que Sanon, inculpado, podría ser un distractivo. La responsabilidad central apuntaría a grandes empresarios, como Réginald Boulos y Dimitri Vorbe, éste último dueño del negocio eléctrico en el país con la empresa Sogene, enfrentado a Moïse por haberle suspendido los pagos y exigido la devolución de 123 millones de dólares por fraude al Estado. El ahora fallecido presidente los había señalado en febrero de este año como parte de un “pequeño grupo de oligarcas” que estaba tras un intento de golpe de Estado y de su asesinato.

Una mujer se lava la cara en un campamento en Puerto Príncipe. Foto: Alejandro Saldívar

Una hipótesis dada por los investigadores afirma que el plan original era hacer firmar una carta de renuncia a Moïse. Sin embargo, las declaraciones oficiales no arrojaron datos sobre posibles autores intelectuales internacionales. Varios medios colombianos buscaron exculpar a los mercenarios y desvincular a Intriago tanto de Duque como de Uribe. Ninguna pista fue hecha pública sobre el rol estadounidense. ¿Pueden haber operado 28 mercenarios, varios de ellos relacionados con las agencias de inteligencia, con una contratista militar basada en Miami, haber asesinado al presidente de Haití, sin que haya existido conocimiento o luz verde desde Washington o las agencias? El hecho de que Colombia y Estados Unidos sean parte de la investigación permite presuponer silencios y omisiones.

Una pinta contra la MINUSTAH en Puerto Príncipe. Foto: Alejandro Saldívar

Las elecciones estaban previstas para el mes de septiembre de este año, en un contexto de crisis. Moïse cerró el Parlamento en enero de 2020 y, en febrero de este año, debía terminar su mandato según quienes sostienen que el inicio de su período presidencial comenzó al finalizar el del anterior mandatario, Michel Martelly, de su mismo partido, en febrero del 2016. Sin embargo, Moïse afirmaba que había comenzado a gobernar en el 2017, ya que las elecciones del 2015 habían sido anuladas y repetidas en 2016. Por eso iba a retirarse en febrero del 2022, gobernando por decretos, y no en el 2021 como pedía la oposición y grandes movilizaciones.

En el 2018 estallaron las protestas por el aumento de la gasolina dentro de un plan de ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional, realizado en el contexto del cierre de envíos de gasolina desde Venezuela bloqueada por Estados Unidos. El escenario combustionó aún más con la denuncia de corrupción hecha por el manejo de los fondos de PetroCaribe, el programa de apoyo impulsado por Hugo Chávez en el 2008. El gobierno denunció entonces a la familia Vorbe por estar detrás esa investigación para desestabilizarlo.

Los dos últimos años de Moïse agravaron la situación: fin del poder legislativo, territorios controlados por alguna de las 77 bandas armadas presentes en la isla provocando cerca de 10.000 desplazados, narcotráfico desde Colombia y Jamaica a través de áreas marítimas con poco control, tráfico de armas, y un apoyo del presidente Donald Trump, traducido en un alineamiento geopolítico del gobierno haitiano. La actual administración estadounidense continuó con el respaldo, aunque, con cuestionamientos dentro del partido Demócrata, críticos con Moïse y las próximas elecciones, como fue hecho público semanas atrás -sectores que, por ejemplo, también piden revisar el bloqueo a Cuba.

El primer ministro Claude Joseph quedó al frente tras el magnicidio. Sin embargo, días atrás Moïse había designado a Ariel Henry en su lugar, que no llegó a tomar posesión debido al asesinato, y reclamó su lugar frente a Joseph. El Senado, con el tiempo de mandato cumplido y sin funcionamiento, nombró por su parte a Joseph Lambert como presidente, y Henry como primer ministro. Claude Jospeh se mantuvo, Estados Unidos lo reconoció, pero anunció que no enviará tropas a la isla, como pidió el ahora encargado del gobierno.

¿Por qué asesinar entonces a Moïse a dos meses antes de la contienda que parecían poder realizarse? Existen pistas políticas, una de ellas es la oposición a la reforma constitucional que, entre otras cosas, buscaba pasar a un parlamento unicameral, permitir la reelección presidencial de dos mandatos consecutivos, cambiar la figura de primer ministro por vicepresidente. Sin embargo, la hipótesis principal apunta a una disputa económica por la cuestión energética, clave en los negocios haitianos y en la geopolítica caribeña, zona donde Estados Unidos ha desplegado una fuerte iniciativa en los últimos meses.

El magnicidio trajo más caos al caos en un país donde en 2004 fue derrocado Jean-Bertrand Aristide, se sucedieron ocupaciones, la conformación de -como se ha llamado- una “República de las ONG” luego del terremoto del 2010, cuando organismos y agencias internacionales pasaron a manejar más recursos que el Estado y a ejecutarlos, a excepción de PetroCaribe, sin consultar con los representantes haitianos. La crisis permanente puede ser funcional a negocios, contrabandos, intereses extranjeros, una enseñanza que muestra Haití bajo el sol de la isla y la memoria de la revolución negra que le dio nacimiento.

Paisaje en Puerto Príncipe. Foto: Alejandro Saldívar

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Andrés Arauz: “Intentan poner en riesgo el proceso electoral”

Zamora — Tue, 06 Apr 2021 16:03:37 +0000

Andrés Arauz: “Intentan poner en riesgo el proceso electoral”

Zamora Mar, 06/04/2021 - 12:03

Marco Teruggi

El presidente Lenín Moreno decretó treinta días de estado de excepción en las principales provincias, lo que prohíbe actos y reclamos. El candidato de la revolución ciudadana da una "alerta al mundo".

La democracia de Ecuador está nuevamente en peligro”, afirma en diálogo con Página12 Andrés Arauz, candidato presidencial en Ecuador, a días del ballottage que lo enfrentará con Guillermo Lasso el domingo 11 de abril. Su “alerta al mundo”, como la define, ocurre luego de que el presidente Lenín Moreno decretara el jueves por la noche el estado de excepción por treinta días en las ocho principales provincias del país.

“La medida le da facultades excepcionales a Moreno, lo cual se cruza con la fecha de la elección y evidentemente genera un conflicto de competencias en lo que será el proceso electoral”, explica Arauz. El estado de excepción prohíbe “la realización de todos los eventos de afluencia y congregación masiva”, y dispone el despliegue de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas “en el restablecimiento del orden público”.

Con esta medida “el presidente de la República podría modificar los protocolos del proceso electoral cuando la función electoral es una función independiente, y nos genera motivos de preocupación que pudiera manipularse el proceso y el resultado, más aún si es que el proceso es manipulado y requiere movilización ciudadana el mismo 11 o los días subsecuentes, el estado de excepción imposibilitaría en teoría la posibilidad de que los ciudadanos se movilicen en defensa de sus derechos democráticos”.

La preocupación tiene fundamentos: “Existen ya rumores de que hay intenciones de manipular las elecciones, está en riesgo el proceso electoral”, afirma Arauz. Esta nueva alerta, a puerta de la contienda, forma parte de un “proceso electoral lleno de amenazas, de lawfare en contra de nuestra participación, desde el momento mismo de la inscripción, cuando decretaron la inexistencia de nuestro partido, tuvimos que aliarnos con otro partido”.

El mismo proceso estuvo amenazado, como ocurrió cuando el triunfo de Arauz parecía que sería en una sola vuelta, el siete de febrero, y ocurrieron entonces “serias amenazas de posponer” la fecha. La posibilidad ahora de una postergación, ante la situación del estado de excepción, “no es imposible”, afirma. “Espero que las autoridades electorales actúen con racionalidad y pleno respeto a la democracia, el pueblo ecuatoriano no está en condiciones de aguantar una prolongación del período presidencial de Lenin Moreno”.

La crisis y las campañas

Ecuador está en crisis. Arauz ha recorrido el país durante la campaña: “me ha permitido reconectarme con cada uno de los territorios, sus vocaciones productivas, sus problemáticas en materia de salud, de servicios, su necesidad de políticas públicas y desarrollo institucional, y también la desesperación, la angustia y dolor de los ecuatorianos que están sufriendo, hay un sentimiento generalizado de abandono, una indignación por la negligencia del gobierno ante el manejo de la pandemia y de la crisis económica”.

Su campaña se ha desplegado por las diferentes regiones del país, la costa, la sierra y la amazonía, y las imágenes de cercanía entre Arauz y las personas han sido constantes en cada sitio. “Este recorrido me compromete aún más y con cada vez mayor contundencia, firmeza, a dar todo de mi parte para poder devolver la dignidad a las familias ecuatorianas”, afirma.

Arauz enfrenta, en simultáneo, una campaña sucia llevada adelante por Lasso y su asesor, Jaime Durán Barba, con la utilización de trolls en redes sociales, el pago a migrantes venezolanos para que realicen campaña en su contra, o acusaciones sobre sus años de trabajo en el Estado.

“Es una señal de desesperación por la brecha y la distancia que existe entre el candidato Lasso y mi persona”, sostiene. “Esta campaña sucia ha sido vil, cínica, ha buscado el asesinato del personaje, confundiendo a la ciudadanía respecto a mi trayectoria de servicio al país, y metiéndose con lo más íntimo que tenemos cada uno de nosotros, que es nuestra vida familiar”.

La campaña sucia no se ha limitado al equipo de Lasso, sino a instituciones, como la Fiscalía General, que, articulada a la Fiscalía colombiana y la Revista Semana, construyeron la acusación falsa de un financiamiento que habría recibido Arauz por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. “Decían que me había reunido con un delegado del ELN en febrero del 2020, yo no era ni candidato en esa época, estaba estudiando en México, no vivía en el Ecuador, lo cual demuestra claramente que la información es falsa”.

Algo similar ocurrió desde Argentina, donde Clarín publicó la información falsa afirmando que Arauz se había aplicado la vacuna Sputnik V en su visita en Buenos Aires, un hecho imposible: el candidato estuvo en Argentina hasta el 5 de diciembre y la vacuna llegó el día 24, y el 19 de ese mismo resultó positivo en el test de coronavirus. Clarín sabía estos hechos, pero el titular fue que Arauz se había vacunado.

