Criminalización y castigo en cuarentena

Daniel Gallardo y los muros de España

Zamora — Sun, 21 Jun 2020 00:42:42 +0000

Daniel Gallardo y los muros de España

Zamora Sáb, 20/06/2020 - 20:42

Vocesenlucha

Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo,
van por la tenebrosa vía de los juzgados:
buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen,
lo absorben, se lo tragan.
Miguel Hernández

España tiene una larga historia de cárceles y centros penitenciarios. Miles de presas y presos sociales y políticos han pasado por sus muros. No todos sobrevivieron a ellos. Desde la Antigüedad, el castigo formó parte de las sociedades estratificadas. Sin embargo, la idea de cárcel que hoy conocemos es un hecho relativamente moderno. En el Siglo XVI, encontramos cárceles donde eran recluidos presos de la corona, gitanos y esclavos sometidos a trabajos forzados, como la cárcel de Almadén, que comunicaba directamente con las galerías de la mina. La “humanización” del siglo de las luces cambió también la concepción del sistema penitenciario. Así, comenzaron a construirse edificios destinados a albergar pobres, mendigos, vagabundos y delincuentes; hombres y mujeres. El hacinamiento fue dando paso al modelo celular, donde predomina el aislamiento del preso. Es el caso de la Casa de Corrección San Fernando del Jarama, construida en 1776 en la actual San Fernando de Henares, al Este de Madrid, un ejemplo de prisión moderna que contaba con enfermería, patio para el recreo y hasta capilla para la moral de los reclusos.

No muy lejos de la modélica y moderna prisión de San Fernando de Henares, dos siglos después, se construye la cárcel de Alcalá-Meco, como se conoce coloquialmente al Centro Penitenciario Madrid II, una prisión de alta seguridad construida según un modelo suizo que no llegó a implantarse en el país. Su arquitectura única se emplea para custodiar a internos penados y preventivos. Un millar de presos de diferentes nacionalidades conviven al interior de sus muros. Durante la crisis sanitaria han sido ellos quienes les han pedido a los funcionarios que se cuiden para no ingresar la Covid-19 en un espacio donde las mascarillas de protección han tardado en llegar.

Daniel Gallardo Herczog tiene 22 años y habita entre sus muros desde el 17 de octubre de 2019. La tarde anterior fue detenido en las inmediaciones de la madrileña Puerta de Sol tras las cargas policiales al desconvocarse una manifestación de protesta y solidaridad con los presos políticos condenados días antes por el Tribunal Supremo a largas penas como consecuencia del referéndum de Catalunya del 1 de octubre de 2017, la conocida Sentencia del Procés. Daniel niega haber cometido los delitos que la Fiscalía le imputa y por los que piden seis años de cárcel y una multa de varios miles de euros.

Cuando preguntamos al letrado Mario López quién es su defendido responde: “Daniel es hijo de la migración española en Alemania, de madre alemana y padre español. Pronto regresa a España, para criarse entre Andalucía y Madrid. Estudia Secundaria en la Comunidad de Madrid y Bachillerato en Andalucía, donde comienza Filología Hispánica en la Universidad de Cádiz. Pero abandona los estudios y solicita hacer un Módulo de FP en Auxiliar de Enfermería, para finalmente emanciparse con 19 años y regresar a la Comunidad de Madrid, donde como trabajador precario, encadena contratos laborales temporales con contratos mercantiles por cuenta propia como comercial para poder pagar sus facturas y un alquiler en Getafe, localidad en la que vive hasta ser detenido”. Datos, entre otros, en los que se basa la defensa para solicitar la libertad provisional que el Juzgado de Instrucción 22 de Madrid ha denegado tres veces alegando riesgo de fuga y anunciando la proximidad del juicio oral que, ocho meses después, sigue sin fecha. “Ni siquiera con la pandemia le han dejado salir”, explica su abogado.

La crisis sanitaria de la Covid-19 ha endurecido las condiciones de la prisión. La restricción total del régimen de visitas y la entrada de paquetería ha afectado los ánimos de la población reclusa. “Dani ha estado muy solo. En todo el tiempo que ha durado la cuarentena no ha recibido ninguna carta ni tampoco hemos recibido ninguna suya. Quizás el correo iba mal, no sé”, revela su amiga Sara sin encontrar sentido a todo esto, preocupada de cómo la cárcel le pueda estar afectando. “Al principio fue internado en el módulo de los conflictivos. Su compañero de celda tenía problemas de dinero con otros presos y se vio en medio de eso. Pasó unos meses horribles. Cuando lo visitábamos estaba a la defensiva, y Dani siempre ha sido un chico muy bueno, de llevarse bien con todo el mundo, de lo mío es tuyo y buena vibra. Notamos que la cárcel lo estaba cambiando. Luego los funcionarios se dieron cuenta de que era un chico tranquilito y le cambiaron al módulo de respeto. Ahí, nos cuenta, los presos se cuidan unos a otros, juegan al baloncesto y hacen talleres. Además, él trabaja en la biblioteca. Aunque con esta situación no le hemos podido enviar más libros”.

En España, uno de los períodos más duros de esa costumbre del poder político de valerse de la prisión como elemento de tortura, criminalización del pensamiento crítico y represión política, fue el Franquismo. Ya desde el alzamiento militar y el Golpe de Estado contra la República, en las zonas controladas por los sublevados, las cárceles se atestaron. Con la Victoria de los “amantes de la muerte”, la dictadura retomó viejas prácticas como el trabajo esclavo. Los prisioneros políticos levantaron con sus manos verdaderos monumentos del fascismo, como el famoso Valle de los Caídos, donde Franco estuvo enterrado con honores de Estado hasta hace apenas unos meses. Los relatos de algunas presas y presos políticos durante el franquismo son estremecedores. El poeta español Miguel Hernández es encarcelado finalizada la guerra y muere tres años después en la cárcel de Alicante. El poeta del pueblo nos dejó algunos versos sobre la cárcel cuya lectura es de esas que se agarra en la garganta como aliento de animal herido:

Un hombre que ha soñado con las aguas del mar,
y destroza sus alas como un rayo amarrado,
y estremece las rejas, y se clava los dientes
en los dientes del trueno.

Algo ha llovido desde entonces. Sin embargo, la causa contra Daniel Gallardo engorda la larga lista de presos políticos de España. Su caso ha trascendido gracias a la solidaridad. Le acompañan sus amigos y la red de apoyo del Movimiento Antirrepresivo de Madrid -MAR Madrid-, que articula colectivos y asambleas de diferentes ámbitos que buscan una solución al problema político de la represión. “Cuando reprimen a alguien como Dani, que no está organizado, nos ponemos en contacto con él y con su entorno cercano e iniciamos una campaña de apoyo, para difundir, convocar movilizaciones, recaudar fondos, etc.”, relata Marco, vocero de un movimiento que lleva dos años tejiéndose. “No puede ser que cada vez que viene la represión tengamos que empezar de cero. Ahora hay una red de defensa conjunta, que está funcionando y tiene sus reivindicaciones. La represión es un problema político, solucionar cada caso en particular no es el fin, hay que responder por el colectivo, y hacer real la mítica consigna ‘cuando nos tocan a uno respondemos todos’. Se trata de pasar a la ofensiva por nuestros derechos y libertades, sistemáticamente violentadas por el Estado español. Porque cuando se intenta luchar por ellas nos reprimen a todos por igual, independientemente del ámbito, la ideología y los métodos que se utilicen”.

Después de la Sentencia del Procés, media Catalunya se levanta en solidaridad con los presos. Otras ciudades se suman a la causa. Los lazos amarillos se multiplican extendiendo un clima de solidaridad que incomoda a Gobierno y oposición. Aquella tarde de miércoles, cuando la manifestación en solidaridad con Catalunya se concentra en Sol, aparece un pequeño grupo de neonazis con banderas de Vox gritando consignas fascistas para irritar a los presentes. La propia seguridad de los manifestantes salvaguarda la concentración sin entrar en provocaciones. Sin embargo, el fuerte dispositivo policial ordenado por la Delegación de Gobierno en Madrid carga contra los manifestantes que espontáneamente deciden acercarse al Congreso. Comienzan las carreras y los grupos se disgregan. Decenas de vídeos que se pudieron grabar aquel día dejan un amplio testimonio gráfico del abuso de poder. A Daniel lo detienen cuando va a contener a unos policías que están golpeando a su amiga Elsa Vilki. “Pasa la noche en Moratalaz con los otros dos detenidos de aquella manifestación. Destacaremos que, no en la toma de declaración, donde la instructora policial está a cara descubierta, sino en los pasillos, hay policías encapuchados. Cuestión que no podemos probar pues no existen cámaras que den evidencia de semejante actuación policial pero que tiene el objetivo de amedrentar y está fuera de toda reglamentación”, apunta su abogado, quien actualmente está trabajando en el escrito de defensa.

¿Será Daniel una cabeza de turco de la estrategia de represión del Estado contra la solidaridad para con el proceso catalán? Este joven de 22 años, sin antecedentes, ingresa precipitadamente en la cárcel cuando el Ministerio Fiscal solicita para él la más grave medida cautelar, prisión sin fianza. Una lección ejemplificante para que a ningún otro joven se le ocurra tomar las calles para decir lo que piensa. Una práctica antigua esa que utiliza el miedo para acabar con la solidaridad, la organización y el pensamiento crítico.

