Bolivia

En Perú las marchas no se detienen ni a balazos

Zamora — Thu, 26 Jan 2023 18:07:43 +0000

En Perú las marchas no se detienen ni a balazos

Zamora Jue, 26/01/2023 - 14:07

Carlos Noriega

La presidenta propuso una tregua y luego culpó a los manifestantes de haber lanzado las balas que los mataron a ellos mismos. Pobladores del sur andino denuncian abierto racismo.

“Vamos pueblo, carajo, el pueblo no se rinde, carajo”, gritaba la multitud en respuesta a los gases lacrimógenos y perdigones disparados por la policía para impedir su avance por las calles de Lima. El centro de la capital fue tomado este martes por manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, adelanto de elecciones para este año, una Asamblea Constituyente y el cierre del desacreditado Congreso que controla la derecha. En lo que se ha llamado la “gran marcha nacional”, pobladores llegados desde distintas regiones del país tuvieron participación protagónica en esta manifestación. Hombres y mujeres que viajaron en una larga travesía a Lima desde distintas zonas, especialmente andinas, marchaban con firmeza. Muchos llevaban vestimentas tradicionales de sus regiones poniéndole colorido, decisión y coraje a la protesta.

El centro de Lima en abullición

Como en otras ocasiones, la movilización comenzó pacíficamente, hasta que la policía atacó para cortarles el paso y dispersarlos. Los manifestantes respondieron lanzando piedras, palos y lo que tuvieran a la mano. La plaza San Martín, tradicional punto de encuentro de manifestaciones sociales y políticas, fue escenario central de la represión policial, que arremetió para desalojar a quienes protestaban. Algunos manifestantes se protegían con escudos caseros de madera en la primera línea, intentando detener el avance de la policía.

Las bombas lacrimógenas cubrieron el lugar de humo y lo volvieron irrespirable. La policía disparaba perdigones sin cesar. Era un enfrentamiento desigual y la policía logró retirarlos de la plaza San Martín. La represión siguió en otras calles del centro y continuaba al cierre de esta nota. Hasta ese momento no había un reporte de heridos y detenidos.

“Dina, asesina, mataste a nuestros hijos”, gritaba la multitud mientras arreciaba la represión. “La sangre derramada, jamás será olvidada”, era otra consigna que sonaba fuerte. “Somos campesinas, no terroristas”, coreaba un grupo de mujeres vestidas con coloridas y anchas faldas andinas. Poco más allá, un grupo de jóvenes las siguió: “Somos estudiantes, no terroristas”. Era la respuesta al gobierno, a la derecha y a los medios, que los acusan de terroristas. “Amigo, estudia, no seas policía”, se coreaba frente a los efectivos policiales. “Métele un balazo”, se escuchó gritar a un policía. “Asesinos, asesinos” respondía la gente, entre gases y ruidos de los disparos de perdigones. La exigencia de renuncia de la presidenta no cesaba. Fue el sexto día de protestas consecutivas en Lima. Una vez más, la respuesta del gobierno fue la represión.
En todo Perú

Este martes, el epicentro de las protestas fue Lima pero también las hubo en ciudades del interior. El sur andino, donde son diarias desde que se reanudaron el 4 de enero luego de una tregua navideña, sigue casi paralizado. El aeropuerto de Cusco suspendió sus actividades y el flujo de turistas se redujo casi a cero desde el inicio de las protestas.

En la carretera Panamericana Sur, a 290 kilómetros de Lima, hubo duros choques entre policías y manifestantes que bloqueaban la vía. El gobierno ha reconocido que se desbloquea una vía y después vuelve a ser bloqueada. Desde hace semanas se mantienen bloqueos en distintas vías: hay más de 70 piquetes en diez regiones del país. En ciertas regiones ya hay problemas de abastecimiento de alimentos y combustible.

Una tregua insólita

Horas antes de que comenzara la movilización en Lima y se desatara la represión, Boluarte pidió una tregua a quienes protestan. Lo hizo en declaraciones a la prensa extranjera. Pero ella misma dinamitó un acercamiento llamándolos “violentistas” y “radicales”, y los acusó, sin evidencias, de estar financiados por “el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, para generar caos, zozobra y anarquía para que aprovechen esas economías ilegales para hacer sus actividades ilícitas sin control”. Esas acusaciones buscan criminalizar y desacreditar las protestas para quitarles respaldo, algo que no han conseguido. Y pretenden justificar la represión que ha dejado 46 muertos por disparos de policías y militares. El total de fallecidos desde que comenzaron las protestas en diciembre son 56, incluyendo un policía. Boluarte volvió a defender a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra manifestantes. En esas condiciones, su pedido de tregua no tenía posibilidad de éxito. Poco después de esa fallida solicitud, las calles del centro de Lima retumbaron con los gritos de “Dina asesina, renuncia”. Y se volvió a desatar la represión.

La fake de las balas bolivianas

Ante las evidencias que comprometen en su gobierno con una brutal represión, la presidenta ensayó una explicación que volvió a revelar la facilidad con la que el gobierno lanza acusaciones sin sustento. Acusó a los manifestantes de haber sido ellos los que han causado las muertes disparando “balas que han ingresado desde Bolivia”. No hay una sola evidencia de la existencia de esas supuestas balas bolivianas. Le aseguró a medios extranjeros que tenían videos que probaban su grave acusación y que los entregarían, pero eso no ocurrió. “Hay que determinar de dónde son las balas. Si son de la policía o del lado de los violentistas y radicales”, insistió la presidenta. Lo cierto es que los 46 muertos y decenas de heridos por disparos son todos manifestantes, no hay un solo policía muerto o herido por esas supuestas “balas bolivianas” que el gobierno asegura han disparado los pobladores que protestan en el sur andino. Ninguna fotografía o video muestra a manifestantes armados con fusiles o pistolas. Y los resultados conocidos de las necropsias a las víctimas confirman que los proyectiles que los mató corresponden al tipo de armas que usan las fuerzas de seguridad. Coincidiendo con la ultraderecha, Boluarte acusó a Pedro Castillo de promover desde la prisión “protestas violentas”. Otra vez, no mostró una sola evidencia.
Los Andes en pie de lucha

Las movilizaciones antigubernamentales tienen una fuerte presencia andina. La altiplánica región de Puno es epicentro de las mayores protestas y la represión más dura. Ahí han muerto más de veinte personas. Boluarte reconoció que Puno está paralizada hace semanas y que la protesta es casi total en esa región. Y soltó una frase lamentable pero reveladora, que refuerza esa sensación de exclusión del Perú oficial contra el mundo andino. “Puno no es el Perú”, lanzó. Afirmaciones como esta alimentan la indignación popular en regiones andinas que se han levantado contra el poder oficial, ahora en manos de la ultraderecha que gobierna con Boluarte, y contra la histórica discriminación en su contra.

Valentina Churqui, campesina, llegó a Lima desde Puno para sumarse a las protestas. “Estoy aquí porque policías han matado a mis hijos, a mis nietos, por eso los puneños estamos aquí en la lucha en Lima. Hay muertos que han sido desparecidos, hay más muertos de los que dicen”, le señaló a Página/12 con notoria emoción. Aseguró que no depondrán las protestas hasta que renuncie Boluarte. “Ella dice que somos campesinos ignorantes, no somos ignorantes, ella es ignorante, no entiende por lo que nosotros luchamos. Qué vamos a dialogar si ella no nos valora. Queremos respeto, reconocimiento a nuestro trabajo. Si nos van a matar, que nos maten a todos, no tenemos miedo”.