“Nunca llegaron a comprobar nada, jamás contrastaron eso con mi versión, nunca me llamaron a pedir mi criterio, y a través de esa noticia en Argentina, que fue replicada por medios ecuatorianos, se ha querido instalar una narrativa en la que yo me había vacunado. Eso se llama psicología proyectiva, y son los amigos de Lasso, incluyendo personal de jerarquía del Banco de Guayaquil -que fue presidido durante años por Lasso- quienes fueron los vacunados en la lista de privilegiados del gobierno de Lenin Moreno”.

Ante eso el candidato presentó, a través del abogado Eduardo Barcesat, “unas acciones ante el diario Clarín para que se corrija este hecho y se preserve mi buen nombre, el ministerio de Salud de Argentina ya emitió una declaración hace varias semanas, desmintiendo el hecho de que me haya vacunado”.

El plan de gobierno

Moreno busca llevar adelante las últimas privatizaciones antes de dejar el gobierno el 24 de mayo: pozos petroleros, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, el espacio radioeléctrico, el Banco del Pacífico, o la refinería de Esmeraldas. “La acción más peligrosa de todas es la que implica la privatización del Banco Central del Ecuador (BCE), se privatiza la gobernanza del BCE, es decir quién manda, Moreno quiere él designar a delegados que duren cinco años en el cargo antes de irse, se privatiza las reservas del BCE, y se privatiza la regulación a las tasas de interés y a las comisiones del sistema financiero privado”.

El intento de privatización del BCE, cuya ley se encuentra actualmente en la Asamblea Nacional, forma parte del proyecto de la banca, del capital financiero -sector al cual pertenece Lasso- quien más se ha beneficiado en Ecuador en los años de Moreno. Esa política es impulsada, a su vez, por el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el cual Arauz se reunió en Washington antes de la primera vuelta, luego de haberse reunido con Wall Street en Nueva York.

“Hemos insistido de cualquier reforma legal condicionada por un acuerdo con el FMI debe apegarse estrictamente a nuestra Constitución, y en la Constitución el BCE es público y es parte de la función ejecutiva, no tiene independencia, no es otra función, no es otro poder del Estado, no puede ser privatizado”.

En la reunión con el FMI Arauz explicó “que en el contexto de la pandemia no se puede impulsar un ajuste fiscal agresivo, explicamos que hay que preservar la liquidez en dólares dentro de la economía ecuatoriana, explicamos nuestro modelo de inversión pública y de desarrollo sostenible para los próximos años, y ante todo eso quisiera decir que reaccionaron favorablemente”.

El candidato de la revolución ciudadana, al asumir, enfrentará un cuadro de crisis sanitaria y económica. “Tenemos prioridades fundamentales, y es atender las emergencias sanitaria, educativa, económica, todo este año nos dedicaremos a atender esas emergencias, vacunación universal, restablecimiento del sistema de salud pública, retorno de los chicos a las clases, dotación de la vacuna a los docentes, internet como derecho humano, dotación de equipos de hardware para que los niños puedan seguir estudiando”, afirma.

El plan de gobierno deberá enfrentar la crisis profunda, ante lo cual, explica, llevará adelante medidas como otorgar mil dólares a un millón de familias en la primera semana, “una política de crédito y de pago de deuda social, incluyendo el pago de las deudas a los gobiernos locales para que reactiven la economía desde la obra pública”, y un plan masivo de vacunación.

“Una vez desplegada esa recuperación pasaremos a recuperar la institucionalidad democrática de nuestro país, que ha sido víctima de una grosera manipulación, y a la vez recuperar el modelo de desarrollo vinculado al desarrollo productivo, agrícola, de la construcción a partir de la obra pública, de la vivienda, y de los servicios públicos”, afirma.

La perspectiva de Arauz es latinoamericana. “Mi política apunta decidida y frontalmente hacia la integración”, sostiene. En sus meses de campaña ha tenido encuentros con, por ejemplo, Evo Morales, Alberto Fernández, o Pepe Mujica “Con los liderazgos de la región vamos a tener una relación muy dinámica y permanente que rememore y recobre esa época de integración latinoamericana que vivimos a inicio de este siglo”. Esa será su prioridad, explica, en materia de política exterior, “junto con la justicia ecológica internacional”.

Por el momento, la atención urgente está puesta en el desarrollo de los comicios del próximo 11 de abril, que se encuentran bajo peligro debido al estado de excepción, en un marco político en el cual ya ocurrieron numerosas irregularidades y obstáculos contra la candidatura de Arauz. “Aspiramos a que se respete la democracia en Ecuador y que la voluntad del pueblo ecuatoriano sea contundente a favor de recuperar la patria, el futuro y su dignidad”, concluye.

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Perú, el modelo de un estallido

Zamora — Mon, 23 Nov 2020 15:38:55 +0000

Perú, el modelo de un estallido

Zamora Lun, 23/11/2020 - 11:38

Marco Teruggi

La crisis abierta en Perú no parece tener una resolución inmediata. Si bien el nuevo gobierno encabezado por Francisco Sagasti cuenta con mayor legitimidad, la impugnación al sistema político-económico, expresada en las calles, es profunda. ¿Qué puede suceder? Es la pregunta sobre la que aún no existe respuesta segura.

En Perú estalló una crisis de la que nadie sabe cuál será la salida. Se la nota al prender la televisión: programas tras programas de debates a toda hora acerca de si hubo un golpe de Estado contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) el pasado 9 de noviembre, si se debe reformar la policía, si es necesaria una nueva Constitución, reuniones y nombramientos de gabinete del recién asumido presidente, Francisco Sagasti.

El país es un río revuelto y acelerado de noticias. La crisis está en las conversaciones en los taxis, las pintadas en las calles, en la posibilidad de que algo suceda en cualquier momento, en el memorial construido en la esquina donde fueron asesinados por la represión policial los jóvenes Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado el pasado 14 de noviembre.

"Es uno de los quiebres políticos más importantes de los últimos veinte años, no teníamos algo así a nivel de movilización en las calles desde la caída de la dictadura de Alberto Fujimori en el año 2000", explica a Sputnik Lucía Alvites, docente universitaria, militante de Nuevo Perú.

El quiebre no estaba previsto por quienes, desde el Congreso, llevaron adelante la destitución de Vizcarra, y nombraron a Manuel Merino, que tuvo que renunciar al cabo de seis días, el 15 de noviembre, al día siguiente del asesinato de los dos jóvenes. Con su caída quedó en evidencia la magnitud de la crisis abierta, una crisis que no solamente puso en cuestión a Merino, a la maniobra destituyente de Vizcarra, sino a un modelo.

En #Lima, Perú, han instalado un memorial en homenaje a Inti Sotelo y Bryan Pintado, los dos jóvenes asesinados por la policía el pasado 14 de noviembre durante las protestas. pic.twitter.com/8BdHZUl3Db

— Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) November 20, 2020

"Es un momento impugnatorio ante un sistema político", afirma Alvites. El sistema tiene décadas en el poder político: desde la Constitución aprobada en 1993, bajo el Gobierno de Fujimori.

Fue un golpe

Memorial en honor a Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, asesinados el 14 de noviembre durante la represión policial

La plaza San Martín es uno de los epicentros de las protestas en Lima. Allí está Mirtha Vino, con una bandera roja y blanca de Perú y una frase contra la corrupción. Una de las dimensiones más evidentes de la crisis es la dimensión de la corrupción en la política: más de la mitad de los congresistas actuales, y todos los presidentes desde el año 2000 tienen casos por corrupción, salvo el actual, Sagasti.

Vino es profesora de cívica y, para ella, como para miles, no hay duda acerca de lo que sucedió: "El Poder Legislativo ha dado golpe de Estado, ha asaltado al poder ejecutivo, ha metido al presidente que él ha querido, el pueblo se ha levantado porque no ha permitido esa afrenta al pueblo, al ejecutivo", dijo a Sputnik.

Para Alvites tampoco hay duda: "Fue un golpe de Estado parlamentario, se ha usado la vacancia, que es una figura legal, haciendo trampa por la vacancia es un mecanismo extremo de incapacidad moral, y ha sido usada por 105 congresistas que tienen intereses subalternos, que no tienen que ver con el interés ciudadano para vacar a Vizcarra".

Asamblea popular en la plaza San Martín

La figura bajo la cual fue destituido Vizcarra fue la "incapacidad moral permanente", cuestionada por Vizcarra y quienes se movilizaron. Ante el hecho de que un sector político afirmaba que sí se trataba de un mecanismo legal, negando la dimensión de golpe de Estado, el Tribunal Constitucional debía emitir una resolución sobre el tema.

Sin embargo, el jueves 19 el Tribunal se declaró "improcedente" para abordar la cuestión. Es decir que la institución que debía sentencia sobre la controversia constitucional optó por "lavarse las manos", como afirma Vino.

"Estoy enojada con el Tribunal Constitucional, me parece que no podemos aceptar que se lave las manos, y diga que aquí no ha pasado nada, debía dirimir entre los dos poderes para decir que lo que hizo el legislativo estuvo mal, hemos esperado y nos dimos con la decepción".

Alvites señala la gravedad de la no resolución del Tribunal: "Lo que ha hecho es decir que no tiene competencia para opinar, tener una opinión sobre el tema de la vacancia, y con eso lo que ha hecho es dar carta blanca a los golpistas, a que ese mecanismo se use cómo venga en gana a quienes están en el Parlamento, es una vergüenza".

La nueva Constitución

Lucía Alvites, de Nuevo Perú

Alrededor de Vino hay asambleas espontáneas para debatir sobre muchos temas. Las personas pasan, agarran el micrófono, denuncian la dimensión que tuvo la represión policial y la necesidad de reformar esa institución, y se refieren a uno de los temas centrales: la necesidad de una nueva Constitución.