Incluso en tiempos de pandemia la estrategia del miedo se prioriza frente al sentido del cuidado y la dignidad. Para la población reclusa han sido tiempos difíciles. “Además de que las medidas de protección sanitaria han sido mínimas y no se ha garantizado la salud de los presos”, nos cuenta Marco, “se han cancelado los encuentros vis a vis con familiares y las visitas a través del locutorio a pesar de que se dan con un cristal de 5 cm de grosor por medio. Sin embargo, los carceleros entran y salen sin ningún tipo de control sanitario con el riesgo de contagiar a los internos. Esta situación ha supuesto un empeoramiento de las condiciones de la población reclusa. Y ha afectado anímicamente. Se han cancelado actividades dentro de la cárcel, talleres, las comunicaciones intermodulares, y pasan mucho más tiempo encerrados en sus celdas”. Además, “desde diferentes organizaciones hemos exigido medidas básicas como la liberación de las personas mayores, enfermas, terceros grados y que no volvieran a las cárceles, mientras durase esto, los presos con permisos. Pero no se ha hecho nada”.

Los pueblos de España, en los últimos meses, han vivido una situación de confinamiento que no es comparable a lo que pueda sentir una persona privada de la libertad encerrada en un centro penitenciario, pero, según las situaciones y circunstancias, podría asemejarse. Quizás sea mucho pedir que la población acuarentenada en sus casas se solidarice con las alrededor de 60.000 presas y presos que habitan en las cárceles de España. Quizás conocer casos como el de Daniel y datos nada desdeñables como que la mayoría de presos que pueblan las cárceles son pobres, personas en situación vulnerable procedentes de sectores excluidos, puedan acercarnos a una comprensión de la realidad más ajustada. Quizás, la solución a nuestros problemas como sociedades esté más en la atención a las diferencias que en el castigo a “los condenados de la tierra”. De nuevo, con Miguel Hernández:

Limpiad el salivazo que lleva en la mejilla,
y desencadenad el corazón del mundo,
y detened las fauces de las voraces cárceles
donde el sol retrocede.

Hoy, después de las severas restricciones, las visitas vuelven a permitirse en los centros penitenciarios. Es necesario cita previa, por eso los amigos de Daniel no dejan de llamar al teléfono facilitado. Sin embargo, aún nadie descolgó la llamada.

* Vocesenlucha es un espacio de comunicación popular autónomo, un territorio que teje y es tejido, que se deja tejer y sigue tejiendo.

** Este es el séptimo artículo de la serie Criminalización y castigo en cuarentena, una iniciativa comunicacional de diferentes medios internacionales cuyo objetivo es acercarse, dentro de la actual crisis sanitaria mundial, a las realidades de aquellas personas sometidas a aislamiento forzoso (penitenciario, psiquiátrico o de internamiento de extranjeros). Su olvido y exclusión se incrementa en estos tiempos ante la suspensión del régimen de visitas. ¿Cuál es la situación en los diferentes países y las respuestas de los Gobiernos? En estos días de cuarentena, ¿el confinamiento de las sociedades puede ser un puente de solidaridad hacia las personas privadas de libertad? Esta serie de reportajes es un acercamiento hacia los establecimientos de reclusión en tiempos de pandemias.

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https://www.colombiainforma.info/

La lucha por la justicia de Gautam Navlakha

Zamora — Sat, 13 Jun 2020 02:05:14 +0000

La lucha por la justicia de Gautam Navlakha

Zamora Vie, 12/06/2020 - 22:05

Peoples Dispatch

El periodista y activista indio Gautam Navlakhan está encarcelado como parte de lo que muchos observadores han llamado represión contra la disidencia. El hombre de 68 años lleva años luchando una batalla legal contra el Estado Indio.

El 25 de mayo el periodista y activista indio de 68 años Gautam Navlakha fue transladado a la cárcel Tihar en Nueva Delhi, dándole cinco minutos para recoger todas sus pertenencias. Lo subieron a un tren y lo mandaron a Mumbai, que está a más de 1.300 km. Todo esto pasa mientras la Alta Corte de Nueva Delhi escuchaba su plegaria de libertad provisional. Su compañera y familia no fueron informadas sobre este traslado que ocurrió en medio de la pandemia de COVID-19 en India. A las personas de más de 60 años y con complicaciones médicas les han recomendado no viajar.

Gautam Navlakha es uno de los activistas y críticos del Gobierno que están siendo acosados por el Estado indio como parte de lo que se llama el caso Bhima Koregaon o el caso Elgar Parishad. Este caso está asociado con la violencia que se dio en el Estado de Maharashtra en enero de 2018, posterior a un evento que celebra la victoria de las castas oprimidas en una batalla del siglo XIX. Muchos informes señalan que la violencia en 2018 fue perpetrada por grupos de derecha hindúes que comparten la ideología del gobernante partido derechista Bharatiya Janata -BJP-. Sin embargo, la investigación pronto dio un giro diferente y comenzó a centrarse en activistas y críticos del Gobierno.

El Estado indio llevaba intentando arrestar a Gautam Navlakha desde hace bastante tiempo. Fue detenido sin previo aviso el 28 de agosto de 2018, junto con otros cuatro activistas. Estuvo bajo arresto domiciliario hasta octubre de ese año, cuando se le concedió alivio de esa forma de detención.

Sus súplicas por fianza anticipada seguían siendo rechazadas y, finalmente, el 14 de abril de 2020, se vio obligado a rendirse ante la Agencia Nacional de Investigación junto con el destacado académico Anand Teltumbde, quien también está siendo investigado en el mismo caso. Navlakha, Teltumbde y los demás activistas han sido acusados en virtud de la Ley draconiana de prevención de actividades ilegales que restringe severamente las posibilidades de obtener una fianza y otorga a la policía amplios poderes.

Si bien el caso fue inicialmente sobre la violencia en 2018, pronto se convirtió en una conspiración más grande que incluyó un supuesto complot para asesinar al Primer Ministro, Narendra Modi. El Gobierno no ha brindado ninguna evidencia concreta de este complot y los tribunales se han negado a examinar minuciosamente estos reclamos.

¿Cuáles son entonces los crímenes de Gautam Navlakha? En las últimas décadas, y especialmente desde que el Gobierno de Narendra Modi llegó al poder en 2014, Navlakha ha trabajado en el impacto de la violencia por parte de actores estatales y no estatales en algunas de las comunidades más oprimidas de la India. Fue uno de los miembros del Tribunal Internacional de los Pueblos para los Derechos Humanos y la Justicia, que en 2012 lanzó Presuntos perpetradores: Historias de impunidad en Jammu y Cachemira, informe que narra los abusos contra los Derechos Humanos cometidos por las fuerzas de seguridad indias en Cachemira.

Jugó un papel fundamental en un informe exhaustivo de los disturbios anti-Skh de 1984 en Delhi, titulado Quiénes son los culpables; así como en un informe titulado Guerra de Cachemira de la India en la década de 1990. Ambos documentos exponen el papel del entonces gobernante Partido del Congreso en el debilitamiento de las instituciones democráticas y en los abusos contra los Derechos Humanos. En 1992, las fuerzas de derecha hindúes dirigidas por líderes del BJP demolieron la mezquita Babri Masjid, en el estado de Uttar Pradesh. Navlakha también participó en el tribunal popular que lo investigó.

También ha narrado la opresión de las comunidades tribales en las partes ricas en minerales del centro del país, regiones que han sido testigos de la acción militante de los grupos maoístas. Navlakha escribió sobre muchos de las problemáticas que enfrentan las personas allí en su libro Días y noches en el corazón de la rebelión. Incidentalmente, mucho antes de su arresto, los medios de comunicación de derecha llevaron a cabo una campaña abusiva contra él, calificándolo de «Naxal urbano» (los naxals son militantes maoístas). La base de esta campaña fue un discurso que pronunció en una universidad donde hizo preguntas penetrantes sobre por qué los jóvenes en Cachemira estaban levantando armas contra el Estado indio.

Navlakha ha escrito sobre las luchas de las personas en los estados del Noreste de India contra el desplazamiento masivo debido a proyectos corporativos. También se ha centrado en el impacto de leyes draconianas como la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas, la Ley de Actividades Ilegales (prevención) y la Ley de Seguridad Pública.

Ha estado asociado con la Unión Popular por los Derechos Democráticos y la revista Economic and Political Weekly (Semanario sobre economía y política, por su traducción del inglés).

El arresto de Gautam Navlakha fue ampliamente condenado por los partidos políticos de izquierda y los grupos activistas. Su tratamiento en las próximas semanas fue igualmente impactante. Compañero y activista Sahba Husain dijo en una entrevista con Newsclick: “La última vez que Gautam me llamó fue cuando lo llevaron, casi secuestrado, a Mumbai, un día antes de la audiencia de su fianza. Expresó su seria preocupación por su salud, su presión arterial había aumentado a 200. Las autoridades incluso dejaron atrás sus recetas médicas. Nos sorprendió saber el tratamiento que le dieron, exponiéndolo al peligro de coronavirus, además subvirtiendo todo el debido proceso procediendo de manera ilegal “. Su abogado Mihir Desai dijo que Gautam sufre de poliposis colónica, gastritis crónica y presión arterial alta, y por lo tanto es particularmente vulnerable a la COVID-19.

Gautam está ahora en la prisión de Taloja en Mumbai. Tanto la cárcel de Tihar en Nueva Delhi, donde se encontraba anteriormente como la prisión de Taloja, han registrado casos de COVID-19. A raíz de la pandemia, varios estados de la India comenzaron a liberar prisioneros bajo diversas condiciones de libertad condicional para reducir la población carcelaria, pero el ataque contra los críticos del Gobierno no ha cesado. Además del caso Elgar Parishad, la policía también arrestó a varias personas que a principios de este año estuvieron involucradas en protestas contra la divisiva Ley de Ciudadanía del Gobierno.