Fuente

https://www.pagina12.com.ar

El gobierno boliviano desafía al fascismo

Zamora — Thu, 05 Jan 2023 21:52:35 +0000

El gobierno boliviano desafía al fascismo

Zamora Jue, 05/01/2023 - 17:52

Carlos Aznárez

Entrevista a

Antonio Abal

El gobernador que lidera a los ultra derechistas bolivianos, el hombre que encabezó el golpe cívico-militar contra Evo Morales y que fue protagonista importante de la dictadura implantada en 2019, sí, Fernando Camacho fue detenido, y lo estará por lo menos durante cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro.

Era lo más lógico que debía suceder, e incluso se tardó demasiado para tomar una medida que el pueblo boliviano pedía con urgencia, ese pueblo de abajo, el que sufrió la represión y puso los muertos en Sacaba y Senkata. Hoy, el amo y señor de la oligarquía blanca santacruceña dormirá en prisión, esperando un juicio, que si el diablo no mete la cola, debería concluir con una condena ejemplar de muchos años tras las rejas.

Para hablar de qué significancia tiene esto en la realidad boliviana, dialogamos con el ex cónsul de ese país en Argentina y militante de la izquierda rebelde de su país, Antonio Abal.

Antonio Abal:

— Como tú señalas, Bolivia ha cambiado la agenda política. Es la consecuencia inmediata, a partir de los hechos que señalas, de la detención del gobernador de Santa Cruz. Además que hay que aclarar, se trató de una detención legal, porque ya en octubre se le invitó para que vaya a declarar. En ese momento, él se negó, más bien asumió una actitud desafiante y le dijo al Ministro de Gobierno, “Si me quiere detener, venga por mí, venga y deténgame”. Desde entonces, ha estado rehuyendo las citaciones que se le han hecho, no asistió a un llamado del Parlamento para que vaya a declarar sobre la famosa huelga de más de treinta días de los llamados “cívicos” santacruceños.

Estas actitudes demuestran que no hay voluntad ni democrática ni legal de parte del gobernador para obedecer lo que señala la justicia boliviana. En ese contexto es que se ha procedido a la detención como señala la ley, utilizando los medios coercitivos, en este caso la policía. Ahora bien, esto ha derivado en la acción violenta que practica ese grupo paramilitar que es la Juventud Cruceñista repitiendo lo que hacen siempre: ir a las oficinas del estado e incendiarlas. Pero esta vez también han ido a quemar domicilios particulares, como por ejemplo el del Ministro Montaño, e incluso hubo amagues de lo mismo en los domicilios de la Ministra Prada, y también del señor Castillo.

De hecho, son varias las oficinas estatales incendiadas. Además, se ha alterado el normal desarrollo de la aeronáutica, en el aeropuerto internacional de Santa Cruz, el único que funciona a ese nivel en Bolivia, y que seguramente pagaremos las consecuencias, porque un aeropuerto no puede ser tan fácilmente intervenido, que se suban a los aviones y empiecen a registrar personas no autorizadas. Ese es el panorama que se está viviendo y Camacho ha decidido no hablar, no hacer ninguna declaración, por un derecho constitucional a guardar silencio. En ese sentido, lo que ha hecho la fiscalía es solicitar seis meses de prisión en Chonchocoro, que al final se quedaron en cuatro meses, a la espera del juicio.

— Por otro lado Antonio, también hemos visto en las redes amenazas muy serias a concejales y militantes del MAS de Santa Cruz, y la promesa de ataques de características fascistas. contra todo ciudadano afín al gobierno.

— Sí, esa es una práctica que siempre han implementado. Tienen ellos ya la lista de los que llaman “traidores a santa Cruz”, tienen ubicados los domicilios y todo lo demás. No hay que olvidar que este grupo paramilitar no es improvisado. Tienen su sistema de inteligencia, su sistema de comunicación, tienen las claves para comunicarse. En fin, desarrollan toda una actividad paramilitar. Por lo tanto esa amenaza no es tal, lo van a hacer, lo van a implementar. Contra todos los dirigentes del MAS, contra las autoridades electas, contra todo aquel que se muestre partidario del gobierno, sea masista o no sea, a los masistas ya los tienen completamente ubicados. Todavía no se han visto esas famosas manifestaciones, pero vendrán y sacarán pronunciamientos llamando a la huelga general indefinida que ya habían propuesto desde la juventud cruceñista. Son más bien actores violentos los que dominan el espectro social y político, especialmente en la ciudad de Santa Cruz, porque en el resto de las provincias no han podido consolidar este poder, salvo dos o tres ciudades intermedias que están controladas por la juventud cruceñista.

— Desde que ocurrió la detención se produjeron varios pronunciamientos de estos sectores fascistoides, y nos sorprendió uno de ellos, perteneciente a las autoridades de la universidad local. En un video, aparece el vicerrector de la universidad junto a docentes. ¿La Universidad de Santa Cruz, opera como un brazo de toda esta política de derecha anti gobierno?

— Lo que pasa es que toda esta práctica política, a partir del «comité cívico» siempre fue catalogada como grupos que no tenían mayor argumentación. Entonces qué hicieron? En las últimas movilizaciones que hicieron por el censo, incluyeron a la universidad como un actor principal (siempre lo fue pero esta vez estuvieron en primera línea) para demostrar que los argumentos que tenían (políticos, económicos) estaban producidos por intelectuales. Pero intelectuales que no tienen nivel académico. Escuchar hablar al vicerrector es terrible. Hemos visto ya que el vicerrector trató con lenguaje bastante rebuscado para encontrarle lógica a la actuación de hechos violentos en la agenda política de Santa Cruz, en la propuesta separatista, en fin, estuvo haciendo maniobras, equilibrismo verbal, para no dejar en evidencia que estaba siendo utilizado. Esa es la universidad santacruceña, y por supuesto, lo digo entre comillas, que la universidad boliviana a nivel nacional deja mucho que desear en términos académicos. Y esa no es una opinión mía solamente, está certificada en varios estudios y análisis de profesionales.

— Te hago dos preguntas en una: hay posibilidades, en el sentido de voluntad política y judicial de que esta vez Camacho se quede adentro por un largo período como debería haber estado desde un principio, y a la vez, hay posibilidad de intervenir Santa Cruz? Porque, por lo que está ocurriendo allí, con acciones intolerantes, racistas, violentas, que se repiten desde hace años, en cualquier país donde funcionen más o menos las instituciones, esa provincia ya debería haber sido intervenida por el gobierno central.

— El gobierno ha jugado una carta muy importante y con riesgos, porque ahora tiene que demostrar que realmente estamos en un estado de derecho. Y esto supone intervenciones en Santa Cruz, detenciones, juicios, todo lo demás. Una presencia estatal más fuerte. Eso en el aspecto institucional formal, pero en el hecho político, el gobierno se ha echado un fardo muy grande a la espalda, porque no puede descuidarse y dejar suelto, como ha ocurrido con el señor Calvo, a Camacho. Porque Camacho volvería, si esto ocurriese después de estos cuatro meses impuestos por el juez, como un héroe. Y sería recibido de una manera apoteósica en Santa Cruz, y esto consolidaría esta hegemonía que tiene este grupo de presión violento por lo menos en la ciudad de Santa Cruz.

Ese es el desafío político. Por otro lado, si se lleva bien el juicio, va a ser histórico, porque se va a juzgar a un civil de haber promovido un golpe militar. Son muy importante, las dimensiones políticas que implican este hecho, son muy grandes. Yo creo que el gobierno ha calculado muy bien lo que va a seguir haciendo hacia adelante. Porque si no fuera así, sumaría descrédito y desconfianza, y esta lucha interna que se estaba dando al interior del MAS se profundizaría y el gobierno perdería toda credibilidad. Entonces, lo que está ocurriendo con esta detención es un desafío enorme en términos políticos.