La propuesta de cambio constitucional no es nueva. Algunas fuerzas políticas, como Nuevo Perú, que propone la candidatura presidencial de Verónika Mendoza, la han planteado anteriormente. Pero, tanto la destitución de Vizcarra el 9 de noviembre, como la no resolución del Tribunal el jueves, expusieron y masificaron la necesidad de ese cambio,

"Estoy de acuerdo que se cambie esta Constitución, porque esta Constitución el día de hoy nos damos cuenta que está avalando toda esta corrupción. Antes yo decía que tenía que haber alguna modificación, algún inciso, pero hoy día no. Ayer nos dimos cuenta que el Tribunal se lavó las manos y se avaló en la Constitución", explica Vino.

La demanda de la transformación constitucional se expresó en redes sociales, con la tendencia durante tres días de #NuevaConstitución, en las consignas en las calles, planteando un horizonte de transformación más amplio que únicamente un cambio de presidente o de congresistas.

"No podemos seguir con este mecanismo constitucional, es un marco constitucional nacido en dictadura, con militares en las calles, con universidades intervenidas, desaparecidos y miles de trabajadores despedidos. Lo que ha sucedida con el Tribunal es una razón más que nos pone sobre la mesa esta urgencia", afirma Alvites.

El cambio constitucional no refiere únicamente a la política, sino a la integralidad de un modelo: "existe un sistema político que ha sido funcional a un modelo económico que ha visto en el Estado su mesa para mantener sus privilegios y negociados".

Y "la pandemia ha puesto en altavoz las miserias de este modelo", destaca Alvites. Así, quedó expuesta la falta de salud pública de calidad, la situación de millones de personas en viviendas sin condiciones, los problemas de acceso a una educación privatizada, las consecuencias, en síntesis, del neoliberalismo.

El nuevo Gobierno

Mirtha Vino, en la Plaza San Martín

Sin embargo, ante lo que Alvites denomina como "un creciente sentir de la población que se tienen que hacer cambios de fondo", el nuevo presidente Sagasti, afirmó el viernes 20 que una nueva Constitución "no es una prioridad inmediata", en referencia a las medidas que tomará su Gobierno.

"Creo que después de un periodo tan turbulento, tan cargado de protestas, de incluso algo de violencia, lo más importante en este momento es devolverle la calma, devolver la tranquilidad a la ciudadanía", señaló.

El Gobierno encabezado por Sagasti, del partido Morado, y Mirtha Vázquez, del Frente Amplio, al frente del Congreso, será de breve duración, hasta julio del 2021, es decir dos meses después de las elecciones, que serán en abril, para elegir presidente y parlamentarios.

Por el momento la asunción del nuevo Gobierno se tradujo en mayor tranquilidad en las calles. Sagasti, así como Vázquez, tienen una legitimidad dada por dos elementos centrales: no votaron a favor de la destitución de Vizcarra, y no tienen acusaciones de corrupción. Dos elementos, que, en medio de una crisis de impugnación política, resultan centrales.

Según Alvites, Sagasti y el partido Morado no tienen intención de realizar cambios de profundidad: "Es un partido que se autodefine de centro, que expresa una posición política que no quiere cambiar las reglas del juego, que no es parte de su programa cambiar el marco constitucional, superar el pacto fujimorista de 1993".
Aún no puede afirmarse qué sucederá en los próximos días y semanas. Si bien la renuncia de Merino, vivida como una victoria por quienes se movilizaron, seguida de la asunción del nuevo Gobierno calmaron la fuerza del estallido, también es cierto que la crisis parece ser de una profundidad que demanda transformaciones estructurales.

Perú ingresó en una nueva etapa política, una situación que puede cerrarse en una nueva normalización sin cambios profundos, o abrirse a un horizonte de posibles transformaciones estructurales, que pongan fin a un sistema político-económico masivamente impugnado.

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Todos comunistas y la trampa de las derechas

Zamora — Tue, 01 Sep 2020 15:09:31 +0000

Todos comunistas y la trampa de las derechas

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Zamora Mar, 01/09/2020 - 11:09

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Marco Teruggi

Joe Biden seguramente no imaginó que alguna vez sería comparado a Fidel Castro. Tampoco que lo acusarían de responder a una agenda de extrema izquierda, socialista, disolvente de los valores de la nación estadounidense. Las acusaciones fueron escuchadas por miles de personas durante la convención republicana que formalizó la fórmula Donald Trump-Mike Pence para las elecciones del próximo 3 de noviembre.

No es el primer dirigente señalado de una izquierda imaginaria. El antiguo presidente colombiano Juan Manuel Santos fue acusado de “castro-chavista” mientras dialogaba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para lograr un acuerdo de paz. La campaña provino de la derecha articulada por Álvaro Uribe, hoy con una detención domiciliaria que el mismo Pence pidió públicamente que sea levantada.

El mecanismo de radicalización acusatoria se repite: Alberto Fernández es señalado de encarnar una amenaza de una gravedad extrema, estar al frente de un gobierno sobre-ideologizado que busca ir por todo el poder y hará que las empresas privadas se retiren del país. Algo parecido sucede en el caso de la coalición de gobierno PSOE-Podemos en España, acusados de castro-chavistas y comunistas.

Se trata de una operación similar y adaptada a cada caso. Las casualidades no suelen existir: estas derechas están relacionados de varias maneras, como a través de la Fundación Internacional para la Libertad, el think tank Atlas Network, u operadores de intentos de internacionales de derecha, como el acusado por estafa y robo, Steve Bannon. Existen estrategias de comunicación política comunes.

El dispositivo acusatorio --como gritar “Venezuela” ante cada medida-- tiene varios efectos. Uno de ellos es un posible desplazamiento de las ideas: cualquier medida de regulación estatal, transformación democratizadora, impositiva, redistributiva, pasa a ser señalada de radical. El debate se desplaza: propuestas de centro aparecen como de izquierda intransigente, y las de izquierda --¿nacionalizar es de izquierda?-- quedan acorraladas o borradas.

Se trata de un sistema de presión constante en una época de desarrollo de ideas y sentidos comunes neoliberales. Existe un avance de derechas en varios países y, tal vez más peligroso aún, un proceso que el filósofo francés, Bernard Stiegler --fallecido recientemente-- analizó como “extrema derechización de la sociedad”, es decir de progresivo avance de esas ideas en la sociedad, que luego pueden tener su correlato en votos o no.

Stiegler, marcado en su análisis por el avance de las ideas del Frente Nacional, centra su análisis en Francia, Europa, Estados Unidos, los efectos económicos de la revolución conservadora y los derroteros de las izquierdas. Sin embargo, como bien señala Jorge Alemán, Europa --y mucho menos Estados Unidos-- lleva décadas sin procesos transformadores, parciales, reformistas, nacionales y populares. Y gran parte del pensamiento europeo peca de eurocentrismo, punto desde el cual proyectan sus conclusiones.

La situación en América Latina es otra. Los últimos veinticinco años mostraron un caudal de experiencias populares y gubernamentales únicas: desde la emergencia de organizaciones como el Movimiento Sin Tierra en Brasil, hasta los gobiernos populares en Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador y más recientemente México. El continente lleva más de un cuarto de siglo con ensayos, novedades y experiencias transformadoras.

Es nuevamente acá donde el año pasado se asistió a levantamientos contra el neoliberalismo: Chile, Ecuador, Haití, Colombia, y el voto masivo que derrotó al macrismo, un proyecto que había nacido como alumno modelo y que, como declaró Mauricio Claver-Carone --ahora nominado a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo y cuestionado por muchos-- Estados Unidos apostó a sostener con el préstamo del Fondo Monetario Internacional.

Difícilmente pueda hablarse entonces en América Latina de una derechización de las ideas como en Europa. El dispositivo acusatorio forma parte, en el caso de Argentina, del intento de no retroceder en una acumulación y concentración desmedida de riquezas y poder. Se trata de un mecanismo de chantaje que falsea percepciones: la capacidad mediática del Grupo Clarín y la amplificación de sus movilizaciones puede llevar a pensar que se trata de una mayoría cuando no lo es.

Esa clave de asedio permanente se enmarca en un tiempo continental: las derechas avanzan en su intento de recuperar terreno perdido e impedir todo regreso o consolidación de proyectos nacionales y populares. En ese escenario se enmarcan los procesos de lawfare, intentos de proscripción de dirigentes y partidos, el golpe de Estado en Bolivia o el bloqueo económico sobre Venezuela.

Las derechas no son abstractas. Responden a agendas económicas y geopolíticas: la acumulación de riquezas, el avance de las transnacionales --como las de la comunicación--, demandan Estados débiles, gobiernos sin agendas propias, mucho menos proyectando su política internacional en parte dentro de un bloque que amenaza la hegemonía estadounidense en retroceso. Regular ya es demasiado, estatizar o nacionalizar un crimen.

El dispositivo de desgaste --alterna operaciones mediáticas, miedo y movilizaciones-- exige retroceder, mantener un estatus quo que impide construir respuestas a la crisis. Una de las lecciones de los años recientes en el continente es que ceder a las demandas de los grandes grupos económicos y sus voceros políticos no detiene los asedios y, puede, al contrario, debilitar la capacidad para enfrentarlos. Y esas capacidades, en el caso de Argentina, son grandes. Se expresarán en las calles cuando llegue la hora.

Horas críticas en Bolivia

Zamora — Wed, 12 Aug 2020 17:22:27 +0000

Horas críticas en Bolivia

Zamora Mié, 12/08/2020 - 13:22

Marco Teruggi

Se viven horas críticas en Bolivia. Las protestas llevan más de una semana a nivel nacional; el Gobierno de facto ha desplegado policías, militares y grupos civiles armados. La escalada no se detiene y se instala la exigencia de renuncia de Jeanine Áñez. ¿Pero qué consecuencias tendría eso?

Bolivia vive nuevamente horas críticas. Los bloqueos de carreteras iniciados el 3 de agosto y la violencia desplegada por el Gobierno de facto se ha multiplicado en los hechos y discursos: represiones, despliegues de militares, grupos civiles armados. "Meter bala sería lo políticamente correcto", afirmó el Arturo Murillo, ministro de Gobierno.

El detonante de las protestas fue la tercera postergación de las elecciones presidenciales realizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que cambió la jornada de votación del 6 de septiembre al 18 de octubre y, en caso de segunda vuelta, el 29 de noviembre.