El día de su rendición ante la Agencia Nacional de Investigación, Gautam Navlakha escribió sobre la guerra y la paz en la época de COVID-19. “El momento ha llegado -dijo-. La pandemia lo ha hecho urgente. Porque cualquier cosa que nos distraiga de lo que hay que hacer aquí y ahora para mitigar el sufrimiento de la clase trabajadora con exceso de trabajo y mal pagada de la India no merecen la pena. Idealmente, esto no debería ser un paliativo a corto plazo, sino que debería marcar el comienzo de un cambio radical en nuestra actitud y política para garantizar una vida digna, algo que los haya superado… Esto requiere el trabajo de todos los ciudadanos conscientes y la administración. .. Esta pandemia nos ofrece una oportunidad”.

La lucha de Gautam Navlakha por la justicia continúa.

* Peoples Dispatch es una organización internacional de medios de comunicación cuya misión es ofrecer un espacio donde se pueda hacer visible la voz de los movimientos y organizaciones de personas de todo el mundo.

** Este es el sexto artículo de la serie Criminalización y castigo en cuarentena, una iniciativa comunicacional de diferentes medios internacionales cuyo objetivo es acercarse, dentro de la actual crisis sanitaria mundial, a las realidades de aquellas personas sometidas a aislamiento forzoso (penitenciario, psiquiátrico o de internamiento de extranjeros). Su olvido y exclusión se incrementa en estos tiempos ante la suspensión del régimen de visitas. ¿Cuál es la situación en los diferentes países y las respuestas de los Gobiernos? En estos días de cuarentena, ¿el confinamiento de las sociedades puede ser un puente de solidaridad hacia las personas privadas de libertad? Esta serie de reportajes es un acercamiento hacia los establecimientos de reclusión en tiempos de pandemias.

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https://www.colombiainforma.info/

Música kurda tras las rejas turcas en tiempos de pandemia

Zamora — Thu, 04 Jun 2020 14:46:29 +0000

Música kurda tras las rejas turcas en tiempos de pandemia

Zamora Jue, 04/06/2020 - 10:46

Julián Gil

Si al pasar por la calle alguien desprevenido pero inquieto por el mundo nos preguntara en qué lugar tenemos el corazón, en qué lugar están nuestras luchas; seguro habría una historia por contar. Un momento de la vida nuestra o de otros que pudiera evocar la forja de las utopías y la fragua de la realidad.

En el Oriente del mundo habita un pueblo milenario que se niega a sucumbir ante el exterminio del consumo y la devastación. Allí han nacido luchadoras que no paran, ni silencian sus voces.

Helin Bölek tenía 28 años cuando el 3 de abril pasado falleció, tras 288 días de huelga de hambre. Exigía la libertad y el fin de la criminalización de los miembros de su agrupación musical Yorum, surgido en 1985 tras el Golpe de Estado en Turquía.

Los integrantes del Yorum, que mezclan folkcor kurdo y música moderna, son acusados por el Gobierno turco de terrorismo y vínculos con el Partido-Frente Revolucionario de Liberación del Pueblo -DHKP-C-. Desde 2016, unos 30 miembros de la banda han sido arrestados y el centro cultural donde ensayan ha sido allanando por lo menos en 10 ocasiones.

Hace pocos días también falleció Ibrahim Gökçek, bajista de la agrupación. Tenía 39 años y murió el pasado 5 de mayo, tras 323 días de huelga de hambre. Miles fueron a rendirle homenaje en su funeral. Estas personas fueron reprimidas.

En palabras de Gökçek, “Helin murió porque quería cantar sus canciones”. “Solo queríamos hacer nuestro arte. No nos dejaron otra opción que la muerte”, añadió. “Nuestra resistencia no terminará sin un logro concreto. La banda debería tener la posibilidad de nombrar una fecha y un lugar donde dar un concierto. Además, los miembros del grupo encarcelados, Ali Aracı y Sultan Gökçek deben ser liberados”, continuó.

Gökçek también manifestó días antes de morir que “esta es la única manera de detener las muertes. No queremos compasión, ni conciencia. Exigimos justicia. Queremos justicia y que se cumplan las reivindicaciones legítimas del Grup Yorum”. “La banda -explicó- exige la liberación de sus miembros arrestados, la eliminación de las órdenes de arresto contra algunos otros miembros, el fin de las incesantes redadas policiales en el Centro Cultural İdil, y el fin de las prohibiciones arbitrarias de sus conciertos y eventos culturales”.

Días posteriores a sus decesos, la banda denunciaba la persecución política. “No eran unas exigencias tan difíciles de cumplir. El fascismo del partido Justicia y Desarrollo ha provocado su muerte”, cometaron.

Helin e Ibrahim son el símbolo actual de una lucha de miles de presos y presas kurdas que desde los años Ochenta son víctimas de montajes judiciales, torturas y han recurrido con frecuencia a la huelga de hambre a muerte como mecanismo de protesta ante la infamia del régimen turco.

En 2019, llegaron a ser más de 7.000 presos en huelga de hambre simultánea por varios meses, exigiendo la liberación de Abdhullah Oçalan, líder kurdo que se encuentra en aislamiento hace más de 20 años en la cárcel de Imrali.

En el marco de esta pandemia, Turquía dejó en libertad a cerca de 90.000 presos. Pero excluyó enfáticamente a sus detractores políticos: periodistas, activistas, kurdos y toda clase de personas privadas de la libertad. Estas siguen encarceladas sin acceso a elementos básicos de salubridad, equipos de protección ni atención a las personas enfermas.

Asimismo, están en una ruptura casi total de la comunicación con sus abogados y familiares debido a la suspensión de visita y el alto costo de las llamadas telefónicas. El sistema de justicia turco ha ido negando sistemáticamente las solicitudes de libertad, argumentando motivos políticos de seguridad, sin importar el latente riesgo de pérdida de la salud o de la vida.

Son estas vidas como las de muchas luchadoras más en el mundo, que siguen atravesando fronteras, franqueando la ilegalidad y colándose tras los barrotes como haces de luz que abrigan las resistencias de otras y otros tantos en calabozos y centros de castigo.

Llegar hasta Imrali u otras cárceles turcas no ha sido posible. Pero sus voces resuenan en nuestros pasos y letras. Helin e Ibrahim son la inspiración de muchxs que resisten tras las rejas en tiempos de pandemia, sus historias reflejan las utopías alcanzables en nuestras luchas.

Yorum también me canta sobre las lucha en NuestraAmérica

Alguna vez, caminando por los pasillos del pabellón, reflexionaba que estar en una cárcel colombiana era estar en una cárcel del imperio. Pensaba en su estructura diseñada para enfriar los corazones: alejada del sol y el calor de los seres amados.

Los cantos de Yorum llegaron a la celda donde habito cargados de mensajes de lucha y dignidad, así como las letras de Cortázar llegaron a la celda de Borge en Nicaragua hace algún tiempo.

Hoy, volviendo sobre estos pensamientos, encuentro grandes similitudes entre algunas cárceles de las que he escuchado en los últimos días. La Imrali, en Turquía; la Tipitapa, en Nicaragua; y La Picota, en Colombia. Todas están atravesadas por la intención de silenciar y aniquilar lo que los pueblos sueñan, todas quieren imponer un pensamiento único y borrar toda posibilidad de subvertirlo.

Pienso en los muros altos con rejas tupidas de barrotes, en las cámaras vigilantes que fiscalizan hasta los suspiros, en los roedores que invaden las cocinas portando uniformes y garrotes, en los calabozos de aislamiento que profundizan el vacío, en los grilletes y cadenas apaciguantes del miedo de los carceleros.

Imposible no percatarse de tanta similitud en el miedo que pretenden sembrar en los Montes Qandil o en la Sierra del Perijá, en el silencio agudo que se busca imponer en las calles de Estambul o Bogotá, en la plaga de tiras (fuerza pública) que invaden los salones de clase y las plazas de las universidades. Y es que su estrategia consiste en cercenar nuestra alegría y creatividad popular con redadas y allanamientos a los centros culturales y sedes sociales; perseguir el pensamiento crítico, los liderazgos sociales, la gestión comunitaria y la organización barrial.

A Tomás Borge lo encarcelaron en 1976. La voz altiva de Julio Cortázar en su cuento Reunión (1966), lo alentó a no intentar siquiera cambiar su destino, ese que Somoza había querido truncar con el encierro y la muerte de sus compañeros.

Por los años 70’s, Nicaragua respiraba hondos aires de libertad que incendiaron la tranquilidad de los apoderados de las tierras, esos que desde el Norte extendían los tentáculos para impedir cualquier escape en sus campos de explotación. En ese entonces, retumbó como azotes en el hormigón, las palabras de Borge cuando dijo: “Mientras haya revolución en la tierra habrá cronopios, porque la revolución es lucha por libertad y conquista de ella; procura el amor y su realización plena; y los cronopios quieren expresar y encarnar estos avatares precisamente”.

Años más tarde, cuando el presidio terminaba, un nuevo momento para los pueblos latinoamericanos asumía las riendas de Nicaragua. En Cuba quien conducía era la esperanza abriendo trochas por las montañas del continente. Desde Chile, Allende anunciaba para el mundo que: “¡VenSeremos, VenSeremos, romperemos las cadenas!”. Y todo eso llegaba como una nueva mañana a las organizaciones kurdas que se levantaban tras el golpe dado por los militares en los 80’s.

Tiempos de lucha, organización y movilización se construían en medio del tropel de piedras y gases. El confederalismo democrático como posibilidad para no perecer ante las bombas de racimo y la negación histórica. Y sonaba así un canto en las calles, en los conciertos, en las cárceles y en las habitaciones de ayuno a muerte. Un canto, el del grupo Yorum, evoca la palabra que enciende el fuego como chispa en hierba seca: “Montaje y piedras son tus amores y los lobos hambrientos esperan abajo, tu en las montañas, yo en los calabozos, no estamos solos”.

Esta melodía, en voz de Helin Bölek y el bajo de Ibrahim Gökçek, cobró el sentido de defender la dignidad y jamás bajar el puño en la pelea por lograr que se ice la bandera de una patria liberada.