Vuelve el escenario del golpe en Bolivia: censo, paro y contraparo

Zamora — Wed, 23 Nov 2022 17:03:51 +0000

Vuelve el escenario del golpe en Bolivia: censo, paro y contraparo

Zamora Mié, 23/11/2022 - 13:03

Misión Verdad

De manera cíclica, regresa un nuevo escenario de cambio de régimen en Bolivia de mano de los mismos actores golpistas en las calles, pero en condiciones distintas a las de 2019, cuando la derecha instrumentó ataques parecidos.

Desde el 22 de octubre, los líderes opositores de la oriental región de Santa Cruz de la Sierra declararon un "paro cívico indefinido" (huelga regional) en contra de lo estipulado en el Decreto Supremo 4760 del Ejecutivo que se promulgó el 13 de julio de este año. Se trata de una modificación de un Decreto anterior, el 4546 del 21 de julio del 2021. Mediante esta promulgación, el Ejecutivo decidió postergar el Censo de Población y Vivienda previsto en principio para iniciarse el 16 de noviembre de este año, aplazándolo para mayo o junio de 2024.

La decisión original se produjo por consenso en el Consejo Nacional de Autonomías con los gobernadores de ocho de las nueve regiones, a excepción de Santa Cruz de la Sierra, lugar donde se han llevado a cabo las acciones desestabilizadoras, bloqueando la circulación en la ciudad en otras zonas departamentales y afectando notablemente la economía local y la rutina diaria.

Exigen que el censo se realice en 2023, la excusa para la escalada de color. Desde su inicio, tanto en la capital como en otras zonas de la región ha habido enfrentamiento, con muertos, heridos y daños a la propiedad pública. En particular en el municipio La Guardia, el 1° de noviembre, con el saldo de varios heridos, seis patrullas policiales vandalizadas, saquearon el comando policial, usaron armas de fuego y fueron aprehendidos nueve activistas de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), luego de que movimientos sociales "cercaran" la ciudad para "desbloquear" el paro.

En un informe de agosto de 2021, tanto la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) como la UJC fueron calificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como responsables de muchos desmanes ocurridos en torno al golpe de Estado contra Evo Morales. UJC es una organización terrorista de derecha, de ideología supremacista y ultrarreligiosa, financiada por la burguesía que controla la gobernación de Santa Cruz.

¿Por qué el Censo de Población y Vivienda?

Bolivia no ha realizado un censo ni un mapa catastral de vivienda desde 2012, lo que permitiría definir nuevos parámetros e indicadores que facilitarían, entre otros, los planes de desarrollo, los presupuestos regionales y, también, la ampliación de escaños de representación política.

El presidente Luis Arce ha definido el censo como "una verdadera herramienta de planificación nacional, departamental y municipal" (Foto: La Razón)

Producto de motivos principalmente técnicos (y de inversión), el ejecutivo nacional decidió reprogramar el empadronamiento pensado para este 2022, para así obtener un instrumento más consolidado y sea, en palabras del presidente Arce, "una verdadera herramienta de planificación nacional, departamental y municipal". No obstante, el proceso de toma de decisiones a mitad de año no estuvo exento de asperezas, afirmando primero la oficialización del censo para el propio 2022 entregando resultados en 2023 (Decreto Supremo 4645) para luego, tras la revisión, plantear una nueva fecha.

A pesar de que se ha enfatizado en que los motivos para la reprogramación son estrictamente técnicos, ese primer momento de contradicción ha facilitado, primero en julio por 24 horas, y ahora desde finales de octubre como uno indefinido, la creación de un dispositivo que reactive la movilización desestabilizadora en contra de la decisión.

Los principales promotores del paro no plantearon razones políticas consistentes, dejando relucir más bien el interés de activar nuevas jornadas de desestabilización y violencia política con el censo como excusa.

Actores y estructuras al frente del paro indefinido

Los actores y eventos principales se han dado en el departamento de Santa Cruz de la Sierra repitiendo protagonistas: el actual gobernador Luis Fernando Camacho; Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz; y Vicente Cuellar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, quien además preside el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, la entidad que presuntamente promueve y decide las acciones en cuestión.

Sobre el plano de la acción directa opera, también una vez más (como en 2008 y 2019), la UJC. A remolque, y con la falta de fuerza habitual, el expresidente, excandidato presidencial y líder de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, en un tuit se solidarizó el 2 de noviembre con "los habitantes de La Guardia y con los periodistas agredidos por grupos de choque masistas" culpando a Evo Morales de armar un "plan fratricida", conminando al presidente Arce de "abstraerse" del presunto "plan" de Evo, toda vez que este último ha llamado, en múltiples oportunidades, a un "diálogo sincero" entre las partes.

Mi solidaridad con los habitantes de La Guardia y con los periodistas agredidos brutalmente por grupos de choque masista con la complicidad de la Policía. Arce debe dejar de obedecer el plan fratricida de Morales contra Santa Cruz y atender, dialogando, la demanda de Censo 2023.

— Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) November 2, 2022

Las declaraciones de Mesa le dan contorno a la matriz habitual y apunta en gran parte a las figuras activas políticamente en el gobierno. Dicho destemple acentúa, sin contundencia, los intentos de unificar el relato del gobierno despótico.

Configuración del cuadro: el conflicto

Ocho de los nueve Comités Cívicos del país (el de Cochabamba dijo encontrarse en consulta) anunciaron un día antes la decisión de ir a un paro nacional indefinido de no revertirse el Decreto 4760, el levantamiento del "cerco" a la ciudad de Santa Cruz (por parte de movimientos sociales de diversa índole) como medida de presión popular, la instalación de una mesa de diálogo y la "pacificación del país".

Por otro lado, el gobierno, representado en este caso por el vocero presidencial y el ministro de Planificación, anunciaron la creación de una mesa técnica para definir una fecha definitiva para el censo, estableciendo como puntos de partida de la negociación: 1) que la determinación de la fecha en sí quedara abierta, 2) que la misma se determinara en el marco de la mesa, y 3) que se instalara la comisión técnica.

Como ampliación del Consejo Nacional de Autonomías realizado en julio, gobernadores, alcaldes, rectores de universidades públicas, autoridades indígenas y del Gran Chaco se reunieron en octubre con el gobierno para debatir sobre el Censo (Foto: Archivo)

El vocero presidencial, Jorge Richter, enfatizó que con estos puntos se podía "avanzar", toda vez que afirmó que estuvieron presentes dirigentes cruceños, en particular del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, afirmando que, producto de la conversación, un cuarto punto sería el levantamiento del paro, algo conversado con la contraparte cruceña.

Mientras la oposición se estuvo autoexcluyendo de los espacios de diálogo con declaraciones cruzadas que mostraban grietas en su aparente unidad "homogénea" en torno a la demanda del censo para 2023, del lado del gobierno también destacó su propio desgajamiento en el discurso a partir de la desautorización de su propio ministro de gobierno, quien un día antes declaró que era técnicamente imposible realizar el censo en 2023. A través del viceministerio de Comunicaciones dijo que eso era una posición personal del ministro y no del gobierno en su conjunto.

Tal retroceso ha podido ocasionar un costo, o bien por desgajamiento o por corrección, en el marco de acciones habituales de los procedimientos ya conocidos de golpes de color. Se le agrega una nueva reivindicación circunstancial del lado del Comité Cívico Pro Santa Cruz: la liberación de los detenidos por los hechos del 1° de noviembre en La Guardia.

La Ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, anunció en su momento que el censo se podía llevar a cabo el pasado 16 de noviembre. Aparentemente, se apresuró sin tener a priori todos los elementos del caso. La pandemia global causó retrasos en las etapas y elementos preparatorios con los que se deben contar en estos censos. No solo en Bolivia sino en 14 países que decidieron posponer la realización del mismo por dos años.