Esa decisión desencadenó una movilización el 28 de julio, encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB) y diferentes sectores sociales movilizados, autoconvocados, indígenas y campesinos. Ese día, desde El Alto, Juan Carlos Huarachi, secretario general de la COB, anunció que le daba 72 horas al TSE para retroceder y mantener el 6 de septiembre.

El lunes 3 de agosto, ante la falta de acuerdo, comenzaron entonces las protestas y bloqueos y los principales puntos del país, como los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, la ciudad de El Alto y La Paz, donde también fue iniciada una huelga de hambre frente al TSE.

El pedido inicial fue que se mantenga la fecha del 6 de septiembre o haya elecciones con garantías antes del 18 de octubre. Con el transcurso de los días la demanda comenzó a orientarse hacia la exigencia de la renuncia de Jeanine Añez quien, además de estar en la presidencia por el golpe de Estado —que, según ella, solo ocuparía cerca de noventa días— también es candidata presidencial.

"Se trata de un Gobierno extremadamente débil al que los sectores populares le demandan su renuncia por haber empobrecido a las familias bolivianas, por no garantizar condiciones mínimas para enfrentar la crisis sanitaria y despojarlas de derechos fundamentales como el acceso a la educación", explica Adriana Salvatierra, senadora por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Debilidad, postergación y represión

El Gobierno de facto se ha ido debilitando y ese proceso está detrás de las postergaciones de elecciones. No solamente ha caído la imagen de Añez o Fernando Camacho, quien fue parte de la dirección golpista en octubre/noviembre, sino que las encuestas dan preferencia a Luis Arce, candidato presidencial por el MAS junto a David Choquehuanca.

La debilidad, producto de la falta de legitimidad de origen, agravada por las masacres realizadas en Senkata y Sacaba poco después del golpe, se ha acentuado con los meses. La llegada de la pandemia, las acusaciones de corrupción, y la respuesta insuficiente desde el inicio hasta la fecha ha sido un agravante central.

"Hace casi dos meses no hay medicinas básicas como azitromicina, aspirina y otras, escasea el oxígeno medicinal, las pruebas de COVID-19 son escasas desde hace 5 meses, los hospitales están colapsados desde hace 3 meses", explicó Freddy Morales, corresponsal de Telesur desde La Paz.

La situación ante la pandemia ha sido puesta como razón para aplazar las elecciones del 3 de mayo al 2 de agosto al 6 de septiembre y al 18 de octubre. Sin embargo, en vista de la crisis política del país, una nueva postergación habría requerido un diálogo con todos los sectores políticos para alcanzar un acuerdo.

Al no haberse dado ese paso, no querer luego acordar con las organizaciones ante el anuncio de las protestas, y en vista del descontento acumulado junto con el rechazo a Añez, comenzaron los bloqueos.

Las respuestas del Gobierno de facto fueron las esperadas: amenazas, criminalización de los bloqueos, un diálogo nacional sin los principales actores, y la aparición en primera plana, nuevamente, de los grupos civiles armados que actuaron durante la escalada golpista del 2019.

El brazo civil armado

"Son grupos que hacen uso de violencia en muchos casos armada, en complicidad de las actuales autoridades del Estado en especial de la policía, muestran armamento como chalecos antibalas y armas de bajo calibre y actúan impunemente atacando a sectores populares que protestan contra el Gobierno de facto", explica Edmundo Juan Nogales Arancibia, abogado y analista.

Esos grupos tuvieron un rol central en el 2019 actuando con fuerza primero en Santa Cruz, luego Cochabamba, y finalmente en La Paz. En esas semanas atacaron movilizaciones que defendían a Evo Morales, agredieron a mujeres en las calles por ser indígenas, asaltaron casas de dirigentes del MAS, secuestraron a sus familiares, así como a la alcaldesa del municipio de Vinto, a quien golpearon, cortaron el pelo y pintaron de rojo.

Una primera reaparición con fuerza tuvo lugar en La Paz, cuando la denominada Resistencia Juvenil Cochala agredió a quienes llevaban adelante la huelga de hambre ante el TSE. Su actuación se repitió en Cochabamba, y en Santa Cruz actuó la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

"Son un brazo operativo que permitió al actual Gobierno de facto tomar el poder y al cual ayudan a conservarlo atacando a sectores sociales movilizados que piden elecciones nacionales. Se extienden en el país es con el denominativo de 'Resistencia' añadiendo los adjetivos de juvenil y el de la región donde quieren instalarlos", explica Nogales.

La más antigua de esas formaciones es la UJC —fundada en 1957—, que actuó con fuerza en el intento de golpe de Estado del 2008, "una organización paramilitar de la oligarquía boliviana, racista, separatista y anticomunista", como la describe el periodista Nicolás Lantos en una investigación.

Aquel intento del 2008 tuvo entre sus principales dirigentes a Branko Marinkovic, empresario cruceño, que huyó del país luego del fracaso de ese plan, y su involucramiento en una operación para asesinar a Evo Morales en la cual estaban implicados cinco europeos vinculados a grupos neonazis.

Marinkovic, que apadrinó a Camacho —formado en filas de la UJC—, fue parte de la articulación del golpe contra Morales desde el exterior, y regresó a Bolivia en enero. Fue nombrado ministro de Planificación del Gobierno de facto el miércoles 5 de agosto, dos días después de iniciarse los bloqueos y protestas.

Los golpistas

Los actores del golpe de Estado del 2019 fueron heterogéneos, pero conformaron lo que Salvatierra llama "el bloque de noviembre" articulado para el derrocamiento del Gobierno de Evo Morales.

Bolivia
Los actores de ese bloque, pasado el golpe, "retornaron a sus reductos político-electorales, sin embargo, la candidatura de Jeanine Añez, quien sorprendió transgrediendo los principios de un 'Gobierno de transición', y la aventura electoral de Camacho fragmentaron aún más a la oposición al MAS".

El arco golpista anti-MAS quedó así dividido en diferentes candidaturas: Añez, Camacho, Jorge Quiroga y Carlos Mesa. De ese conjunto de actores Mesa, quien había sido el candidato principal contra Morales, es quien mantiene mayor intención de votos dentro de esos candidatos: 26,8%, según la encuesta realizada por el Centro de Estratégico Latinoamericano de Geopolítica de julio. Arce, en cambio, tiene 41,9% de intención de voto.

El ingreso de Marinkovic al Gobierno de facto podría significar una posible unidad entre Añez y el sector encabezado por Camacho, aunque discursivamente mantenga posiciones críticas contra ella y Murillo. Camacho, ante los bloqueos, volvió a desplegar grupos armados, como anunció y reivindicó luego en sus mismas redes sociales.

Pero tanto Añez, como Camacho, Mesa, y el arco golpista tienen dos puntos centrales de acuerdo: impedir que vuelva el MAS al Gobierno y el modelo económico impuesto luego del derrocamiento de Evo:

"Lo que une a todas estas fracciones es su acuerdo implícito de imponer una agenda económica neoliberal plasmada en el Decreto Supremo 4272 que establece la reducción del Estado en la economía, la privatización de empresas estatales, reducción del gasto público, reducción y precarización del empleo", analiza Nogales.

La escalada de la crisis

El cabildo realizado el martes 11 de agosto al mediodía en la ciudad de El Alto ratificó la exigencia de la renuncia de Añez. El pedido, que se extiende por varios sectores y protestas es, sin embargo, complejo en sus consecuencias políticas.

"Si vamos a ir por derrocar a este Gobierno, como dicen los compañeros, 'fuera Añez', ¿qué gobierno va a entrar? Creo que esta reflexión hay que hacerla, lo más rápido, derrocar a Añez implicaría un nuevo gobierno transitorio que tendría que convocar a nuevas elecciones, y, por lo tanto, eso implicaría un período más largo de incertidumbre hasta tener un gobierno democrática y legítimamente elegido", afirmó Arce.

El llamado de reflexión de Arce se dirigió a quienes encabezan las protestas. Las mismas, donde participa la COB, el Pacto de Unidad, y diferentes sectores movilizados, no están siendo dirigidas por el MAS.

Morales convocó el 10 de agosto "a dirigentes y pueblo movilizado" a considerar una propuesta borrador de Acta de Entendimiento, "trabajada por organizaciones sociales y el TSE, con la Organización de Naciones Unidas como testigo, "para que el 18 de octubre sea, con ley, fecha definitiva, impostergable e inamovible de elecciones".

La apuesta, en este momento crítico, es, por parte del MAS, lograr un acuerdo con garantías respetadas, y evitar una escalada aún mayor que pueda llevar a más enfrentamientos armados civiles, así como a nuevas masacres por parte del Gobierno de facto con las fuerzas policiales y militares, como sucedió en noviembre.

Existe otro escenario en juego, también denunciado por Arce y Morales: un plan de "autogolpe militar para perpetrarse en el poder sobrepasando el orden constitucional". ¿Qué acuerdos existen dentro de las fracciones militares para encabezar una acción de esta naturaleza? ¿Qué respaldo tendría por parte de la embajada norteamericana? ¿O está siendo gestado desde la embajada?

El 10 de agosto por la noche, en un programa en el canal estadounidense CNN, el presentador Fernando Del Rincón, además de alabar a los grupos armados de la derecha, exhortó a Murillo a desplegar a los militares a las calles a poner orden, ya que los bloqueos serían "un crimen de guerra". Allí fue cuando Murillo afirmó que "meter bala sería lo políticamente correcto" y que tenía las "horas contadas" para "evitar una guerra civil".

Por el momento la escalada no se detiene. ¿Podría detenerla una decisión del TSE de adelantar las elecciones y poner una fecha anterior al 18 de octubre? Dos vocales de la institución plantearon el martes 11 la necesidad de reconsiderar la fecha en vista de "los acontecimientos actuales de conflictividad social que tienden a agravarse cada día".

El lunes 10 la Fiscalía anunció haber aceptado las denuncias contra Morales, Arce, Choquehuanca y Huarachi para investigarlos por terrorismo. El intento de lograr elecciones con garantías se enfrenta no solamente a las postergaciones, sino también a las persecuciones e intentos de proscripción.