Tanto en común en nuestros presidios, pero mucho más en común en nuestras luchas y esperanzas. Las palabras de Cortázar evocando al Che, las de Borge a Cortázar, los cantos de Yorum abrazando la unidad popular vivida por Allende y luego teorizada por Oçalam. Todo esto ha llegado hasta esta celda como la voz del exiliado que nunca abandonó su tierra, la de los cantores de luchas incansables del pueblo kurdo.

Cortázar, Gelman, Nicanor Parra, Yupanqui, Pasajeros y Yorum llenan en estos tiempos de angustia de una fuerza inagotable. De amor infinito por las letras, las palabras y los silencios. En común tenemos todo: las manos que escriben en los muros libertad, los cantos rebeldes que enarbolan la soberanía popular, los feminismos populares que forjan nueva humanidad.

Somos cuanto leemos y cantamos, cuanto conocemos nuestra historia y las historias de los otros, cuanto escuchamos las voces de los ausentes, cuanto reconocemos en los otros las causas justas de no morir en vano.

Espero, como Borge esperó el encuentro con Cortázar, encontrarme con los hermanos kurdos en las calles empedradas de Latinoamérica o en una marcha agitada del Kurdistán que se libera. Encontrarme en sus abrazos, sus miradas y sus sueños. Verles en los que no dejan de caminar y forjar palabras de libertad. Porque la poesía no muere en estos rincones del oprobio, reverdece como hierba en el pavimento, que nace a pesar de que la quieren cortar.

* Julián Gil es preso político colombiano

** Este artículo es el quinto de la serie Criminalización y castigo en cuarentena, una iniciativa comunicacional de diferentes medios internacionales cuyo objetivo es acercarse, dentro de la actual crisis sanitaria mundial, a las realidades de aquellas personas sometidas a aislamiento forzoso (penitenciario, psiquiátrico o de internamiento de extranjeros). Su olvido y exclusión se incrementa en estos tiempos ante la suspensión del régimen de visitas. ¿Cuál es la situación en los diferentes países y las respuestas de los Gobiernos? En estos días de cuarentena, ¿el confinamiento de las sociedades puede ser un puente de solidaridad hacia las personas privadas de libertad? Esta serie de reportajes es un acercamiento hacia los establecimientos de reclusión en tiempos de pandemias.

*** Fotos de ANF Images

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"Los prisioneros políticos Mapuches no están solos"

Zamora — Wed, 27 May 2020 03:35:58 +0000

"Los prisioneros políticos Mapuches no están solos"

Zamora Mar, 26/05/2020 - 23:35

Marcha Noticias

La comunidad mapuche demanda protección para los presos políticos en las cárceles de la Araucanía chilena tras ser expuestos al riesgo de la COVID-19 por falta de los cuidados correspondientes. Entre ellos, el lonko Facundo Jones Huala se encuentra en cuarentena después de entrevistarse con una funcionaria judicial que tenía síntomas antes de la visita.

La pandemia se ha instalado a nivel global. También desde la Araucanía llegan las voces que claman por protección y amparo tras los muros. Hoy, el pueblo mapuche históricamente criminalizado de los dos lados de la cordillera, pide por la protección de quienes se encuentran privados de su libertad por defender su cuerpo-territorio ancestral. Desde las cárceles de Temuco y Angol, con prisión preventiva o con condena firme, piden para que se preserve su derecho a la vida frente a la pandemia.

Temuco

Familiares, amigos y red de apoyo al Machi Celestino Córdova denunciaron el pasado 25 de abril la negativa del Gobierno a proteger la vida y la integridad física de los presos mapuches frente al rápido avance de la Covid-19. Esta realidad provocó que la Gendarmería chilena dejara ingresar a una funcionaria de la institución que estaba siendo evaluada por síntomas de Covid 19 para entrevistarse con el lonko Facundo Jones Huala y otros privados de la libertad en la cárcel de Temuco. Recién dos días después, el lonko fue separado de los demás presos mapuches, expresaron en su comunicado. Finalmente, los resultados de las pruebas de hisopado que le realizaron a Facundo Jones Huala dieron negativo y deberá permanecer en aislamiento preventivo durante 15 días.

El Comité por lxs Presxs de los Pueblos Indígenas, en Argentina, emitió un comunicado en donde solicitan al Estado argentino que inicie acciones para repatriar a Facundo Jones Huala, encarcelado en ese país. En el documento denuncian “el actuar criminal del gobierno de Sebastián Piñera” y llaman a la solidaridad internacional ante la injusta situación de discriminación que sufre el pueblo mapuche. El lonko Facundo Jones Huala fue extraditado al país trasandino y condenado con escasas pruebas y en base a muchas suposiciones, la construcción del enemigo que luego facilite la apropiación de sus tierras. Las tierras patagónicas tanto de un lado como del otro de la frontera, tienen riquezas naturales incalculables: agua, gas, petróleo, entre otros. El escollo para la explotación son los pueblos originarios.

Desde las distintas recuperaciones mapuches se sumaron y denunciaron que el Gobierno chileno no sigue las recomendaciones propias de los organismos internacionales como Organización de Naciones Unidas -ONU- y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- para que protejan a la vida de las poblaciones carcelarias frente al peligro de la pandemia, por las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria de la región.

En ese sentido, familiares y redes de apoyo manifestaron que “la CIDH recuerda a los Estados que toda persona privada de libertad bajo sus jurisdicciones tiene derecho a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos fundamentales, en especial a la vida e integridad personal”.

Previamente, en un comunicado desde la cárcel de Temuco, los presos políticos mapuches ya denunciaban que hasta el momento solo se habían liberado a “criminales de lesa humanidad y antimapuches como el paco asesino de Catrillanca y a los nefastos agentes de la operación Huracán”, amparándose en la excusa de la pandemia. “¿Es que la vida del pueblo mapuche no importa?” se preguntan. Señalan la decisión política que les retiene en la cárcel habiendo cumplido con los requisitos necesarios para acceder al beneficio de la libertad para evitar el peligro del contagio. Hacen extensivo el pedido a todos los presos de un sistema penal que se encuentra desbordado, como en toda la región.

Por su parte, el pasado 4 de mayo el Machi Celestino Córdova reinició la huelga de hambre líquida -que había dejado en suspensión el día 20 de marzo- en demanda de que se cumpla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, en relación a los presos pertenecientes a pueblos originarios, con las mismas demandas de protección.

Angol

Desde este territorio, las Comunidades Mapuche en resistencia de Malleko denunciaron la discriminación que pesa a los presos mapuche en la cárcel de Angol y las medidas abusivas a las que los someten.

El pasado 4 de mayo los presos mapuches de la cárcel de Angol también comenzaron una huelga de hambre líquida para exigir el cumplimiento de medidas de protección frente al peligro que la Covid-19 representa en ese contexto y denunciaron que es necesaria la “libertad de los prisioneros políticos mapuche o el cambio por una medida alternativa distinta a la prisión, como lo estipula el Convenio de la OIT n° 169, artículos 8, 9 y 10 y considerando también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. A su vez, entre las peticiones se exige la restitución y desmilitarización territorial que siempre protege a intereses económicos de empresas transnacionales.

En el comunicado hacen un llamado a las distintas las comunidades en resistencia para estar atentos frente a la injusticia del Gobierno chileno contra sus hermanos Prisioneros Políticos Mapuche de la cárcel de Angol: “Que no se equivoque el gobierno, los Prisioneros Políticos Mapuche no están solos”.

Derechos de los pueblos

La situación, además, obligó a la CIDH a radicar un pronunciamiento el pasado 8 de mayo en donde instan a los Gobiernos a adoptar medidas de protección para los pueblos indígenas frente a la pandemia. La Comisión advierte sobre la situación “de especial vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas, particularmente aquellos en aislamiento voluntario y contacto inicial”. Recuerda la histórica vulneración de derechos que pesa sobre los estos pueblos y que se refleja en la situación de extrema pobreza, en contraste con el resto de la población no indígena.

* Marcha Noticias es un medio de comunicación feminista y popular conformado por trabajadores y trabajadoras de prensa y de la cultura, periodistas, comunicadores y comunicadoras, fotógrafos y fotógrafas, ilustradores e ilustradoras que buscan tener una mirada militante y popular del acontecer.

** Este es el cuarto artículo de la serie Criminalización y castigo en cuarentena, una iniciativa comunicacional de diferentes medios internacionales cuyo objetivo es acercarse, dentro de la actual crisis sanitaria mundial, a las realidades de aquellas personas sometidas a aislamiento forzoso (penitenciario, psiquiátrico o de internamiento de extranjeros). Su olvido y exclusión se incrementa en estos tiempos ante la suspensión del régimen de visitas. ¿Cuál es la situación en los diferentes países y las respuestas de los Gobiernos? En estos días de cuarentena, ¿el confinamiento de las sociedades puede ser un puente de solidaridad hacia las personas privadas de libertad? Esta serie de reportajes es un acercamiento hacia los establecimientos de reclusión en tiempos de pandemias.

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Bachir Khada, preso saharaui: "Sufrimos las peores vejaciones y torturas"

Zamora — Thu, 21 May 2020 14:11:56 +0000

Bachir Khada, preso saharaui: "Sufrimos las peores vejaciones y torturas"

Zamora Jue, 21/05/2020 - 10:11

Équipe Média

Khada es un periodista encarcelado en Tiflt (Marruecos) y forma parte del grupo “Gdeim Izik”, como se conoce a los 24 presos políticos saharauis procesados tras el ataque marroquí, en octubre de 2010, al campamento de protesta con el que los saharauis desafiaron al ocupante. Fueron trasladados desde el Sahara Occidental a Marruecos, siendo objeto de un proceso que para la comunidad internacional es una farsa y durante el que Khada declaró “fuimos quienes nos planteamos las semillas de la primavera arabe, y seremos quienes cosechan los frutos, nuestra independencia».