El pasado viernes 11 de noviembre, el presidente Arce en un mensaje a la población comunicó que la fecha del censo será el 23 de marzo de 2024 y la consiguiente distribución de recursos se hará en septiembre del mismo año. Hizo una cronología de los hitos que marcaron este conflicto desde que inicialmente el estado fijara la fecha del censo para el 16 de noviembre de 2022, para luego convocar el 12 de julio al Consejo Nacional de Autonomías que reúne a todos los niveles del estado, en el que las regiones como Beni y Pando plantearon sus preocupaciones respecto a la temporada de zafra y aspectos climatológicos, y el único ausente fue Camacho.

En ese organismo se decidió en consenso llevar adelante el censo entre mayo y julio de 2024 para asegurar un proceso inclusivo que llegue a todos los hogares bolivianos. El mandatario nacional enumeró el diálogo y socialización del proceso censal con distintos actores representativos desde el 12 de julio hasta el 2 de noviembre de 2022 recorriendo los nueve departamentos, hasta la convocatoria a la Cumbre Plurinacional por un Censo con Consenso realizada en Cochabamba, en la que también los representantes del comité interinstitucional de Santa Cruz abandonaron los espacios.

Finalmente, se conformó la comisión técnica con 41 delegaciones de gobernaciones, alcaldías, autonomías indígenas universidades, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) para analizar y definir la fecha del censo. Algunos equipos técnicos de Santa Cruz, Tarija y La Paz abandonaron estos espacios, en los que se trabajó más de 50 horas durante cuatro jornadas, analizando y escuchando las diferentes propuestas.

(Hilo) Aprobamos el DS4824 que garantiza que el Censo se realizará el 23/03/24 y la distribución de recursos se hará en septiembre del mismo año, cumpliendo el pedido de más de 300 autoridades electas del país y las recomendaciones de la Comisión Técnica que trabajó en Trinidad.

— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) November 13, 2022

Tras meses de tensión, Arce dijo que ya no se podía seguir demorando esta decisión sobre la fecha de realización del censo, y valoró su importancia para el desarrollo de políticas públicas:

"Como Estado y sociedad como gobierno nacional y gobiernos subnacionales tenemos que conocer sin especulaciones, cuál es nuestra realidad demográfica, social, económica e identitaria de las bolivianas y bolivianos que habitamos este territorio, a partir de esa información debemos de trabajar políticas públicas orientadas hacia un desarrollo integral que beneficie a todas y todos los bolivianos", dijo el primer mandatario, quien al día siguiente promulgó el Decreto Supremo 4824 que garantiza lo antedicho.

¿dejavú de 2019?

Una vez más, el motor del paro indefinido y del desafío al gobierno proviene de Santa Cruz, tanto de sus estructuras formales (gobernación) como paraestatales (Comité Cívico, Comité Interinstitucional), estas últimas donde opera de forma casi irrestricta el verdadero poder en la región. El propio presidente Arce lo patentó el 1° de noviembre afirmando que "ponen en movimiento una estrategia para reeditar el golpe de Estado de 2019"; no obstante, tal vez como atenuante provisional, no se vislumbra un consenso exacto al de la última etapa de 2019.

Alcaldes como el de Cochabamba y Santa Cruz, ambos opositores al gobierno, o bien apoyan la decisión de postergar el censo o bien condenan el paro y sus efectos políticos y económicos.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) ha promovido el diálogo desde inicios de la escalada del conflicto (Foto: Primer Informe)

Por otro lado, algo similar se puede decir del papel que ha desempeñado la jerarquía eclesiástica, bien sea en voz del arzobispo de Santa Cruz oponiéndose al paro indefinido o de la propia Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) al promover el diálogo desde inicios de la escalada del conflicto, que puede rastrearse al cabildo abierto en la capital cruceña el 11 de octubre, por el diálogo y la suspensión del paro. Posición que también, desde temprano, ha asumido la Cámara Nacional de Industrias (CNI), a la que ahora se le agregan los gremios de comerciantes y transportistas de la propia ciudad de Santa Cruz que demandan el levantamiento del paro indefinido.

En el frente del estamento militar, el presidente Arce enfatizó el papel constitucional y del lado del pueblo, cuyo Alto Mando fue cambiado, también, el 1° de noviembre, y cuya falta de detalles pudiera producir una señal ambigua. Los acicates esenciales, siendo los mismos que en 2019 bajo la misma metodología respaldan la posibilidad de ese peligro, no obstante algunas señales (iglesia, grupos industriales y económicos) no están actuando bajo la misma horma que en la jornada golpista de hace tres años.

Solo en esa medida pudiera establecerse una diferencia más clara, puesto que, también, existe la brecha crítica que también facilita las condiciones objetivas para que los factores golpistas consideren que existe una nueva oportunidad para actuar: el propio gobierno y los elementos de dispersión que se reflejan en algunos movimientos sociales como brecha para actuar.

Más recientemente, la Central Obrera Boliviana y la Confederación de Mujeres Campesinas han exigido al gobierno de Arce y a la Fiscalía General del Estado que conforme una "Comisión Nacional de Fiscales" que investigue los gravísimos hechos de violencia racista ocurridos en Santa Cruz, asumiendo que se trata de delitos de terrorismo y alzamiento armado contra el estado boliviano.

Hacia el afianzamiento de la desestabilización

Han existido algunos atenuantes visibles como la falta de un consenso absolutamente homogéneo y unificado por parte de la oposición; esa variable del equilibrio inestable pudieron volcarlo en la dirección interesada. Sin embargo, es posible que los buenos indicadores económicos en Bolivia hayan forzado a varios gremios a no sumarse a un paro que sería deletéreo para tales cifras en plena post-pandemia.

Las fuerzas sociales que intentó movilizar la oposición en otros lugares del país junto a sus aliados políticos (el exministro del gobierno de facto de Jeanine Añez y alcalde de La Paz, Iván Arias, o el alcalde de Tarija, Johnny Torres) nunca llegaron a ser masivas. En La Paz, los activistas de derecha organizados por Arias fueron neutralizados en las calles por la movilización de sectores sociales autoconvocados bajo la bandera de la defensa del proceso de cambio.

En Cochabamba (tercera ciudad en población de Bolivia, ubicada en el centro del país) fue muy baja la capacidad de convocatoria de Camacho. En la mencionada Tarija, al sur de Bolivia, las refriegas de los cívicos y algunos universitarios de derecha con los grupos de militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) mostraron pocas condiciones para que la dirigencia cívica garantizara una huelga departamental.

En la ciudad de Santa Cruz (primera en población y la de mayor actividad económica de Bolivia) los empresarios empiezan a desmarcarse de la huelga regional que ya no es "una inversión" como fue financiar el golpe de estado de 2019 contra el MAS, sino que más bien les está reportando pérdidas económicas.

La definición de un llamado a paro nacional de los Comités Cívicos del resto del país, entre acciones de presión similares, no surtió efecto y ya, a 30 días del paro indefinido, los gremialistas de Santa Cruz piden la suspensión de las medidas de presión para poder aprovechar la alta demanda que se genera a fin de año.

Por otra parte, esta semana comienza el tratamiento en la Asamblea Legislativa de la ley del censo que incluirá la asignación de escaños antes de 2025, una condición para resolver el conflicto. El MAS en la Cámara de Diputados llegará dividido a la sesión; el bloque "radical" (apoyado por Evo Morales) advirtió que votarán en contra del proyecto de ley del censo frente a los "renovadores" (plegados a Arce y el vicepresidente Choquehuanca) que viabilizarán su aprobación. Mientras los opositores acordaron defender que la encuesta se desarrollase en 2023.

Muestra de las pugnas internas en el MAS es la reunión de Evo Morales con algunos diputados del MAS en Cochabamba para tratar el debate de la ley del Censo en la Cámara Baja (Foto: Archivo)

Un peligro latente lo representa la propia fragilidad dentro de las pugnas dentro del gobierno, del propio Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), las contradicciones agendarias de los movimientos sociales y, por lo tanto, una síntesis unificadora dentro de todos estos cauces políticos capaz de establecer una contención más eficaz.