El continente y el mundo asisten al intento de un golpe de Estado de mantenerse en el poder político. Como en los días del derrocamiento muchos de los grandes medios oscilan entre mirar hacia otra parte, desconocer la dimensión golpista de Añez y equiparar actores, o nuevamente, como CNN, apoyar abiertamente a los golpistas. Algo similar ocurre a nivel diplomático.

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Los límites de Steve Bannon en América Latina

Zamora — Mon, 27 Jul 2020 14:17:54 +0000

Los límites de Steve Bannon en América Latina

Zamora Lun, 27/07/2020 - 10:17

Marco Teruggi

“No creen que la clase trabajadora pueda votar por sus propios intereses”, decía Steve Bannon en Francia, invitado al decimosexto congreso del partido liderado por Marine Le Pen. Los intereses de la clase obrera eran, según Bannon, los que representaban Le Pen, Donald Trump, Matteo Salvini, VOX. Quienes no lo creían eran el establishment, las élites y sus grandes medios de comunicación.

Bannon, en ese mismo discurso, se oponía a los gobiernos, las clases políticas, los bancos centrales, las corporaciones mediáticas; definía las categorías de izquierda y derecha como “inventos del establishment para impedirles llegar al poder”, y los señalamientos de racistas y xenófobos como acusaciones por ser, en realidad, nacionalistas y defender la libertad.

El auditorio, con Le Pen en primera fila, aplaudió al estadounidense que decía venir a aprender de la larga historia del partido francés, antes Front National y ahora Rassemblement National. Era el año 2018, Bannon estaba en proceso de intentar unificar las fuerzas que en Europa se denominan extrema derecha, para construir un “movimiento en todo el mundo”.

El partido de Marine Le Pen, hija del fundador Jean Marie Le Pen, a quien expulsó de sus propias filas, tenía elementos centrales propios al discurso de Bannon, como, efectivamente, un arraigo en una clase trabajadora periférica dentro del país --por ejemplo, en el norte anteriormente minero y fabril donde tenía fuerza el Partido Comunista Francés--, desempleada por la deslocalización de empresas, y abandonada en gran parte políticamente.

El Rassemblement National es una de las formaciones más antiguas de esta nueva derecha que se expande por varios países de Europa. Lo hace sobre una base social históricamente conservadora, una clase trabajadora golpeada por el neoliberalismo --aplicado gradualmente en Francia desde los ochenta-- y una serie de miedos históricos y aggiornados como la inmigración, el desempleo, ideas que conectan con organizaciones abiertamente xenófobas como los “identitarios”, y conceptos como “la gran sustitución” de Renaud Camus.

El conjunto de fantasmas y enemigos de estas fuerzas europeas es amplio y revuelto: la actual Unión Europea y la pérdida de soberanía nacional, el globalismo, el feminismo, las élites, la inmigración, el islam, el marxismo cultural, la disolución identitaria y civilizatoria –como narra, por ejemplo, la novela “sumisión” de Michel Houellebecq.

El crecimiento ocurre en épocas de crisis económica y un bipartidismo que llegó a borrar las diferencias sustanciales entre centroderecha y centroizquierda, hasta llegar al concepto de extremo centro. Se trata de un discurso nacionalista, conservador, excluyente, de lenguaje y base social popular, con agitación de divisiones, miedos y odios, y la presentación –falsa-- de sí mismos como antiélites y establishment.

¿Cómo puede expresarse esta corriente en América Latina? Tal vez el punto de mayor contacto sea las formas de operación mediática. La campaña de Jair Bolsonaro, en Brasil, asesorada en parte por Steve Bannon, fue una demostración del uso de las redes sociales, el big data --que luego Bannon acusa de forma de dominación de las élites sobre las poblaciones-- para segmentar mensajes vía whattsap.

El sello Bannon incluye operaciones sucias mediáticas, confrontación política directa, con la ruptura de consensos sobre los límites discursivos --lo políticamente correcto--, las formas de adversar, el incentivo a la emergencia de las ideas más conservadoras --homofobia, racismo, machismo etc.-- la puesta por delante de lo que algunos sectores piensan, pero no expresan públicamente.

Es, en ese punto, donde existen los mayores vasos comunicantes entre los métodos de acción política de una parte de las derechas latinoamericanas y las expresiones de esa derecha europea. Es ahí donde las movilizaciones anticuarentena repetidas en Madrid, San Pablo o Buenos Aires parecen sacadas de una misma fórmula con un listado idéntico de conceptos que señalan como enemigos a George Soros, el nuevo orden mundial, el globalismo, y sostienen que la covid-19 es un invento.

Los demás elementos son, sin embargo --por ahora-- difícilmente traducibles a las derechas latinoamericanas, neoliberales y alineadas a Washington. Bolsonaro realizó movilizaciones con las banderas de Estados Unidos e Israel, puso a Paulo Guedes, de la Escuela de Chicago, como ministro de Economía desde la hora cero y avanza ahora en privatizar el agua.

En cuanto a su base social convencida y movilizada --diferente al resultado circunstancial de una elección-- es centralmente, como en todas las derechas latinoamericanas, de clases medias altas, como se vio en las movilizaciones en defensa de Bolsonaro y contra la cuarentena. Su pie en los sectores populares se dio a través de iglesias evangélicas, punto a ser observado con detenimiento. ¿Cómo traspasar el proyecto nacionalista conservador con arraigo popular a las claves latinoamericanas? ¿Qué actores y hasta dónde pueden encarnar un proyecto de esas características?

La respuesta no parece estar en las fórmulas que recientemente han pasado por las presidencias o están al frente, aunque en la Cumbre Conservadora de las Américas, realizada en diciembre del 2018, estuvo Álvaro Uribe, quien logró arraigo en los sectores populares. Las derechas latinoamericanas realizan actualmente golpes de Estado, como en Bolivia, proscripciones, como en Ecuador, gobiernos paralelos, como en Venezuela, militarizaciones, como en Chile, pero no construyen su núcleo movilizado en las clases populares, con narrativas nacionalistas excluyentes, discursos industrializadores y de libre mercado.

Tal vez Steve Bannon sea centralmente un empresario de fórmulas de política sucia --no sería el único-- antes que un ideólogo de un proyecto contra el globalismo y al papa Francisco. O tal vez simplemente busque representar a otras élites afanosas de desplazar a las actuales. En todo caso resulta preocupante tanto la expansión de esas derechas europeas, como las derechas latinoamericanas actuales que avanzan en romper límites democráticos, en un contexto de recesión mundial que abre puertas a disrupciones políticas.

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A pesar de su fracaso, Guaidó es la pieza clave en el despojo del oro, las empresas y el territorio venezolano

Zamora — Fri, 26 Jun 2020 15:42:44 +0000

A pesar de su fracaso, Guaidó es la pieza clave en el despojo del oro, las empresas y el territorio venezolano

Zamora Vie, 26/06/2020 - 11:42

Marco Teruggi

La figura de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela ha resultado un fracaso político. Sin embargo, visto como mecanismo para justificar robos de bienes de la Nación, el saldo es diferente. En ese plan de despojo se articulan gobiernos, transnacionales, jueces y abogados.

Juan Guaidó está en un punto político muerto. No logra recuperar iniciativa, convencer, deshacerse de los expedientes de mal manejo de fondos que lo rodean. El paso de las semanas y meses lo reduce, y ya queda poco o nada del recuerdo de su paso por el Congreso estadounidense y la Casa Blanca a principios de este 2020.

Visto en esos términos, el ensayo del "presidente encargado" es un fracaso. La institucionalidad paralela y virtual no logra sus cometidos políticos. Así pasó también con el "Tribunal Supremo de Justicia en el exilio", del cual no ya casi no se tiene memoria, o la "fiscal general en el exilio", sin trascendencia.

Resulta entonces plausible la afirmación de John Bolton, exconsejero de Seguridad, que en su libro La habitación donde ocurrió escribió que el presidente Donald Trump presentó dudas sobre las capacidades y aptitudes de Guaidó.

También resulta lógico que el mismo Trump haya dejado ver en una entrevista reciente, publicada en el portal Axios, sus dudas sobre Guaidó. ¿Por qué no las tendría acerca de quien no ha logrado una sola victoria interna desde que fue reconocido/nombrado por su administración el 23 de enero del 2019?

Visto así resulta claro que Guaidó es en ocasiones un problema antes que otra cosa. A esto deben agregarse sus apariciones y fracasos golpistas, como el 30 de abril del 2019, o su vinculación con los mercenarios de la Operación Gedeón que llegaron a Venezuela el pasado mes de mayo.

Pero Guaidó puede ser analizado de otra manera: no por su resultado político inmediato e interno, sino como engranaje de un mecanismo de despojo. Guaidó, al ser nombrado presidente encargado de Venezuela por EEUU ha permitido que, en su nombre, sean puestos en marcha robos a los bienes de la Nación. Y ahí no se trata de un fracaso para EEUU.

El despojo

"En lo interno Guaidó está disminuido, creo que Trump nunca creyó en él, lo que sí ha servido es para la estrategia de despojo, en lo internacional siguen avanzando y nos siguen cercando", explica a Sputnik María Alejandra Díaz, abogada, diputada de la Asamblea Nacional Constituyente.

Ese robo se hizo evidente desde el inicio del reconocimiento de Guaidó como "presidente encargado". El 25 de enero, dos días después de su autoproclamación, el secretario de Estado, Mike Pompeo, le dio la autoridad a Guaidó "para recibir y controlar ciertas propiedades en cuentas del Gobierno de Venezuela o del Banco Central de Venezuela (BCV) en poder del Banco de la Reserva de Federal de Nueva York o cualquier otro banco asegurado en EEUU".

El 28 de enero de 2019 la Casa Blanca emitió la orden ejecutiva 13.850, centrada sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el BCV, que bloqueó "todos los bienes e intereses en propiedad de PDVSA sujetos a la jurisdicción de los EEUU". El 5 de agosto del 2019, emitió la orden ejecutiva 13.884 que embargó todos los activos venezolanos en su territorio.