Recientemente el Rey de Marruecos concedió un indulto a 5.600 presos para descongestionar las cárceles ante la pandemia del coronavirus. Entre estos no figura ninguno de los 52 presos saharauis que hay dispersos en cárceles marroquíes. Para Khada, condenado a 20 años de prisión, en confinamiento permanente a más de 1.200 km de su hogar y seres queridos, no hay diferencia entre el antes y después de la pandemia.

Bahia Mahmud Awah, escritor y antropólogo

Cuando se escribe sobre una persona privada de libertad, este osado acto resulta muy difícil, porque uno ha de tener una mirada especial y sentir el dolor del corazón de una madre o un padre que hayan perdido su esperanza en la justicia cuando sus seres más queridos languidecen injustamente detrás de las rejas. Y solo les queda como recompensa la justa certeza de que su hijo ha caído o ha sido encarcelado por su convicción política. Es el caso del preso político saharaui El Bachir Al Mokhdar Hadda, un joven saharaui preso por sus ideas y su activismo por los Derechos Humanos, privado de libertad desde hace una década y acechado día y noche por verdugos marroquíes. Y aún duele más pensar en su encierro desde la psicología social de un saharaui o mauritano, desde la noción que tenemos respecto a la infinidad del espacio con el que entendemos la libertad. Y sobre todo cuando el espacio se circunscribe entre lóbregas paredes y torturadores. Don Quijote se lo recordó a su escudero Sancho Panza: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”.

El don más apreciable que siente un saharaui, como lo sienten sus camellos, es la infinidad de la libertad en su desierto, por el que uno, convencido de su lucha, cae y se levanta constantemente. Y como pasaje anecdótico en la literatura saharaui pienso en el caso de Ziyigh, el dócil dromedario del clásico saharaui Mohamed Uld Mohamed Salem, convertido en una hermosa leyenda de gesta literaria, cuando su dromedario fue encerrado en un incomprensible recinto cercado de púas. El poeta, con tristeza al ver las lágrimas que corrían de los oscuros y grandes ojos de su camello insignia, entendió aún más el significado de libertad que ambos, amo y camello, compartían. Ziyigh fue retenido por haber propinado una coz a un avestruz criada por un alto cargo colonial francés, que tocó al camello la parte más sensible de su cuerpo, sus patas traseras. El poeta Uld Mohamed Salem dolido, por el inesperado encierro al que se vio sometido su mejor amigo y venerado dromedario, le homenajeó con estos versos en un íntimo diálogo que comparte dolor y esperanza de libertad: “Oh, tú, mi camello Ziyig, / aplaca las cataratas de lágrimas / que vierten tus oscuros ojos, / reprime tu berrido / y aguanta el silencio/ que te impusieron. / Pronto serás libre / y libre serás de tu desvelo por la lejanía de Tueizirfat (1)”.

Más de un cuarto de siglo permaneció en la cárcel Nelson Mandela. Tras sus largos años de cautiverio en la triste cárcel de Rhode Island, al ser puesto en libertad reflexionaba que “el aspecto más inquietante de la vida en prisión es el aislamiento. No hay principio ni final, sólo tu propia mente, que a veces resulta engañosa”. El Bachir Al Mokhdar Hadda fue procesado en 2010 por haber manifestado y gritado libertad para el Sahara Occidental en los históricos acontecimientos del levantamiento saharaui contra la ocupación marroquí, conocido como “el Grito de Gdeim Izik”. Hadda, aislado en su celda, reflexionaba sobre esta prolongada tortura del confinamiento: “Desde el comienzo de mi secuestro y encierro en la Cárcel Salé 2, Marruecos, donde mis compañeros y yo sufrimos a diario las peores vejaciones y torturas, mi momento más duro tuvo lugar el día en que los carceleros me llamaron anunciándome la visita de mi madre que venía de la ciudad saharaui ocupada de El Aaiun. Era la primera vez, después de tres meses desde el día de mi secuestro, que mi madre sabía de mi paradero y recorrió más de 1.500 kilómetros para venir a verme a la cárcel en Marruecos. El día de las visitas transcurre para nosotros el grupo de los presos políticos saharauis de Gdeim Izik como un infierno. Nos vendan los ojos, nos esposan las manos y los carceleros, ante el respiro que supone ver a un familiar, se vengan golpeándonos a lo largo del trayecto desde nuestras celdas a la sala de visitas. Dos mallas de alambre me separaban de mi madre como barreras y cuando ella entró en la sala, al verla enseguida le sonreí. Mi propósito era levantar e infundir ánimo en su moral, también era para ocultarle el dolor que sufro con las torturas a diario. Ese día había un verdugo, de nombre Hassan Mahfadi, que se encargó de vigilar cualquier detalle del encuentro con mi madre, separados por la barrera de alambre. Después de concluida la visita, ese verdugo y otro me vendaron los ojos, me esposaron y me llevaron de vuelta a mi celda de aislamiento, donde dio inicio mi calvario. Me golpearon, me abofetearon, me patearon, me insultaron y todo fue por la sonrisa con la que había recibido a mi madre y con la que ella, orgullosa, me respondió porque estamos convencidos de nuestra lucha y no rendidos. Los dos verdugos, burlándose de mi indefensión y debilidad ante sus golpes, me repetían: ‘¡ahora sonríe como lo hacías a tu madre, ya que ella no sabe lo que te estamos haciendo!’. Porque la sonrisa de los presos saharauis durante las visitas se ha convertido para los carceleros marroquíes en un cargo contra nosotros y un motivo de tortura, porque reflejan que no tenemos miedo a defender nuestras ideas y nuestra oposición a su ocupación de nuestra patria saharaui”.

El Bachir Al Mokhdar Hadda en su celda.

Nelson Mandela, Madiba, en su alegato ante el tribunal del régimen del apartheid afirmó: “En nombre de la ley fui tratado como un criminal… no por lo que hice, sino por lo que defendí, por mi conciencia”. La expresa política y defensora de los derechos humanos saharaui, Sukeina Mint Yedehlu, hija de un poeta clásico de la literatura saharaui, recordaba así sus años de desaparecida en la terrible cárcel secreta marroquí de Kalaat M’gouna: “Fue la cárcel en la que más tiempo estuve junto a otros saharauis y donde nos sentíamos como ‘muertos en vida’. (…) Tenía tres objetivos principales: aprender, tener un juicio justo y recibir la visita de familiares. Cada noche me acostaba sin saber si amanecería”.

A la angustia de la incertidumbre que viven los presos saharauis, se une la preocupación por los suyos. “No puedo describir con precisión desde mi celda cuánto echo de menos a mi familia y amigos”, afirma El Bachir Al Mokhdar Hadda, “pero tengo fuerza para decirle a cualquiera que se ponga en el lugar de mi familia y amigos, que también viven en una cárcel aunque sin rejas. Fueron privados injustamente de visitarme por razones de lejanía y las presiones que se ejercen contra ellos. Por ahora intento resistir el agotamiento que me ocasiona el largo tiempo encerrado y aislado en una celda, además de las torturas, las vejaciones y el racismo ejercido contra nosotros por ser saharauis. Llevo condenado nueve años y cinco meses en una cárcel de alta seguridad, debido a mi clara posición política en la lucha del pueblo saharaui, que incluso he expresado en mis declaraciones ante los tribunales marroquíes. Con muchas dificultades intento refugiarme en los estudios de Máster a los que me enfrento sin contar con una silla, ni acceso a la biblioteca de la cárcel. Sólo dispongo de una hora por la mañana y otra por la tarde que debo repartir entre tomar algo de sol y mi aseo personal, hora a la que en ocasiones renuncio por el insuficiente tiempo y el estrés que me producen los carceleros. Solo sueño con mi libertad”.

No olvidamos a nuestros presos, fuente de inspiración de nuestros airados e insumisos versos de compromiso con ellos: “En el silencio exiliado, cada noche sueño gritar vuestros nombres, / que anidan desterrados donde el tiempo/ en la infinidad se reduce entre diminutas, / oscuras, transparentes y condenadas paredes. (…) Soñé cuerpos desnudos, inertes y frágiles, /donde el verdugo esculpió su nombre”. (“Aaiun, gritando lo que se siente”. Bahia Mahmud Awah. 2006)

* Équipe Média, a veces citado como Equipo Mediático, es una agencia de prensa de Sahara Occidental aparecida en 2009, que realiza un trabajo clandestino en los territorios bajo ocupación marroquí. Entre sus objetivos está romper el bloqueo informativo que el Reino de Marruecos ejerce en el Sahara Occidental.

** Este es el tercer artículo de la serie Criminalización y castigo en cuarentena, una iniciativa comunicacional de diferentes medios internacionales cuyo objetivo es acercarse, dentro de la actual crisis sanitaria mundial, a las realidades de aquellas personas sometidas a aislamiento forzoso (penitenciario, psiquiátrico o de internamiento de extranjeros). Su olvido y exclusión se incrementa en estos tiempos ante la suspensión del régimen de visitas. ¿Cuál es la situación en los diferentes países y las respuestas de los Gobiernos? En estos días de cuarentena, ¿el confinamiento de las sociedades puede ser un puente de solidaridad hacia las personas privadas de libertad? Esta serie de reportajes es un acercamiento hacia los establecimientos de reclusión en tiempos de pandemias.

(1) Región Sur del Sahara Occidental donde vivían el poeta y su camello.