El último desmentido/deslegitimación del resto de gobierno contra su propio ministro que lleva la cartera de Interiores (pugna no tan silenciosa que tiene algo de tiempo) es, de suyo, la señal más perniciosa, mas no la única, de los riesgos que pueden ofrecer un desgajamiento o una grieta sustancial del lado del campo de las fuerzas que restituyeron la democracia con movilizaciones políticas, sociales y electorales en 2020.

Otra muestra sensible con movimientos sociales que fueron fundamentales durante las acciones de resistencia ya hablan de peligrosas desavenencias internas con otros frentes sociales y políticos, cuya principal expresión pudiera ser la marcha de los ponchos rojos, quienes inundarán la ciudad de La Paz para reivindicar su pliego de peticiones pendientes con el gobierno.

Se pudiera reafirmar que ni gobierno ni movimientos sociales se encuentran en el estado de languidez que definió al proceso golpista de 2019 de julio a noviembre, pero esto no impide que la ruptura del equilibrio inestable, a partir de las propias diferencias internas, propicien la posibilidad de que más pronto que tarde la línea de defensa del gobierno de Arce se quiebre, y la violencia golpista avance, de no tomarse medidas más concretas en defensa de la gobernabilidad del estado central, y de saber en qué, cómo y cuándo realizar concesiones, y aún más importante, cuándo no hacerlas, al bando alzado.

Por su parte, Morales ha declarado más de una vez que no había peligro de un golpe de estado, contrariando las advertencias de Arce; debatió algunas diferencias políticas a través de los medios de prensa y no en los ámbitos orgánicos como, por ejemplo, la designación del presidente de la cámara de diputados en la Asamblea Legislativa. Así lo hizo con la fecha elegida para llevar a cabo el censo y terminó acusando indirectamente a Arce y Choquehuanca de "traidores" que operan en contra de la unidad del MAS, acciones que aceleran el desgajamiento del bloque que apoya al gobierno.

A estas horas, en Bolivia pocos actores han salido ilesos del conflicto en proceso. Esta semana muy probablemente habrá momentos cumbres y definitorios.

Fuente

https://misionverdad.com

Evo denuncia participación de Gobiernos regionales en golpe de 2019

Zamora — Fri, 21 Jan 2022 14:47:31 +0000

Evo denuncia participación de Gobiernos regionales en golpe de 2019

Zamora Vie, 21/01/2022 - 10:47

Telesur

De igual manera, Evo Morales exigió a las autoridades bolivianas “una profunda investigación” sobre los hechos de 2019.

El líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales precisó este miércoles que el golpe de Estado de 2019 en Bolivia representó una nueva estrategia del antiguo Plan Cóndor, denunciando la participación de Gobiernos como Brasil, Ecuador y Argentina en el rompimiento del hilo constitucional en el país.

“Por admisión de un presidente ultraderechista se comprueba que gobiernos de Brasil, Ecuador y Argentina que estaban sometidos a Estados Unidos (EE.UU.), conspiraron y colaboraron con el golpe de Estado en Bolivia que derivó en persecución, masacres y corrupción. Es el Plan Cóndor del Siglo XXI”, remarcó el político boliviano.

De igual manera, Evo Morales exigió “una profunda investigación” de este suceso catalogado por él como criminal contra la democracia y la paz en América Latina. “Es hora de poner un alto a golpes militares, congresales, judiciales y anticonstitucionales que patrocina EE.UU. para someter a los pueblos y saquear recursos naturales” subrayó el exmandatario.

Un presidente derechista admite haberse reunido con la presidenta de facto que reprimió, persiguió, masacró y robó al pueblo boliviano. En vez de defender la democracia, el servilismo al imperialismo facilitó el intervencionismo. El golpe en Bolivia fue reedición del Plan Cóndor

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 19, 2022

Según medios locales, el presidente brasileño Jair Bolsonaro sostuvo un encuentro con la exmandataria boliviana alegando que “la expresidenta de Bolivia, Jeanine…estuve con ella una vez, es una persona simpática que está presa”.

De igual manera, los medios indicaron que Áñez había realizado viajes a Brasil sin autorización y sostuvo reuniones con Bolsonaro. Asimismo aseguran que el avión presidencial Fuerza Aérea Boliviana 001 con destino a Brasil realizó un vuelo del FAB-001 el 11 de noviembre de 2019.

Por su parte, el senador por el Partido de los Trabajadores (PT), Rogelio Carvalho, aseveró que no tiene dudas sobre la participación brasileña contra Evo Morales.

Otro de los datos que evidencian la posible relación del país suramericano con los gestores del golpe de Estado es la huida de los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Fernando López por Brasil.

Se afirma que este último exfuncionario boliviano se encuentra en ese país, mientras que Arturo Murillo se fue a Estados Unidos, donde fue detenido por lavado de dinero y pago de sobornos.

Otro de los residentes que tuvieron una relación directa en el golpe de Estado fue el exmandatario Mauricio Macri. En agosto de 2021 el fiscal Claudio Navas Rial, al frente de lo Penal Económico de la Fiscalía General Argentina culpó a dos exfuncionarios por el envío de armas a Bolivia en el marco del golpe de Estado perpetrado contra Evo Morales en 2019.

Fiscalía boliviana investigará vuelos de Jeanine Áñez a Brasil

La Fiscalía investigará también los vuelos hechos por la exgobernante de facto a Ecuador y Argentina.

El fiscal general del Estado boliviano, Juan Lanchipa, informó este miércoles que comenzarán a investigar supuestos viajes irregulares que realizara la expresidenta de facto, Jeanine Áñez a Brasil en 2019.

“El Ministerio Público va a llevar adelante la investigación. Está llevando adelante la investigación de aquellos vuelos que han realizado a la República de Ecuador, para traer material bélico; también, de aquellos viajes que se han hecho a la Argentina y, naturalmente, también de estos vuelos (a Brasil) que no están contemplados dentro del ordenamiento legal, que tengan la autorización respectiva, van a ser objeto de investigación”, dijo el funcionario en rueda de prensa.

Lanchipa detalló que la Fiscalía está a la espera de recibir la documentación con información de los vuelos para comenzar a investigar de manera formal. El fiscal aseveró que la primera instancia a la que se acudirá para pedir información sobre el caso será la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Los movimientos irregulares de la exmandataria se contemplan en estas indagaciones.

Bolsonaro: "Estuve con ella" [con la golpista boliviana Jeanine Añez] una supuesta reunión clandestina según Página 12. "Prueba que el gobierno de Morales fue atacado por una organización internacional" con supuesta entrega de armamento de Brasil a los golpistas cita Página 12" pic.twitter.com/xAmFfgDq0x

— Jorge Gestoso (@JorgeGestoso) January 19, 2022

De acuerdo con una investigación efectuada por medios locales argentinos, el jefe de Estado brasileño, Jair Bolsonaro, reveló que sostuvo un encuentro con Áñez, lo que confirma los indicios de viajes no registrados del avión presidencial de Bolivia a Brasil luego de las crisis constitucional de noviembre de 2019.

“En un acto aparentemente involuntario el capitán retirado y mandatario afirmó: ‘la expresidenta de Bolivia, Jeanine… estuve con ella una vez, es una persona simpática que está presa’. Para después agregar, con enojo, ‘¿saben cuál es la acusación contra ella? (haber cometido) actos antidemocráticos”, señala el texto.

Al no existir constancia de una reunión oficial entre ambos mandatarios, la conversación ocurrió de manera secreta.

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Bolivia anuncia que juicio oral contra la expresidenta Áñez será la próxima semana

Zamora — Thu, 13 Jan 2022 16:25:53 +0000

Bolivia anuncia que juicio oral contra la expresidenta Áñez será la próxima semana

Zamora Jue, 13/01/2022 - 12:25

Sputnik

El juicio oral ordinario contra la expresidenta boliviana Jeanine Áñez y exjefes militares y policiales por el golpe de Estado de 2019 comenzará la semana próxima, informó el ministro de Gobierno de ese país, Eduardo del Castillo.