Estas cuentas y activos quedaron bajo manejo estadounidense, lo cual quedó de manifiesto con el escándalo suscitado pocas semanas atrás cuando fue difundida la noticia de que Donald Trump utilizó 601 millones de dólares de esos fondos para construir el muro en la frontera con México.

El plan del despojo se planteó varios objetivos centrales con el fin de robarse y repartirse riquezas del Estado venezolano. Uno de esos objetivos es la empresa refinadora CITGO, filial de PDVSA en EEUU, el oro perteneciente al BCV que se encuentra en el Banco de Inglaterra, y, aprovechando este momento de asedio, el territorio de la Guayana Esequiba, en reclamación.

CITGO

La empresa filial de PDVSA en EEUU está bajo embargo del Departamento del Tesoro desde agosto del 2019, y la posibilidad de que sea despedazada y entregada a empresas extranjeras estuvo presente desde el inicio de su apropiación por parte del Gobierno estadounidense.

Se trata de uno de los mayores activos venezolanos en el extranjero, valorado en alrededor de 8.000 millones de dólares, con una estructura de tres refinerías con capacidad cercana a los 749.000 barriles diarios, y unas 6.000 estaciones de servicio distribuidas en franquicias en el país.

Dos empresas buscan apropiarse de CITGO para cobrar, lo que afirman, les debe el Estado venezolano: la minera canadiense Crystallex, y la petrolera estadounidense, ConocoPhillips.

Guaidó puso al frente de la "Procuraduría General" de su "Gobierno", es decir a quien debe representar y defender judicialmente los intereses de la Republica sobre cuestiones internacionales, a José Ignacio Hernández, quien había sido abogado de Cristallex.

Así, mientras por un lado Guaidó afirmaba defender CITGO, por el otro, fue parte de una estrategia de fallo a favor de las empresas extranjeras. María Alejandra Díaz señala que se trata de la estrategia de "bufetes que están aliados con Guaidó, EEUU y las corporaciones, para despojar a Venezuela".

Eso mismo fue denunciado por el Gobierno de Venezuela, quien señaló cómo Hernández —que renunció a su cargo días después— trabajó junto con el director del Banco Mundial (BM), David Malpass, para que el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dependiente del Banco, reconociera al "Gobierno de Guaidó" para tramitar los arbitrajes.

Ese proceso de robo de CITGO y entrega a empresas extranjeras se encuentra en etapa avanzada: el 22 de mayo un juez de la Corte Federal de EEUU avanzó en autorizar la liquidación de CITGO para que Crystallex cobre lo que afirma que se le debe.

Sin embargo, existe una resolución del Departamento del Tesoro que prohíbe la venta de CITGO. La posibilidad de que la filial de PDVSA sea rematada y perdida depende entonces centralmente de la decisión del gobierno estadounidense.

El oro

El BCV tiene, como varios bancos centrales, oro resguardado en el Banco de Inglaterra. A finales del 2018 efectuó el reclamo para recuperar 30 toneladas de ese oro. El Gobierno británico, en vista de su reconocimiento al "Gobierno interino de Guaidó" negó la solicitud y se quedó, de manera ilegal, con el oro.

La posición diplomática del Reino Unido fue sin embargo ambigua: reconocieron a Guaidó, pero recibieron a su "embajadora", Vanessa Neumann, sin las credenciales formales. Es decir que se construyó una zona gris, de reconocimiento incompleto —como en numerosos países, a diferencia de EEUU—, que, en caso de un conflicto como el de la tenencia del oro, no permite avanzar en una resolución.

Ante esa situación, y en vista de que el BCV hizo el reclamo legal ante un tribunal de Londres en mayo de este año, la justicia británica inició el lunes 22 de junio un debate para determinar si se reconocerá al BCV del Gobierno venezolano o a una junta ad hoc nombrada por Guaidó. La tenencia del oro dependerá de ese resultado.

El Gobierno venezolano propuso que el monto del oro reclamado —cerca de 1.000 millones de dólares— sea directamente transferido al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para atender la situación de pandemia y la emergencia humanitaria dentro el país.

La resolución de la Justicia británica afectará no solamente al oro en el Banco de Inglaterra, sino que será un punto de referencia para demás casos en disputa, como los 120 millones de dólares pertenecientes al BCV que mantiene el Deutsche Bank, o numerosas cuentas congeladas en diferentes bancos.

"El oro en Inglaterra se lo van a robar abiertamente, se quedaron con las cuentas, como hicieron con Libia, lo que no han podido quebrar internamente lo están haciendo internacionalmente, nos quieren secar de todos los bienes propiedad de la República para repartírselo entre las trasnacionales, que es el verdadero poder detrás del poder en EEUU y en Inglaterra", explica María Alejandra Díaz.

Guayana Esequiba

La constituyente señala otro frente de intento de despojo: la Guayana Esequiba, territorio en reclamación por Venezuela. "El próximo 30 de junio a petición de Guyana y Gran Bretaña, la Corte Internacional de Justicia(CIJ) decidirá si procede o no la reclamación venezolana de 159.542 km2 despojados por la Corona Británica en 1899".

El canciller, Jorge Arreaza, informó que Venezuela "conforme a su posición histórica y en estricto apego al Acuerdo de Ginebra de 1966, no asistirá a la insólita e irregular audiencia convocada por la CIJ sobre la demanda unilateral de Guyana".

"Quieren despojarnos definitivamente de la Guayana Esequiba, ese es el plan, cercenarnos la salida al mar por allí", explica María Alejandra Díaz. Detrás del intento de quedarse con el territorio en disputa se encuentran las transnacionales: "detrás de Guayana hay más de 12 transnacionales visibles, y ya han entregado concesiones de manera ilegítima".

Una de esas trasnacionales es la petrolera Exxon Mobile, con la cual se desató un incidente en diciembre del 2018 cuando la Marina Bolivariana interceptó dos de sus buques, enviados por el gobierno de Guayana, que se encontraban de manera ilegal en aguas venezolanas.

Los tiempos

¿Cómo se miden entonces los logros de la estrategia estadounidense? El saldo es negativo puesto en la figura política de Guaidó y la permanencia de Nicolás Maduro en el gobierno. Pero Guaidó es una pieza temporal, un accidente político: su designación como "presidente encargado" fue por una serie de coincidencias, no por sus cualidades ni su proyección a futuro.

En cambio, los intentos de despojo de oro, activos y territorios no son diseñados para ser temporales. Y es allí donde la estrategia avanza en su plan de intentar usurpar bienes del Estado.

Se trata de una articulación de actores visibles e invisibles: gobiernos, jueces, abogados, transnacionales, operadores políticos, que, de conjunto, se mueven entre las aguas del bloqueo económico y el asalto al poder, para repartir los bienes del país, rediseñarlo hoy y para el plan futuro.

Guaidó cumple aún un rol en ese esquema como engranaje para justificar legalmente, por ejemplo, el posible secuestro definitivo del oro en el Banco de Inglaterra. El Gobierno fantasma que dice encabezar es en realidad una legitimación de robo que tiene piezas por concretar.

¿Trump piensa en cambiar de estrategia hacia Venezuela como se especuló? Resulta difícil asegurarlo, en particular porque sus declaraciones están hoy, más que nunca, marcadas por la campaña electoral. Lo que es seguro es el mecanismo de despoje está dando frutos y que, a menos de cinco de meses de la contienda presidencial no hará un cambio público de política que le ponga votos en riesgo.

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Irán y desabastecimiento, radiografía de la crisis de la gasolina en Venezuela

Zamora — Sat, 23 May 2020 01:42:40 +0000

Irán y desabastecimiento, radiografía de la crisis de la gasolina en Venezuela

Zamora Vie, 22/05/2020 - 21:42

Marco Teruggi

Cinco barcos petroleros iraníes están camino a Venezuela para ayudar ante el desabastecimiento de gasolina que vive el país sudamericano. Estados Unidos afirmó evaluar medidas para detenerlos, Irán advirtió que respondería ante cualquier acción. Pero ¿a qué se debe la crisis de gasolina en el país?

La gasolinera frente a mi casa quedó vacía a los pocos días de comenzar la cuarentena. Se fueron los encargados, pusieron una soga para impedir el acceso: cerrada. Comenzaron las conversaciones entre la gente para saber dónde se podía cargar, se armó una cartografía de las gasolineras activas en lo que, se pensaba, sería momentáneo.

Luego, como ante todo desabastecimiento, comenzó la reventa. Los precios aumentaron a medida que la situación se puso más crítica: 1; 1,5; 2, hasta 3 dólares por litro, en un país donde llenar un tanque ha sido prácticamente gratis durante los últimos años para los consumidores. Las colas se hicieron grandes, largas, más de un día, a veces dos, y se hizo normalidad la falta de gasolina.

Esta novedad en Caracas —vivida con anterioridad en el paro petrolero para derrocar a Hugo Chávez entre el 2002 y 2003— no lo fue, sin embargo, para muchos estados del país, en particular los que son frontera con Colombia. Allí, como en Apure, Táchira, o Zulia, las colas para cargar gasolina ya llevan cerca de tres años, producto centralmente del contrabando a Colombia.

En los últimos meses la falta de gasolina había avanzado hasta llegar a ciudades cercanas a Caracas. A partir marzo, cuando escaseó en la capital, comenzó a hablarse de la crisis de la gasolina. En Venezuela, como muchos países de América Latina, la capital tiene un rol determinante y sobre dimensionado en la dinámica política. Lo que sucede en Caracas tiene el rasgo de lo nacional, lo que puede afectar el poder político central.

¿Cómo se llegó hasta esta situación? ¿A qué se debe? Se puede trazar una línea de tiempo de los diferentes actores en juego, en un contexto político de asedios, trincheras, negaciones, en uno de los momentos más complejos de los últimos años, que tiene en el horizonte inmediato la llegada de cinco barcos petroleros iraníes a las costas venezolanas.

El bloqueo
En agosto del 2017 la Casa Blanca emitió la primera sanción contra la industria petrolera venezolana, PDVSA, a través de la orden ejecutiva 13808. Ese mes coincidió con una derrota de la oposición, materializada en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que significó una victoria para el chavismo.