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Víctor Polay: Confinamiento en la Base Naval de Perú

Zamora — Tue, 19 May 2020 13:58:39 +0000

Víctor Polay: Confinamiento en la Base Naval de Perú

Zamora Mar, 19/05/2020 - 09:58

Entre los casi 100.000 presos repartidos en las 68 cárceles de Perú (con capacidad para 38.000 reclusos) la desesperación es total. Sin unanimidad en las cifras, se habla de alrededor de una decena de fallecidos por Covid–19 y cientos de contagiados. Las duras imágenes, como consecuencia de las recientes protestas en el penal de Castro Castro solicitando seguridad y medicinas, son impactantes. Un balance de nueve muertos y decenas de heridos, deja un ambiente enrarecido. En el aire queda el anuncio de liberación de presos para aliviar la situación. En Lima, existe otra cárcel con condiciones especiales. Ubicada en la Base Naval de Callao, cuenta con apenas seis presos (cinco políticos y Vladimir Montesinos, quien fue jefe de la inteligencia con Fujimori y ordenó construir esta instalación carcelaria). En condiciones de aislamiento desde hace años, uno de los presos políticos es Víctor Polay Campos.

Némesis, la diosa de la venganza, es el nombre con el que se conoce la prisión de la Base Naval del Callao en la que se encuentra desde hace 25 años de los 28 que lleva recluido, Víctor Polay, Comandante en Jefe del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru -MRTA-, organización político-militar que insurgiera en armas en el país en la década del 80. En esa Base a orillas del Pacífico los presos se cuentan con los dedos de las manos y las visitas son minuciosamente controladas. Una persona cercana a Polay narra cómo es llegar hasta donde él se encuentra.

Persona cercana: Llego apresuradamente por los afanes cotidianos, el coche raudo ha atravesado los barrios más pobres y violentos del puerto del Callao. Luego de 45 minutos estoy frente al retén compuesto por dos marinos premunidos de armamento de guerra que no permiten que nadie ingrese. De allí en adelante se respira una gran tensión, agentes de la marina uniformados y otros uniformados y armados, presentar y explicar el motivo de mi presencia con todo el personal con el que me encuentro, varios retenes en el camino. Silenciosa, tranquila, aceptando todo, sabiendo que luego de ello veré a Víctor.

Nacido en el Callao, el 6 de abril de 1951, proviene de una prominente familia aprista, fundadora de uno de los partidos más antiguos del Perú donde Víctor Polay Campos militó durante su infancia y juventud. En el año 1972 fue detenido por primera vez y acusado por el Fuero Policial de participar en actividades contra la dictadura militar. En aquella ocasión estaría recluido por unos meses en el Penal de Lurigancho, situado en uno de los barrios más poblados de América Latina con casi un millón y medio de habitantes. Hoy, este penal situado apenas a 1 km de Castro Castro, es el más hacinado del país. Los presos, desde lo alto de los pabellones, protestan pacíficamente reclamando el derecho a la vida. “No queremos morir”, “Queremos las pruebas del Covid”. Perú es al día de hoy el país con más número de contagios de la Región detrás de Brasil.

Al salir en libertad, Víctor viajó a España y Francia para estudiar Sociología y Economía Política en la Universidad Complutense de Madrid y en La Soborna de París, respectivamente. En Europa abandonó su militancia en el APRA e ingresó al Movimiento de Izquierda Revolucionaria -MIR-. Retornó al Perú cinco años después donde su compromiso y militancia política revolucionaria le llevaron a integrarse en el MRTA.

En 1989 fue detenido en la ciudad andina de Huancayo, pasando a engrosar el contingente de presos del MRTA e ingresar al Penal de Canto Grande, considerado el primer penal de máxima seguridad moderno en el país. Desde el primer minuto de encierro se organizan para una evasión. Emulando las célebres fugas de los Tupamaros en Montevideo y del penal de San Carlos en Venezuela, junto a 47 compañeros, protagoniza la famosa fuga del túnel, construido de afuera hacia adentro, en 1990 para continuar las actividades en el movimiento. Solo dos años más tarde volvería a ser capturado y recluido en el Penal de Yanamayo, en el altiplano, a más de 4.000 metros de altura. Esta caída coincide con el autogolpe de Fujimori, quién disolviera el Congreso para intervenir el poder judicial y establecer una dictadura que se prestó para violar todos los Derechos Humanos.

Víctor Polay: Antes de salir del penal de Yanamayo, fuimos torturados (para hacernos bajar la cabeza como se hace a los toros antes de salir al ruedo) y nos pusieron trajes a rayas. Durante el viaje me amenazaron con tirarme del avión por orden de Fujimori. Sin embargo, durante todo el traslado nunca dejamos de resistir y protestar.

Ya en la Base Naval nos quitaron todas nuestras pertenencias y ropas. Nos dieron un mameluco como todo vestido, junto a dos pares de medias y dos calzoncillos. No teníamos contacto con nadie y sólo nos alimentaban por una ventanita. El trato era agresivo y prepotente. El personal estaba encapuchado.

Durante más de un año Víctor estuvo completamente aislado, sin ver ni hablar con nadie. Su familia pudo ir a visitarle en mayo del 1994. Vivía en ascuas, con un temor permanente que no descartaba que en cualquier madrugada fuera sacado para ser pasado por las armas.

Víctor Polay: El régimen en Némesis para los dirigentes del MRTA era de “silencio y reflexión”, hasta la caída de la dictadura a fines del 2000, fue muy cruel e inhumano. A diferencia de los dirigentes senderistas, que pasaban el día juntos y tenían una serie de gollerías supuestamente por los “acuerdos de paz”, nosotros estábamos aislados, salíamos al patio solos por 10 minutos y no podíamos vernos. Todas nuestras actividades las hacíamos solos, no teníamos acceso a libros, revistas o periódicos, ni a la radio ni a la televisión. Tampoco teníamos un espejo para mirarnos la cara, ni un reloj para saber la hora. Ningún calendario para saber qué día era. Las visitas familiares eran de 30 minutos al mes y con el Comandante al lado.

Hasta que no retornó la democracia, el régimen que gobierna “la diosa de la venganza” no realizó ningún cambio. Por más de 10 años se mantuvieron unas condiciones de reclusión deleznables. Hoy, los familiares directos pueden compartir con Víctor tres horas a la semana. Sin embargo, el régimen de aislamiento donde habita no ha variado. Una especie de eternidad monstruosa presiona y retiene.

Persona cercana: Ya estoy en lo que ellos llaman el CEREC, Centro de Reclusión del Callao. Una edificación de altos muros y rejas, rodeada de alambres de púas en medio de la nada, dentro de la Base Naval del Callao. Nadie sabe exactamente donde queda, porque todos los visitantes van en un vehículo completamente cerrado. En cuanto desciendo del vehículo, no me importan las horas de espera, la ambulancia en la que nos trasladan, totalmente cerrada y asfixiante, el trato altanero de los oficiales, luego el cateo minucioso. Nada de eso importa si voy a verte, si conversaré contigo durante tres horas a la semana. Si en ese tiempo infinito tentaremos a la felicidad, en esos dos metros cuadrados sin ventanas, con poca ventilación y los captores escuchándolo todo.

Con tantos silencios acumulados y tanto tiempo en las arrugas de la piel, Némesis busca que los presos se pierdan a sí mismos. Sorprende la resistencia de la que es capaz el ser humano.

Víctor Polay: Los dirigentes del MRTA que estuvimos en estas condiciones jamás nos doblegamos, ni estuvimos dispuestos a firmar ningún apoyo a la dictadura. Cuando, en 1998 nos enteramos que los jóvenes habían roto con el miedo y se movilizaban en las calles, iniciamos una huelga de hambre en protesta que duró 30 días, con el propósito de hacer llegar el mensaje de que, desde el lugar más controlado por la represión, era posible resistir y luchar.
En el actual contexto, la crisis de la Covid-19 se suma a una situación de vulnerabilidad que engrosa el cuerpo social carcelario de miles de almas presas en Perú y en el mundo.

Con todas las visitas suspendidas, en la Base la soledad es total. Regresan los viejos tiempos en los nuevos. El miedo retiembla en los familiares de los reclusos desde que el 16 de marzo inició el período de cuarentena.

Persona cercana: Ahora la muerte está tan cerca. Día a día nos asalta en las noticias, calles, hospitales y penales donde tienen un número cada vez más creciente de caídos por la pandemia. La ansiedad y angustia me recorren y me pregunto cómo estás en ese lugar helado y lejano, donde alguna vez te amenazaron de muerte colocando dos féretros en la puerta de tu celda. Cómo transcurre para ti la vida en estos días, ¿estás realmente seguro? Durante años, cuando no te veía por el cautiverio tuve la certeza de que nuestros ojos se encontrarían nuevamente, ahora vivo a sobresaltos este confinamiento y sólo la llamada semanal me calma. Escuchar tu voz al otro lado.

Siempre estará pendiente la espada de Damocles de saber que en varias ocasiones Víctor ha librado la muerte. Ahora que este virus recorre el mundo, se espera que Némesis se mantenga a salvo.

* Este es el segundo artículo de la serie Criminalización y castigo en cuarentena, una iniciativa comunicacional de diferentes medios internacionales cuyo objetivo es acercarse, dentro de la actual crisis sanitaria mundial, a las realidades de aquellas personas sometidas a aislamiento forzoso (penitenciario, psiquiátrico o de internamiento de extranjeros). Su olvido y exclusión se incrementa en estos tiempos ante la suspensión del régimen de visitas. ¿Cuál es la situación en los diferentes países y las respuestas de los Gobiernos? En estos días de cuarentena, ¿el confinamiento de las sociedades puede ser un puente de solidaridad hacia las personas privadas de libertad? Esta serie de reportajes es un acercamiento hacia los establecimientos de reclusión en tiempos de pandemias.