“En base a las investigaciones realizadas, y también por el pedido de justicia del pueblo boliviano, informamos a la opinión pública que la señora Jeanine Añez Chávez, el ex alto mando militar y el excomandante de la Policía Boliviana ingresarán a la etapa de juicio oral dentro del Caso Golpe II la siguiente semana”, publicó Del Castillo en su cuenta de Facebook.

El anuncio confirmó anticipos de otras autoridades de menor rango y un abogado de la acusación, que remarcaron que se consideran violaciones a la Constitución las cometidas por los exfuncionarios durante la instalación del gobierno transitorio luego del derrocamiento de Evo Morales.

En un proceso paralelo, llamado Caso Golpe I, Áñez y líderes opositores están acusados por ruptura del orden constitucional y violaciones de derechos humanos.

Asimismo, dijo que la acusación central del inminente juicio penal, en el cual el Ministerio de Gobierno es parte querellante, se refiere a “la ilegal autoproclamación en la presidencia de Bolivia, sin considerar previamente las renuncias de las autoridades electas en línea de sucesión, ante un Senado y Asambleas Legislativas vacías y sin quórum”.

Y agregó: “En términos simples, lo que hizo la exsenadora fue autoproclamarse en presencia de medios de comunicación y representantes diplomáticos, sin cumplir con las formalidades establecidas en la Constitución y la Ley”.

Por otra parte, dijo que el delito de resoluciones contrarias a la Constitución, por el cual se acusa a los procesados, “es un delito instantáneo que se materializa con la simple orden o ejecución de la decisión contraria a las previsiones constitucionales, como sucedió el 12 de noviembre de 2019”, con la autoproclamación de Áñez.

La acusación formal de la fiscalía fue presentada en noviembre pasado al juez de la causa, tras casi un año de investigaciones, incluidas la toma de declaraciones a denunciados y testigos.
Al aceptar la acusación, la justicia desestimó la demanda de Áñez de ser juzgada como expresidenta y no como simple ciudadana.

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Bolivianos se movilizan en rechazo al paro y en apoyo al Gobierno

Zamora — Thu, 18 Nov 2021 13:40:43 +0000

Bolivianos se movilizan en rechazo al paro y en apoyo al Gobierno

Zamora Jue, 18/11/2021 - 09:40

Telesur

Organizaciones sindicales se adhieren a una marcha de 200 km convocada para defender la democracia y el Gobierno electo en las urnas.

Miles de personas se congregaron desde las primeras horas de este miércoles en el límite entre las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto, para mostrar su respaldo al Gobierno del presidente Luis Arce y rechazar el intento de golpe de Estado promovido por la derecha local.

Se prevé que los asistentes a la movilización consideren posibles acciones que realizarán para defender la democracia.

Entre ellas, durante las últimas horas se mencionó que la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines se sumarán, a partir del próximo 23 de noviembre, a la marcha de 200 km convocada por el Movimiento al Socialismo (MAS) entre la localidad de Caracollo, en el departamento de Oruro, hasta La Paz.

Cada día, con esfuerzo y dignidad el pueblo trabajador derrota los afanes golpistas de cívicos racistas y derechistas que con paros violentos atentan contra la economía de #Bolivia. Unidos y fortalecidos avanzamos con el hermano @LuchoXBolivia hacia la recuperación económica.

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 17, 2021

De acuerdo con el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, a través de la marcha exigirán al Ejecutivo de manera abierta y pública la encarcelación de los autores intelectuales del golpe de Estado de noviembre de 2019 y de los recientes actos de desestabilización.

Con anterioridad, el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, había anunciado que la marcha serviría para blindar la democracia, restituida tras la victoria popular en las elecciones de octubre de 2020, y apoyar a Arce.

La derecha, mediante los comités Cívicos y un autodenominado Comité de Defensa de la Democracia, Conade, no están tras la abrogación de leyes sino tras la caída del gobierno: Juan Carlos Huarachi, Central Obrera Boliviana. @ConexiontlSUR pic.twitter.com/71PJbH7h6g

— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) November 15, 2021

A juicio de Huarachi, la derecha tiene una agenda política y procura pretextos para propinar un nuevo golpe de Estado, en alusión al reciente paro indefinido promovido por los denominados comités cívicos de Santa Cruz y Potosí.

Recordó que ambos comités comenzaron por exigir la derogación de la ley contra las ganancias ilícitas, abrogada este martes por el Gobierno, y luego incorporaron otras demandas, entre ellas la restitución en la Cámara de Diputados del requisito de los dos tercios para aprobar las leyes, en lugar de hacerlo mediante voto de la mayoría, como establece la Constitución Política del Estado boliviano.

La víspera, en asamblea de la COB y más de 60 organizaciones sindicales afiliadas, se acordó solicitar al Gobierno que sancione judicialmente a los promotores de las recientes acciones de desestabilización.

Iniciamos temprano la reunión de Gabinete Ministerial de los miércoles. Evaluamos las pérdidas causadas por el paro en algunas ciudades, y analizamos medidas para revertirlas. Con trabajo y unidad seguiremos avanzando por el camino del desarrollo. #EstamosSaliendoAdelante pic.twitter.com/5ptnR3qbZ8

— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) November 17, 2021

Gobierno evalúa perjuicios del paro

Por su parte, el Ejecutivo ha convocado al país a regresar a la normalidad para que mejore la situación de la economía, muy afectada durante el mandato de un año del Gobierno de facto de Jeanine Áñez.

El presidente Luis Arce informó a través de Twitter que el Gabinete ministerial evalúa este miércoles las pérdidas causadas por el paro en algunas ciudades y analizan medidas para revertirlas.

Arce aseguró que “con trabajo y unidad seguiremos avanzando por el camino del desarrollo”.

(Hilo) Mientras algunos quieren paralizar #Bolivia, nuestro Gobierno invierte Bs55,3 millones para dotar de agua a comunidades con el Programa Nuestro Pozo. Concluimos 376 sistemas de agua para 26 mil familias, con pozo profundo, electricidad, bomba, tanque y red de impulsión. pic.twitter.com/ZMxjt3nbID

— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) November 17, 2021

Días atrás, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó que el paro de actividades ocasiona al país una pérdida diaria de alrededor de 112 millones de dólares.

Además, recordó que parte de esos recursos se destinan a programas sociales, como los bonos sociales Juancito Pinto, Juana Azurduy y renta Dignidad, que rinden beneficios a estudiantes, madres gestantes y adultos mayores.

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Rastros del complot regional en el golpe de Bolivia en 2019. Operación Cóndor del siglo XXI

Zamora — Wed, 21 Jul 2021 21:02:38 +0000

Rastros del complot regional en el golpe de Bolivia en 2019. Operación Cóndor del siglo XXI

Zamora Mié, 21/07/2021 - 17:02

Misión Verdad

Con las denuncias de Bolivia sobre el apoyo del gobierno argentino de Mauricio Macri a la administración golpista liderada por Jeanine Áñez se abrió el abanico de señalamientos a nivel regional, pues Brasil y Chile también estarían involucrados en la colaboración directa a la dictadura que hasta hace unos meses dominaba La Paz.

De acuerdo a Jorge Richter, portavoz del gobierno boliviano, las administraciones de Jair Bolsonaro y de Sebastián Piñera también podrían haber estado involucradas en el suministro de recursos para la represión a las manifestaciones anti-golpe que se estaban dando en buena parte del país andino.

Richter dijo que ahora se investigará una posible colaboración internacional sin dar más detalles.