La primera orden ejecutiva comenzó a moldear una ingeniería de bloqueo sobre PDVSA con un objetivo central: golpear la columna vertebral principal de la economía venezolana. Esa medida fue para cerrar las fuentes de capital extranjero, necesarias al funcionamiento de la industria petrolera.

Durante el 2018 se sucedieron tres órdenes ejecutivas contra Venezuela, afectando distintas áreas de la economía. El 28 de enero del 2019, 5 días después de la autoproclamación de Juan Guaidó y su reconocimiento inmediato por parte de Donald Trump, la Casa Blanca emitió la orden ejecutiva 13850 centrada sobre PDVSA y el Banco Central de Venezuela.

"Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en propiedad de PDVSA sujetos a la jurisdicción de los EEUU están bloqueados y, por lo general, se prohíbe a las personas de los EEUU realizar transacciones con ellos", afirmó el Departamento del Tesoro.

Esa medida incluyó bloquear 7.000 millones de dólares en activos de PDVSA en EEUU, la apropiación de facto de CITGO, una refinería filial de la empresa petrolera en territorio estadounidense. PDVSA quedó bloqueada del mercado energético estadounidense, impactando en el conjunto a compradores a nivel internacional.

Las sanciones continuaron multiplicándose: más de 30 buques y tanqueros de PDVSA fueron incluidos en la lista del Departamento del Tesoro, y el 5 de agosto del 2019 la Casa Blanca emitió la orden ejecutiva 13884 que embargó todos los activos venezolanos en EEUU, incluyendo CITGO.
El despliegue de medidas para cerrar los canales de PDVSA se dirigió luego sobre las empresas petroleras extranjeras, en particular, a principio del 2020, sobre las empresas rusas Rosneft Trading y TNK Trading International.

La arquitectura de asfixia estadounidense trabajó así sobre las dos vertientes. El bloqueo de PDVSA como principal fuente de generación de ingresos al Estado y al conjunto de la economía y la imposibilidad de aprovisionarse de gasolina. Eso último fue reseñado por la agencia Reuters:

"La escasez de gasolina en Venezuela está empeorando después de que los funcionarios estadounidenses les dijeron a las empresas extranjeras que se abstengan de suministrar combustible". Esa medida, informaron, comenzó a fines del 2019 y fue ratificada en el 2020.

La última noticia fue dada el pasado lunes por Mauricio Claver-Carone, responsable en materia de Seguridad Nacional para América Latina en la Casa Blanca, quien amenazó a las empresas extranjeras restantes en Venezuela:

"No hay excepción para la producción de Chevron, no hay excepción para ninguna empresa del mundo, hemos hablado con Repsol, Reliance, Eni, y les hemos mostrado lo que ocurrió con Rosneft Trading (…) les hemos dicho que si siguen en estas actividades lo están haciendo bajo riesgo de sanciones que podrían ser devastadoras para ellos".

PDVSA
2017, año de la primera orden ejecutiva contra PDVSA, coincide a su vez con la detención por acusaciones de corrupción de los dos últimos presidentes de la industria petrolera y a su vez ministros de petróleo: Eulogio Del Pino y Nelson Martínez, involucrado a su vez con una trama de corrupción en CITGO, que habían estado al frente entre el 2014 y el 2017.

A finales de ese año la Fiscalía también acusó a Rafael Ramírez, antiguo presidente de PDVSA y ministro de Petróleo, por ser responsable del desfalco de la empresa, de hechos como maquillaje de cifras, sabotaje, sobrevaloración de contratos. Los hechos por los cuales se acusó a Ramírez comenzaron en el 2009 y se prolongaron hasta el 2014, año en que fue sustituido por Del Pino.

Por lo tanto, según investigó el Ministerio Público a partir del nombramiento de su nuevo fiscal en el 2017, existió una trama de corrupción en la presidencia de PDVSA, involucrando a decenas de gerentes y el Ministerio de Petróleo entre el 2009 y el 2017. Ese año, asumió la dirección de la empresa Manuel Quevedo, quien fue reemplazado el pasado mes de abril por Asdrúbal Chávez.

¿Cuánto impactó la corrupción en el manejo de inversiones en pozos, refinerías, producción, decisiones adecuadas sobre una empresa compleja como PDVSA?

2017 fue entonces un año central: el inicio del bloqueo directo sobre la industria petrolera y el cambio de su presidencia luego de ocho años de direcciones involucradas en corrupción. Se trató simultáneamente de un trabajo de revisión interna, y de diseño de una arquitectura para evitar las sanciones a medidas que se multiplicaron abarcando más rutas y áreas.

Así, por ejemplo, el bloqueo afectó la importación de aditivos y químicos para la refinación de gasolina, y el robo de CITGO implicó cortar una vía central de abastecimiento de gasolina, repuestos e insumos para el refinamiento.

Casi tres años después del arresto de Del Pino y Martínez, los números de producción petrolera y de refinación de gasolina se mantuvieron en descenso.

PDVSA tiene además una particularidad: fue estructurada a partir de mediados de los años 70 según las necesidades de las trasnacionales estadounidenses, dependiente de sus maquinarias, insumos, tecnologías, gerencias. En consecuencia, sin haber modificado los pilares de dependencia, PDVSA fue un objetivo sobre el cual Estados Unidos tenía un alto conocimiento y formas de cortar suministros de insumos y maquinarias claves.

Por eso, parte de los acuerdos actuales de PDVSA con los aliados internacionales es, además de la exportación de crudo e importación de gasolina, la compra de piezas que puedan remplazar las estadounidenses y poner a funcionar las refinerías.

¿Llegarán los barcos iraníes?
Los cinco tanqueros iraníes (Clavel, Fortune, Forest, Petunia y Faxon) ya están en el océano Atlántico. Tienen una capacidad de 1.487.500 barriles de petróleo, según informó el portal venezolano de investigación La Tabla.

Los 5 tanqueros tienen capacidad de 175 mil toneladas métricas, que convertida a barriles (1 tn gasolina=8,5 barriles) es 1 millón 487 mil 500. Su valor es de 45 millones $$. Son datos de agencias de información financiera basados en proyecciones según dimensiones de los buques. pic.twitter.com/iGtHPKF65w

— La Tabla (@latablablog) May 20, 2020

La información del envío de los barcos petroleros generó una respuesta del Gobierno estadounidense, quien afirmó que evaluaba tomar medidas y, en simultáneo, difundió el envío de cuatro barcos de guerra al mar Caribe en el marco de la operación antinarcóticos que lleva adelante el Comando Sur y fue anunciada el pasado mes de marzo.

El Gobierno de Irán, por su parte, advirtió que "no tolerará los obstáculos, tanto Estados Unidos, como otros países, saben que no dudaremos. Si los obstáculos continúan o se incrementan la respuesta de Irán será contundente".

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró por su parte que cuando los tanqueros "entren a nuestra zona económica exclusiva serán escoltados por naves, buques y aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".

Aún no se sabe si Estados Unidos intentará detener el ingreso de los barcos petroleros, lo que podría ser el detonante de una escalada peligrosa entre varios países. La llegada de los tanqueros sería a su vez, en cuanto a la situación interna, una respuesta momentánea ya que, administrados con precisión, alcanzaría para cerca de 15 días.

La apuesta del Gobierno venezolano es reactivar las refinerías para abastecer la demanda interna. La de Estados Unidos es que no solamente no suceda, sino que el conjunto de la economía colapse para generar un quiebre en la dirección y en la sociedad. Llevan años trabajando en eso, algo que la oposición nucleada con Guaidó respalda, a pesar de la falta de legalidad y legitimidad dentro del país.

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Jorge Rodríguez "Guaidó contrató a mercenarios para incursión terrorista" (+VIDEOS Jorge Rodríguez / Con El Mazo Dando)

Zamora — Wed, 06 May 2020 01:35:46 +0000

Jorge Rodríguez "Guaidó contrató a mercenarios para incursión terrorista" (+VIDEOS Jorge Rodríguez / Con El Mazo Dando)

Zamora Mar, 05/05/2020 - 21:35

Últimas Noticias / Marco Teruggi

Este martes el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, explicó que el diputado de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, Juan Guaidó, contrató a mercenarios para una incursión terrorista en Venezuela, que queda en evidencia en el contrato firmado con la empresa de seguridad privada estadounidense Silvercorp USA, indicó en declaraciones desde el Palacio de Miraflores, Caracas.

Rodríguez explicó que las conexiones entre Jordan Goudreau, -dueño de la organización y militar de las fuerzas especiales de EEUU- y Guaidó, iniciaron el 22 de febrero de 2019, en el concierto organizado por el multimillonario Richard Branson en Cúcuta en 2019, donde Silvercorp participó como encargada de la seguridad, según reseñó AVN.

Con el visto bueno del diputado en desacato el dirigente del partido de oposición Voluntad Popular, Lester Toledo, le presentó a Goudreau de manera formal, al militar desertor venezolano, Clíver Alcalá, quien el pasado 26 de marzo, afirmó que existía un contrato firmado entre Guaidó y Goudreau.

En esa oportunidad Guaidó negó todo vínculo con el representante de la empresa y manifestó no conocer a Alcalá.

El ministro Rodríguez, reveló una conversación entre Guaidó, Sergio Vergara y Goudreau, donde ambos reconocen que iban a firmar un contrato donde detallaban cada punto, para asumir la responsabilidad de la Operación Gedeón, cuyo objetivo es dar un golpe de Estado al gobierno del presidente Nicolás Maduro y realizar asesinatos selectivos, incluyendo al del jefe de Estado y de algunos miembros del Ejecutivo.

En los audios Vergara afirma que tras sostener varias reuniones cree que están «listos para firmar. El contrato está en sus manos”, a lo que Guaidó responde: “sí, ya lo tengo”.

En la conversación Goudreau, le pregunta al diputado si tiene alguna preocupación, y Guaidó contesta que está preocupado, sin embargo, asegura estar «haciendo lo correcto por nuestro país. Tenemos que resolver esta situación”.

“Es decir que Alcalá no estaba mintiendo, que si había un papel escrito entre Guaidó y el señor Jordan Groudeau para la invasión de Venezuela”, enfatizó el Ministro.