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Tras los barrotes del coronavirus

Zamora — Sun, 17 May 2020 13:41:41 +0000

Tras los barrotes del coronavirus

Zamora Dom, 17/05/2020 - 09:41

Mario de los Santos

Dos líderes sociales colombianos en prisión preventiva relatan cómo les afecta la crisis carcelaria por la pandemia del coronavirus. Desde las frías celdas de hormigón de un pabellón de máxima seguridad en Bogotá, hacen un repaso de las reivindicaciones y luchas históricas del departamento de Arauca y cómo fue su detención y traslado a esta cárcel situada a más de 600 km de sus hogares.

Los presos del complejo carcelario La Picota, en Bogotá, han participado en diferentes acciones de protesta ante el riesgo de llegada del coronavirus: cacerolazos, huelgas de hambre, mensajes a la opinión pública…. Sus reivindicaciones han sido recogidas en un comunicado de cinco puntos, pero se reducen a una: ser tratados como cualquier otra persona en los tiempos de la Covid-19. Piden material de protección, geles, desinfección, cuidados, atención médica; pero también una administración sensible a sus dificultades y temores y que, en estos momentos de crisis, acuda al diálogo para alcanzar soluciones. No olvidan que, el pasado 21 de marzo, durante las protestas en más de 24 centros carcelarios del país, que pretendían visibilizar estas mismas necesidades, fueron asesinadas 23 personas privadas de libertad en la cárcel La Modelo de Bogotá y 83 fueron heridas, después de que la guardia abriera fuego aduciendo un intento de fuga.

Entre los reclusos se encuentran José Vicente Murillo y Jorge Enrique Niño. La historia de ambos comienza mucho antes, en Saravena, Departamento de Arauca, frontera con Venezuela, en octubre del año pasado. Para entenderlos, quizás haya que remontarse muchas décadas atrás, a la época en que las tierras donde viven, una zona llamada los Llanos del Sarare, incrustada en los parajes inmensos de los hombros de Latinoamérica, eran domadas por colonos de poncho y sombrero ante el abandono absoluto del estado colombiano.

Tan solo asumiendo esta revisión histórica podemos identificar un territorio creado a sí mismo, en la frontera lejana de dos estados (Colombia y Venezuela) incapaces de atender sus necesidades por la escasa logística e interés. Un territorio al que terminaron por acudir muchas personas perseguidas por la política de Bogotá, en busca de una oportunidad. Pero también acudió la oposición política y armada: primero, las guerrillas liberales en los Cincuenta; después las insurgencias tanto de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- como del Ejército de Liberación Nacional -ELN-. El Sarare se construyó por el esfuerzo comunal de sus habitantes. Las escuelas, los hospitales, las vías de comunicación, las empresas comunitarias de gestión de aguas y residuos, todo ello fue levantado por sus habitantes y cuando el Estado colombiano hizo presencia, pasados los años, en los Setenta, debido al descubrimiento de reservas de petróleo, eligió la estrategia del miedo, y militarizó la zona para realizar la extracción del crudo, con mínimas inversiones sociales, acusando a todo y a todos de guerrilleros. En lugar de negociar con quienes habían levantado la vida, de curar viejas rencillas geográficas y políticas, decidió ocupar militarmente la zona y dejar su desarrollo socio-económico a las empresas petroleras.

Jorge Niño: Por ser líder social de la vereda Las Bancas, en Arauquita, sufro la persecución del Estado y, estoy más que seguro, de las empresas petroleras. Hemos tenido unos inconvenientes con la empresa estatal petrolera Ecopetrol y con una de sus subsidiarias, la empresa Cenit, a la que cedieron el contrato de explotación. Esto se hizo para rebajar salarios a los trabajadores y dejar de pagar las regalías que Ecopetrol había firmado con las comunidades por donde pasan los oleoductos, donde están los campos de extracción… Según el Estado colombiano, la empresa Ecopetrol tiene que mitigar el daño social y ecológico que hace con su actividad en las comunidades. Tiene que dejar unas escuelas, unos hospitales, vías; pero nada de eso se ha visto. Usted no verá un escuelita con una placa de Ecopetrol, y las vías son las peores que pueda imaginar. El petróleo de Arauca no deja un cambio para bien en nuestro Departamento. Estamos en un total abandono. Por eso hemos protestado. Pero la única respuesta a nuestras demandas de esos derechos ha sido el incremento de la presión de la fuerza pública, que ya había militarizado toda la línea del oleoducto Caño Limón-Cobeñas. Hemos tenido militares buenos, regulares y malos. Muchos casos de asesinatos de compañeros campesinos. Y no lo entendemos porque los militares llegan a nuestras casas y les damos agua, comida, sombra; pero ellos nos tratan a patadas, nos tildan de guerrilleros y no entendemos porque los militares conviven con nosotros las 24 horas y saben qué hacemos, por dónde andamos… Con las empresas petroleras llegó realmente violencia.

Esa herencia histórica recibió el Sarare, el actual Departamento de Arauca. José Vicente Murillo y Jorge Enrique Niño no fueron ajenos a una dialéctica de lucha y reivindicación como única forma de obtener los derechos más fundamentales.

Dentro de este marco, las detenciones arbitrarias han sido una constante en el actuar del Estado colombiano frente a las reivindicaciones sociales. De tal forma que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas -ONU-, en 2008, tras una visita al Departamento de Arauca, ya anunciaba que “se observa también la práctica de las detenciones masivas y la ausencia de evidencia sólida para proceder a las capturas, particularmente cuando los únicos indicios son las acusaciones de reinsertados. El Grupo recomienda al Gobierno erradicar la práctica de las capturas masivas y de la detención preventiva administrativa (…)”. En esta misma línea se expresa Murillo:

José Vicente Murillo: Hay que entender que el régimen carcelario del país es obsoleto en la medida de que, por un lado, es insuficiente para atender la población carcelaria actual; pero por otro lado, la política del tratamiento del delito no busca sino meter a la gente en la cárcel por cualquier pendejada. A esto se une que el régimen judicial es supremamente lento y lo normal es que tras las detenciones, a los tres o cuatro años, la gente salga en libertad. Bien por prescripción del delito o por inocencia. Sin duda, entendemos que es una forma de perseguir a los líderes sociales, que responde a la ideología del modelo económico imperante.

La construcción social en el Sarare tiene una amplia tradición. Al igual que el resto del país, los campesinos se organizan en las Juntas de Acción Comunal y cooperativas productivas. La ciudad de Saravena incluso dispone de una empresa comunitaria que gestiona los servicios públicos, incluida la recogida de basura, saneamiento y potabilización de aguas y reciclaje y compostaje de residuos sólidos. Murillo fue detenido precisamente en medio de una reunión donde la comunidad campesina se encuentra elaborando un plan para la producción de fertilizantes ecológicos, mientras que Jorge fue detenido en su propia finca, delante de su familia.

José Vicente Murillo: Desde hace dos años venimos en un proceso de construcción de abonos orgánicos, como respuesta y alternativa a toda la contaminación que los agrotóxicos han generado en la naturaleza y los seres humanos. Conforme a nuestro legado de defender la vida, nos hemos metido en la construcción de una planta de abono orgánico para brindar la posibilidad al campesinado de que poco a poco vaya haciendo una transición cultural en la producción agropecuaria. Tras una reunión de formación con compañeros brasileños, sentí una presencia que me seguía y al poco unas camionetas de la fuerza pública, armada con armas de asalto, me detuvieron en mitad de la vía.

Jorge Niño: Estaba yo en mi finca con mi familia, mi mujer, mis hijos, un cuñado con tres hijos pequeños, un obrero y un maestro de construcción. Cuando se aproximó el helicóptero. Ahí sí tengo que reconocer que tuve miedo y no pensé en otra cosa que correr, porque a mí ya me habían amenazado de que me iban a capturar porque le exigía a Ecopetrol. Llegué a correr unos 100 metros y desde el helicóptero me tiraron varios tiros. Ahí me paré porque, de repente, me percaté de que yo no debía nada a nadie. Yo no llevaba otra arma que la tijera de podar. Ellos me tiraron al suelo, me dieron patadas, me dijeron que era un perro, que mejor me hubieran matado. Y yo les dije que bien, que si me matan, solo hubieran matado un campesino más.

El asesinato de líderes sociales en Colombia es una constante en la política del país. Desde la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC (noviembre de 2016) hasta el año 2019, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 800 líderes y lideresas sociales han sido asesinadas en Colombia. Por estos crímenes, apenas se han realizado 22 condenas efectivas. En los tres primeros meses de este año, 91 líderes y lideresas sociales y excombatientes fueron asesinados.

Uno de los casos más macabros de la historia reciente de Colombia se conoce como “los falsos positivos”. Una práctica frecuente en las fuerzas armadas que consiste en asesinar a civiles para hacerlos pasar por guerrilleros. Este hecho se generalizó debido a las recompensas que recibían las unidades militares que obtenían resultados en la lucha contrainsurgente medidos como bajas. Estas prebendas variaban entre días de vacaciones, dinero o ascensos. El resultado, según cálculos no oficiales, es de aproximadamente 10 mil personas asesinadas extrajudicialmente por la fuerza pública.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice- denuncia que se trata de una estrategia estatal que también cobija a los “falsos positivos judiciales”: personas encarceladas sin cargos sólidos con la intención de detener sus actividades políticas y generar miedo en el movimiento social. Esta práctica, no siempre tan conocida, consiste en detener a líderes sociales acusándolos de pertenecer a la insurgencia guerrillera, mantenerlos encarcelados durante años, sin recibir finalmente juicio alguno, o abriéndose el juicio sin evidencias ni pruebas acusatorias.

Se critica especialmente que compañías como ECOPETROL firmen convenios con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía para su financiación. Por un lado, aparece la empresa como pretendida víctima en procesos judiciales en los que sus actividades se vieron afectadas y, por otro, aporta grandes sumas de dinero a los encargados de la investigación contra los líderes. Se crea así una asimetría sin que exista igualdad de condiciones jurídicas ni garantías.