Hace dos semanas, el canciller boliviano Rogelio Mayta reveló documentos que acreditan el envío de municiones de Macri, así como de su ex homólogo ecuatoriano Lenín Moreno, que fueron utilizados por fuerzas policiales en Bolivia para reprimir las protestas populares contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani, anunció una propuesta para crear una comisión de investigación con el fin de investigar no solo el tráfico de armas propiciado por la Argentina macrista, sino también la posibilidad de que otros gobiernos hayan colaborado con los golpistas.

Mamani no ocultó qué gobiernos serán investigados: Jair Bolsonaro en Brasil y Sebastián Piñera en Chile. De esta manera queda clara una hoja de ruta para la investigación de las autoridades bolivianas, que ahora ventilan los entresijos regionales del golpe contra Evo Morales en 2019 con el afán de conseguir justicia ante los hechos históricos.

Rastros de una conspiración regional

Tanto Brasil como Chile han sido abiertamente hostiles a Evo Morales y su partido, el MAS (Movimiento al Socialismo); la animadversión de ambos gobiernos se mantiene con la actual administración presidida por Luis Arce.

Piñera reconoció a Jeanine Áñez como "presidenta interina", instalada por las Fuerzas Armadas luego del golpe de 2019, y trabajó en conjunto con su gabinete y otros países en el marco del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) para combatir los embates del covid.

Bolsonaro, por su parte, dio "ánimos" a la exdictadora boliviana cuando contrajo covid, igual que lo hizo el expresidente magnate Donald Trump. Brasil fue uno de los primeros países en reconocer a Áñez como presidenta.

El medio Brasil Wire ha documentado la relación entre la familia Bolsonaro y la extrema derecha boliviana, clave durante el desarrollo del golpe: mientras Áñez estuvo en el poder su avión viajaba recurrentemente a Brasil y, además, uno de los líderes ideológicos del Comité Cívico Pro Santa y de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Branko Marinkovic, tiene fuertes lazos de amistad (política) con Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño.

Cabe señalar que Marinkovic terminó siendo ministro de Áñez.

Luis Fernando Camacho, ahora gobernador de Santa Cruz, líder del Comité Cívico Pro y actor fundamental del golpe en 2019, también ha expresado una profunda admiración por el gobierno de Bolsonaro. En la prensa lo han calificado incluso de "Bolsonaro boliviano".

Cuenta Brasil Wire en otra nota que, a fines de 2018, los aliados de Camacho viajaron junto a muchos líderes y empresarios latinoamericanos de derecha y extrema derecha a la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu para participar en una cumbre organizada por el diputado Eduardo Bolsonaro, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara. En el evento también estuvieron políticos chilenos.

Por otro lado, documentos de la embajada argentina en La Paz dan detalles de una reunión en julio de 2019 en la que el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Kevin Michael O'Reilly, advirtió que Evo Morales probablemente ganaría las elecciones presidenciales de ese año y, por lo tanto, pidió a la OEA, la UE y a los gobiernos de Brasil, Argentina y Perú que cuestionaran la transparencia y legitimidad de las elecciones.

Documento que detalla la reunión del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Kevin Michael O'Reilly, con otros representantes de gobiernos en la región (Foto: Brasil Wire)

Recordemos que la presión regional, encabezada por la OEA y su secretario general Luis Almagro, fue el caldo de cultivo para el golpe contra el MAS luego de las elecciones de 2019.

Uno de los pasajes más interesantes del documento dice que la escena política boliviana depende de lo que suceda en Venezuela, lo que se suma a la creciente evidencia de un plan más amplio para desestabilizar gobiernos antiimperialistas en la región latinocaribeña.

Además, según el portal digital Behind The Backdoor y reseñado por el diario argentino En Orsai, la estación de la CIA en La Paz dio instrucciones al Jefe de la Agencia de Inteligencia de Argentina (AFI, por sus siglas en español) en Bolivia, José Sánchez, para apoyar la recopilación de información sobre Evo Morales y sus administraciones, así como de todos los funcionarios cubanos, venezolanos y nicaragüenses residentes en Bolivia, incluidos los diplomáticos. Para cumplir con lo anterior José Sánchez no solo utilizó a sus agentes en el país, sino que también solicitó el apoyo de agentes en Brasil, Colombia y Perú.

Los papeles de Argentina y Brasil parecen estar más claros en la trama; sin embargo, no se debe desdeñar la advertencia del mismo Evo Morales sobre la implementación de una nueva Operación Cóndor en pleno siglo XXI, bajo otro contexto, pero con los mismos fines imperiales.

Las investigaciones del Estado boliviano darán más luces sobre esta hipótesis, para disparata en una región que experimenta conspiraciones internacionales, magnicidios y desestabilizaciones por parte de actores foráneos en países que adversan los intereses estadounidenses.

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https://misionverdad.com/

Demandan a expdte. de Ecuador por entrega de armas a Bolivia

Zamora — Tue, 15 Jun 2021 15:32:20 +0000

Demandan a expdte. de Ecuador por entrega de armas a Bolivia

Zamora Mar, 15/06/2021 - 11:32

Telesur/Sputnik

En el Gobierno de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, más de 5.000 granadas y 3.000 proyectiles arribaron desde Ecuador.

El abogado y asambleísta ecuatoriano Fausto Jarrín Terán presentó este lunes una denuncia contra el expresidente Lenín Moreno, por el delito de entrega y gases lacrimógenos y proyectiles para el uso de la fuerza pública boliviana contra la población civil durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.

La querella se presenta luego que el Gobierno boliviano informó el pasado jueves la apertura de una investigación para indagar sobre la entrega de gases lacrimógenos y "municiones de guerra" desde Ecuador hacia Bolivia durante el mandato de Jeanine Áñez (2019-2020).

Fausto Jarrín demanda que se abra una investigación tanto al expresidente ecuatoriano como a la exministra María Paula Romo, a partir de informaciones proporcionadas en los medios públicos y que son de conocimiento general.

Seguimos esperando que la velocidad demostrada en los casos que interesaban al Gob. de Moreno sea la misma para casos como INA u otros…

Hoy presentaré una nueva denuncia ante la @FiscaliaEcuador luego de conocer los gravísimos hechos relacionados con la represión en Bolivia. pic.twitter.com/VW0Ca7mLdD

— Fausto Jarrín Terán. (@Sandinin) June 14, 2021

De acuerdo a su declaración "los hechos ocurridos mostrarían el cometimiento del delito tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio de que la investigación devele el cometimiento de otros delitos relacionados a estos hechos".

El gobierno ecuatoriano suministró a Bolivia un total de 5.500 granadas y 2.949 proyectiles de distintos tipos en 2019. En total fallecieron 37 personas, de las que una veintena corresponden a las llamadas masacres de Sacaba y Senkata.

Es lamentable que el gobierno de Lenín Moreno, expresidente de #Ecuador aparezca implicado en las masacres ocasionadas por el gobierno de facto en Sacaba, Senkata y Pedregal. Haber prestado granadas y proyectiles a los golpistas lo pone en evidencia. pic.twitter.com/hELBaVqQFj

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 11, 2021

En La Paz, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, especificó en rueda de prensa que los contactos para el préstamo de granadas de gas y municiones se hicieron a través del entonces director Nacional de Logística de Ecuador, Fernando Correa Gordillo, que dependía del comandante de la Policía ecuatoriana, Patricio Carrillo Rosero.

El nexo que logró adquirir las granadas y los proyectiles del gobierno de #Ecuador a #Bolivia para reprimir al pueblo, fue la ex ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga. #VamosASalirAdelante #NoEsVenganzaEsJusticia pic.twitter.com/RKfKhzLP8W

— Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) June 12, 2021

Al exministro de Gobierno durante la gestión de Jeanine Áñez, Arturo Murillo también se le investiga por el delito de peculado en relación con la compra de lotes de gases antidisturioos a sobreprecio, sin embargo, Eduardo Del Castillo aseguró que el proceso en que se ve envuelto Ecuador fue una operación paralela.