Recordó que el documento, difundido en la cuenta @FactoresdePoder en Twitter, y publicado por la periodista venezolana Patricia Poleo, se observa la firma de Juan Guaidó, JJ Rendón, Sergio Vergara y Jordan Goudreau, para ejecutar la operación terrorista.

Durante la operación Negro Primero, accionada por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, la madrugada del domingo 3 de mayo, fueron neutralizados terroristas que intentaron ingresar al país por la costa, Guaidó la calificó como un montaje del gobierno.

Los detenidos, entre ellos Josnars Baduel, confirmó que en el grupo de mercenarios habían dos personas de nacionalidad norteamericana que trabajaban con Silvercorp USA y que eran parte de la seguridad de la Casa Blanca.

Ante esto, Rodríguez refirió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó más temprano su relación son Silvercoop, sin tener en cuenta que en la red social Instagram, de Silvercorp USA, se había publicado en octubre de 2018, una foto de Goudreau sirviendo de seguridad al mandatario estadounidense durante un acto de campaña.

“Queda mucho por decir e investigar. Venezuela está en paz por la fuerza y determinación de su pueblo, que seguirá saliendo airoso”, aseveró Rodríguez.

(Sputnik Mundo) - Operación Gedeón: la trama oculta del nuevo intento fracasado de EEUU contra Venezuela, por Marco Teruggi

En Venezuela está en marcha la Operación Gedeón: una incursión de mercenarios venezolanos y estadounidenses que tienen por objetivo derrocar el Gobierno de Nicolás Maduro. Ya han sido detenidos y muertos varios de ellos en las últimas 48 horas. La dirección proviene desde Washington.

La acción mercenaria contra Venezuela debía comenzar el 10 de marzo. Los planes fallaron porque la oposición local no logró activar el escenario callejero necesario. La llegada de la pandemia y la cuarentena trastocaron los planes de lo que finalmente, a partir del domingo 3 de mayo, se conoció como la Operación Gedeón.

Esa madrugada llegó una lancha a las costas de La Guaria, en el pueblo de Macuto, a corta distancia de Caracas. Allí las esperaba un despliegue de la Policía Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acciones Especiales, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Dirección de Contrainteligencia Militar y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en particular la Marina.

La lancha rápida donde venían los mercenarios abrió fuego. Era noche oscura. La respuesta del Gobierno bolivariano logró desactivar a los integrantes de la lancha que zozobró, y los patrulleros y helicópteros artillados con expertos en combate nocturno se desplegaron sobre la costa en busca de la segunda lancha.

El saldo fue de ocho mercenarios fallecidos, dos detenidos y un país que amaneció bajo conmoción. Fueron incautadas armas de alto calibre, teléfonos satelitales, vehículos. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, tomó la palabra y explicó el escenario de incursión armada en desarrollo. Afirmó que no había terminado.

Este lunes 4 sucedió la segunda acción de desactivación de otro grupo de mercenarios. Esta vez en las costas de Aragua, en el pueblo de Chuao, una zona conectada a través de las montañas con la capital del país. Allí fueron detenidos ocho integrantes, entre los cuales se encontraban dos estadounidenses, Luke Denman y Aaron Berry, exoficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU.

Junto a ellos estaba uno de los jefes de la operación, el capitán prófugo, Antonio Sequea, que había participado en el intento de golpe del 30 de abril del 2019. El día anterior había fallecido en el enfrentamiento otro jefe de la operación, el capitán prófugo Robert Colina, alias Pantera. En las siguientes horas del lunes tuvo lugar otra detención, esta vez de dos expolicías, Rodolfo Rodríguez y Yeferson Fernández, quienes cargaban con materiales logísticos, como armas y chalecos.

Así, a menos de 48 horas de haberse iniciado la Operación Gedeón, el Gobierno logró capturar a 12 mercenarios y 8 resultaron muertos. Todos habían partido desde Colombia, en la Guajira. La inteligencia venezolana sabía lo que estaba en camino y se había preparado para enfrentarlo. El nombre puesto por el Gobierno a esa acción de defensa fue Operación Negro Primero Aplastamiento del Enemigo.

¿Qué es la Operación Gedeón?
Caracas logró las primeras victorias para desactivar el plan golpista. Según informó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entre el 19 de abril y el 3 de mayo habían procedido a desmantelar parte de la base de apoyo mercenaria dentro del país: la Operación Gedeón estaba infiltrada.

¿Pero quiénes comandan y cuántos integrantes tiene esa acción mercenaria? En la tarde del domingo 2 de mayo fue difundido un video en las redes sociales donde dos hombres asumieron la autoría: el capitán prófugo Nieto Quintero y el contratista militar estadounidense Jordan Goudreau, dueño de Silvercorp USA. Ambos afirmaron que la operación seguía en marcha y realizaron un llamado a la FANB para sumarse a sus objetivos: la captura de Maduro y la dirigencia del proceso político.

Goudreau dio una entrevista en la noche para contar su versión de los hechos: el exmiembro de las Fuerzas Especiales de EEUU afirmó que estaba al frente de las acciones planificadas durante meses desde Colombia, y que esa operación había sido inicialmente acordada con Juan Guaidó, con quien había firmado un contrato por 212 millones de dólares, pero Guaidó nunca había cumplido su parte.
La existencia de ese contrato, que Goudreau mostró, había sido negada por Guaidó desde el mes de marzo, cuando el exmayor general Cliver Alcalá había confesado que estaba al frente de un intento de incursión militar desde Colombia en la cual Guaidó estaba inmerso. Esa incursión era la que llegó a las costas de Venezuela el pasado domingo en la madrugada.

De esta forma Guaidó quedó expuesto en lo que Goudreau confirmó como su participación inicial y luego traición. Tanto el autoproclamado presidente como el sector de la oposición que lo rodea negaron la existencia de la Operación Gedeón y acusaron al Gobierno de haber realizado un montaje para tapar las dificultades en el país.

Así, según la explicación del contratista, y luego la que fue dada por Quintero, la operación se desarrolló casi sin financiamiento, sin respaldo del Gobierno de EEUU, de Colombia, o de la oposición venezolana. Se trataría de una autogestión mercenaria que habría reunido, según afirma Quintero, "cerca de 3.000 miembros entre oficiales, suboficiales, tropas en el exilio".

La privatización de la guerra
Dos días antes del inicio de la Operación Gedeón fue publicado un artículo en la agencia de noticias AP, donde se daba cuenta de la existencia de Goudreau, su relación con Cliver Alcalá y una parte de la trama mercenaria. Ambos eran presentados como actores aislados dentro de un intento de incursión armada a Venezuela.

El intento de quitar toda vinculación estadounidense, colombiana y de Guaidó comenzó entonces desde antes de la ejecución de la primera acción. Se trató de exculpar desde la hora cero a los actores políticos y desligarlos de toda responsabilidad ante una acción de guerra de estas características y una posible derrota.

Así, ni el contratista tendría vínculo con el poder estadounidense, ni los campamentos de entrenamiento de mercenarios —denunciados en varias ocasiones por Maduro— se habrían desarrollado en Colombia sin que nadie lo supiera.

Esta versión prefabricada fue desmontada por el presidente venezolano en la noche del lunes cuando dio cuenta de quienes estaban involucrados. La operación fue armada por EEUU y accionada a través de su agencia antidrogas en territorio colombiano, la DEA, donde los instructores estadounidenses formaron a los equipos que ingresaron a Venezuela.

Según explicó Maduro, en la última visita del mandatario colombiano, Iván Duque, a la Casa Blanca el 2 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio la orden de iniciar las acciones que, luego de los retrasos, se llevaron a cabo.

En cuanto al financiamiento, una parte central vino de los "capos y carteles de la Alta Guajira colombiana", afirmó Maduro, zona donde estaban gran parte de los centros de formación militar. También se apoyaron en bandas criminales de varios estados de Venezuela, como Falcón, La Guaira, Caracas y Miranda.

No se trató entonces nunca de un autofinanciamiento mercenario motivado por el altruismo, como señalaron Goudreau y Quintero, sino de un formato implementado por Estados Unidos desde hace muchos años: la privatización de la guerra.

El esquema es el siguiente: Washington agudiza el bloqueo económico, pone precio a las cabezas de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, refuerza su presencia militar en el mar Caribe, anuncia un marco de transición, consigue respaldo diplomático, y trabaja las operaciones militares encubiertas a través de un contratista y desertores venezolanos desde la retaguardia que es el territorio de Colombia.

El presidente Donald Trump afirmó el día martes, como era esperable, no haber estado al tanto de la Operación y negó que su gobierno estuviera involucrado.

¿Estamos en guerra?
Una de las fotografías que más impactó fue la de un miliciano en ropa de civil con un arma en la mano ante la lancha con mercenarios en Chuao. El rol de lo que se denomina la inteligencia popular ha sido central, según explicó Diosdado Cabello.

El despliegue cívico-militar venezolano está en máxima alerta ante el desarrollo de lo que no terminó. Según el gobierno intentaron ingresar 56 mercenarios, 54 venezolanos y 2 estadounidenses, de los cuales una parte han sido arrestados y otros abatidos en el enfrentamiento del domingo en la madrugada. El objetivo de esos grupos era atacar el DGCIM, el SEBIN y el Palacio de Miraflores.

La estrategia de Caracas es desactivar las acciones antes de que sucedan, para evitar que se ejecuten los planes golpistas. Las capturas, hasta ahora, han sido tempranas: antes del ingreso mercenario y durante la llegada de parte de las lanchas.
Venezuela se encuentra ante una nueva fase de un asedio ininterrumpido. La apuesta de EEUU es lograr que el conjunto de variables logre finalmente derrocar a Nicolás Maduro para que se inicie la restauración y revancha prevista dentro de la estrategia diseñada desde Washington.

El Gobierno y el chavismo se enfrentan a un escenario con tres frentes simultáneos: la lucha contra la pandemia, que está bajo control por las medidas implementadas, la situación económica, que es delicada en gran parte por el bloqueo estadounidense, y la incursión mercenaria de la Operación Gedeón.

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