José Vicente Murillo: De 2003 al 2006 ya tuve la experiencia de la persecución del terrorismo estatal y duré detenido tres años y medio en los que me dieron un “tour carcelario” por diferentes instituciones de alta seguridad. En 18 meses estuve en seis cárceles diferentes. Así que ya conocía la dinámica, la cultura y la convivencia en una cárcel. Ya sabía que no facilitan ni colchoneta, ni cobija, ni nada; y que la familia debe proveer de todo. La experiencia depende de cómo uno aborde las cosas. Si bien es cierto que somos inocentes de lo que se nos acusa, el régimen colombiano no ha dudado en asesinar para acallar la oposición política. Si nos tienen que matar no lo van a dudar. Así que acá estamos vivos, otros compañeros y compañeras no han tenido esa suerte.

Jorge Niño: Yo nunca he tenido tantas personas armadas vigilándome. Me han catalogado como una persona muy peligrosa. En la imputación de cargos me acusan de ser guerrillero del ELN, pero uno no es sino una persona comunal. Nuestra Junta de Acción Comunal tiene personería jurídica desde 1975. Mi delito ha sido ser líder comunal y pedir los beneficios de mi comunidad frente a Ecopetrol. Nunca me han agarrado con armas, ni con prendas militares, ni he chantajeado, ni he andado en problemas con nadie.

El sistema penitenciario colombiano padece un hacinamiento crónico que ronda el 54%: con 80.000 plazas habitan cerca de 124.000 personas. El uso indebido de la prisión preventiva por parte de los jueces es uno de los factores determinantes de dicha sobresaturación. Esta situación hizo que la sentencia STP-142832019 (104983), de octubre del año pasado de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, recordara a los jueces el carácter excepcional que debe tener dicha herramienta. Por el contrario, las personas privadas de libertad preventivamente representaban un 33,5% del total de personas presas en 2019 según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC.

Sin embargo, en los penales, además de espacio, se carece de los elementos básicos de aseo, abrigo y, en muchos casos, alimentación. Estos deben ser proporcionados por las familias de los reclusos y, por lo tanto, se convierten en un mecanismo de castigo arbitrario para aquellos que piden mejores condiciones.

José Vicente Murillo: Una anécdota nomás para mirar cómo es este régimen: nuestras familias nos mandaron unas encomiendas a un compañero y a mí. Las encomiendas eran idénticas, con el mismo número de artículos. Debían entregárnoslas cuando llegáramos, pero se demoraron. Como yo molesté con esa encomienda y fui a hablar con el director de la cárcel, con el Comandante del cuerpo de custodia, cuando llegó la siguiente fecha de entrega al compañero le entregaron el paquete pero el mío lo regresaron. Nunca argumentaron nada, sino simplemente que se rechazó. En ella iba una chaqueta para protegerme del frío, porque mi tierra es tierra caliente y me mandaron a Bogotá (que es supremamente fría) sin poder tomar ninguna ropa de abrigo. En ese tipo de cosas se ve que toman medidas represivas con los derechos fundamentales.

Jorge Niño: La verdad que he aprendido mucho de grupos del INPEC. Ellos llegan por la noche, de forma agresiva, lo sacan a uno a una canchita pequeña que hay por el patio y le hacen sacar sus cosas y empiezan a darle vueltas absolutamente a todo. Le parten las cosas, se las dejan revueltas con las de otros presos. Eso me tiene preocupado y asustado, porque hay presos que no tienen el mejor genio y se les puede ofender con la forma de expresarse. Uno vive muy estresado porque si habla uno es malo y si no habla también. Corre uno el peligro de que el otro se le prenda y le pueda dar un chuzo, porque de un momento a otro se acaba el buen comportamiento de los presos y se forman unas peleas. Y uno está todo el día arriesgando la vida.

Sobre esta realidad violenta, la posibilidad del contagio de la Covid-19 ha tensado la cuerda hasta el límite de la ruptura. Las personas privadas de libertad no solo deben capear la incertidumbre de la situación de sus familias, con las que apenas tienen contacto, sino que son conscientes de su debilidad colectiva al moverse en las mejores condiciones para la transmisión de la pandemia: alto contacto entre personas y escasas medidas de higiene y protección. La masacre de 23 privados de la libertad que ocasionó el Estado colombiano el pasado 21 de marzo en la cárcel La Modelo no hace parte de una solución, sino del agravamiento de dicha situación. Tampoco se sienten seguros con las medidas del Decreto 546, recién firmado por el Presidente Iván Duque, con el que pretenden transferir a 4.000 personas de las cárceles a arresto domiciliario. El número resulta claramente insuficiente para solucionar el problema del hacinamiento, que asciende a 45.000 reclusos.

#SolidaridadEnCuarentena | Organizaciones defensoras de Derechos Humanos entregaron en la cárcel 'La Picota', Bogotá, una donación de 500 tapabocas, jabón líquido y gel antibacterial, para ayudar a evitar la expansión del #covid19 al interior de las cárceles del país pic.twitter.com/42HLdBWMjT

— Colombia Informa (@Col_Informa) April 22, 2020

José Vicente Murillo: En esta ocasión nos encontramos con el tema de la Covid-19, en el que el Gobierno y el régimen penitenciario toman la medida de declarar en cuarentena las cárceles del país. Medida que los presos compartimos pero que debe darse de manera integral. Es decir, no solo quitarle la visita al preso sino aplicarse otras medidas que sean efectivas para prevenir la propagación de la pandemia. Por ejemplo, que el cuerpo de custodia también se acuartele, no tenga contacto con el mundo exterior y se tomen las medidas higiénico-sanitarias para que el personal administrativo no sea transmisor de esta enfermedad. También establecer una contingencia en el servicio de sanidad para atender las situaciones derivadas del coronavirus. En medio de todo esto, la población carcelaria ha sido consciente de la amenaza de la Covid-19 y ha tomado medidas de autocuidado en términos del aseo, de eliminar factores de contaminación. Pero sabemos que estas medidas son insuficientes. Se ha declarado una emergencia carcelaria, con un paquete de medidas en las que el Gobierno está aplicando de forma inmediata las más coercitivas y represivas para la población carcelaria. Mas ninguna efectiva para la descongestión de la situación carcelaria ni por supuesto medios físicos como mascarillas o geles desinfectantes. Ya de por sí, la medida del Decreto 546 resulta insuficiente porque aplica a una mínima parte de la población carcelaria. Sabemos que ni con esta pandemia el Gobierno va a abordar los problemas estructurales más acuciantes de la población carcelaria.

Jorge Niño: En esta situación del virus, la distancia con la familia se vive todavía con más angustia. La comunicación con ellos es demasiado distanciada, con dificultades. Ahí hay unos teléfonos del INPEC que son costosos. Muchas veces no funcionan, le intervienen a uno las llamadas, no hay privacidad con la familia. Este control del INPEC incomoda mucho y viola los derechos fundamentales. Eso me intranquiliza porque en la cárcel no se puede tener un peso y uno depende del apoyo y el ánimo de la familia fuera. Las cárceles colombianas son difíciles para sobrevivir y con el coronavirus la gente anda todavía más nerviosa en los patios y los pasillos. Los conflictos se dan con más facilidad. Uno quisiera decirle al Estado que revise bien estas injusticias que han hecho conmigo, quién sabe cuántas personas están en la misma situación, que por ser líderes, que porque reclaman los derechos de una comunidad (en teoría con aval del propio Estado) están pasando por estas penurias.

La pandemia de la Covid-19 supone una prueba de estrés a nivel político, sociológico, económico, y personal. Ha mostrado el lugar por dónde se rompen las costuras de una sociedad inmersa en la lógica de usar y tirar. Muchas de las medidas tomadas, aunque necesarias, resultan fatales para los colectivos más castigados socialmente. La sistematicidad de la persecución y el asesinato de líderes sociales se evidencia, tanto en las crudas cifras de personas muertas, como en las de personas privadas de libertad en régimen preventivo. Un número demasiado alto para una medida excepcional y que remite al silenciamiento de las voces críticas que trabajan en las veredas, Juntas de Acción Comunal o barrios.

Mientras el país sigue en confinamiento los presos continúan hacinados, sometidos a la angustia de comprobar que efectivamente la pandemia se está expandiendo al interior de las cárceles con los primeros contagiados y muertos. Las denuncias de hace más de un mes, anticipando esta situación, cayeron en oídos sordos. El Gobierno optó por la represión y un Decreto de pocas excarcelaciones que no paliará la situación humanitaria por el amplio elenco de exclusiones que contempla y por medidas como el irresponsable traslado de presos entre cárceles (desde la prisión de Villavicencio en la que se detectó el primer foco de infección), que ha conducido a la propagación de la enfermedad. Desde el Movimiento Nacional Carcelario continúan reclamando solidaridad con los privados de la libertad para atender esta situación y lograr una excarcelación humanitaria cuando aún se está a tiempo de proteger a miles de seres humanos.

* Este artículo es el primero de la serie Criminalización y castigo en cuarentena, una iniciativa comunicacional de diferentes medios internacionales cuyo objetivo es acercarse, dentro de la actual crisis sanitaria mundial, a las realidades de aquellas personas sometidas a aislamiento forzoso (penitenciario, psiquiátrico o de internamiento de extranjeros). Su olvido y exclusión se incrementa en estos tiempos ante la suspensión del régimen de visitas. ¿Cuál es la situación en los diferentes países y las respuestas de los Gobiernos? En estos días de cuarentena, ¿el confinamiento de las sociedades puede ser un puente de solidaridad hacia las personas privadas de libertad? Esta serie de reportajes es un acercamiento hacia los establecimientos de reclusión en tiempos de pandemias.

** Mario de los Santos es escritor y químico. Colaborador de Colombia Informa desde el Estado español.

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