Bolivia plantea una investigación internacional sobre el apoyo ecuatoriano a la expresidenta Áñez

El embajador boliviano en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego Pary, planteó una investigación internacional sobre el papel del expresidente ecuatoriano Lenin Moreno (2017-2021) en favor del Gobierno de facto instalado en este país en 2019.

"El préstamo apresurado de armamento letal y no letal de Ecuador a Bolivia en los primeros días del golpe de 2019 es una vulneración grave del derecho internacional, esto requiere una investigación seria con la participación de organismos internacionales", dijo Pary a la televisión estatal.

Quito prestó a La Paz en noviembre de 2019 al menos 5.500 granadas de gas lacrimógeno y casi 3.000 proyectiles diversos, incluidas municiones de guerra, en apoyo a la entonces recién instalada presidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), en una operación revelada en los últimos días en la capital boliviana.

El caso ganó actualidad tras el arresto en Estados Unidos del exministro boliviano Arturo Murillo, señalado como principal gestor del préstamo ecuatoriano y de una compra paralela de materiales antidisturbios con sobreprecio, sobornos y una trama de lavado de dinero, delitos por los que ahora está procesado.

Plan Cóndor

Pary dijo que el nuevo Gobierno presidido por Luis Arce considera "solicitar una investigación internacional sobre el caso", en el cual se habrían violando normas tanto ecuatorianas como bolivianas.

"Una operación como el préstamo de materiales militares y policiales solo es posible mediante un acuerdo de cooperación internacional que normalmente toma su tiempo, no se hace en dos o tres días, sino en meses y hasta años, pero en ese caso se lo hizo de la noche a la mañana", afirmó.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, mostró el pasado fin de semana a la prensa, como prueba del apoyo del Gobierno ecuatoriano de Moreno a Áñez, una comunicación oficial de Quito, de mayo de 2020, en la que pedía la devolución de los materiales.

"Es el Plan Cóndor II; el funcionamiento de esta organización básicamente se asemeja a la estrategia del Plan Cóndor que hemos vivido en los años 70, donde varios países cooperaban regionalmente para la represión", afirmó Del Castillo en referencia a la colaboración entre gobiernos dictatoriales latinoamericanos de décadas pasadas.

Medios locales, que divulgaron el fin de semana varios documentos oficiales que confirmarían el préstamo de los materiales policiales y militares de Ecuador a Bolivia, indicaron que esa operación fue iniciada el 14 de noviembre de 2019, apenas dos días después de la instalación del Gobierno transitorio de Áñez.

En las semanas siguientes, operaciones conjuntas de militares y policías contra manifestantes que protestaban contra el golpe que derrocó al Gobierno de Evo Morales (2006-201) dejaron una treintena de civiles muertos en varios puntos del país.

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Nace Runasur con Bolivia como sede y busca adherir a 12 países

Zamora — Tue, 27 Apr 2021 17:12:25 +0000

Nace Runasur con Bolivia como sede y busca adherir a 12 países

Zamora Mar, 27/04/2021 - 13:12

Página Siete

El Organismo contará con un consejo de representantes y un consejo ejecutivo operativo, que tendrá a su cargo los consejos político, económico y otros.

Cinco meses después de que Evo Morales planteara la iniciativa de crear un organismo internacional de los movimientos sociales, nace la Runasur, una instancia alternativa a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Con el objetivo de articular una América Plurinacional establece su sede central en Bolivia y busca adherir a los 12 países de la región.

“La Runasur tiene una meta, unir a los movimientos sociales -sea indígenas, obreros, de la clase media y magisterios- con profesionales intelectuales y la meta es luchar para una verdadera liberación de toda América plurinacional de los pueblos para los pueblos. La América plurinacional no es compatible con capitalismo, imperialismo”, señaló Morales en las conclusiones de la primera reunión del equipo técnico integrado por Bolivia, Venezuela, Ecuador y Argentina.

La idea de crear la Runasur fue planteada por Morales un día después de que retornó a Bolivia, luego de un año de exilio. El exmandatario aprovechó la visita de delegaciones internacionales y lanzó la propuesta de conformar una “Unasur de pueblos indígenas”.

“El de la idea fue el hermano Evo Morales, planteó, y aprovechando que estaban dirigentes de Ecuador, de Perú… ahí planteó para tener una reunión y proponer esa idea. Entonces todos concordamos, acordamos en convocar y ya se hizo una segunda convocatoria”, sostuvo anteriormente Jacinto Herrera, exsecretario ejecutivo de la Csutcb.

El sábado, el equipo técnico de la Runasur definió los principios rectores del organismo y ayer estableció su estructura orgánica.

“El consejo de representantes es la máxima autoridad del organismo y está estructurada a la parte operativa qué es el consejo ejecutivo operativo. Dentro del consejo ejecutivo operativo, quedan los siguientes consejos: consejo del sistema político, consejo educativo, consejo jurídico y consejo económico”, indicó el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas.

Explicó que el consejo de representantes es la máxima instancia de deliberación y decisión y que estará integrada por los representantes de las organizaciones sociales y pueblos indígenas de los diferentes países. Asimismo, señaló que el consejo ejecutivo estará compuesto por un secretario general y un directorio integrado por los representantes de los países miembros.

La Runasur tendrá una sede central que será Bolivia y cuatro subsedes en las regiones norte, sur, este y oeste, según radio

Kawsachun Coca.

Morales señaló que tienen la misión de integrar a los 12 países de la región, por lo que Bolivia se hará cargo de socializar la información con organizaciones sociales de Perú y Paraguay; Argentina hará lo mismo con Brasil y Uruguay; Ecuador se encargará de Colombia y Chile; y Venezuela de Surinam y Guayana.

En su constitución se estableció que la Runasur es un organismo anticolonialista, antiimperialista, anticapitalista, complementario, soberano y articulador y en su primera resolución denominada “Defensa de la vida y la salud” solicitó la liberación de las patentes de la vacuna contra la Covid-19 para garantizar su libre acceso.

La Runasur se gesta con siete principios rectores básicos

La Runasur es una alternativa a la Unasur, conformada por organizaciones sociales. Es impulsada en su creación por Evo Morales.

La Runasur, una especie de Unasur de las organizaciones sociales de países de la región, empezó su constitución con siete principios rectores que fueron trazados ayer en la primera reunión del equipo técnico conformado por representantes de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Argentina, en el municipio de Villa Tunari, en Cochabamba.

El documento constitutivo se enmarcará en los siguientes principios rectores: unidad de los pueblos para luchar contra el capitalismo, imperialismo y el neocolonialismo; proteger la soberanía de los pueblos sobre los bienes comunes; respeto a los derechos de la madre tierra como sujeto de derecho para vivir bien/buen vivir; respeto a la vida para consolidar el equilibrio y la armonía con la madre tierra y todos los seres humanos.

Además de reconstitución y articulación de la diversidad de identidades culturales para rehabilitar y fortalecer el sistema comunitario plurinacional; soberanía política, económica y tecnológica de los pueblos para los pueblos y diplomacia de los pueblos, complementariedad para la integración plurinacional de la región hacia la reconstitución de Abya Yala.

En el encuentro el expresidente Evo Morales, quien impulsa la creación de la Runasur, señaló que este organismo se crea como alternativa de la Unasur, que se vio paralizada por los gobiernos de derecha.

“La Unasur es la parte oficial de los estados con Lula (Luiz Inácio Lula da Silva), con Néstor (Kirchner), con Hugo Chávez, con (Rafael) Correa organizamos fácilmente el Unasur, pero nos ganaron, la derecha paralizó la Unasur. Al movimiento indígena, a los distintos sectores, movimientos sociales, nunca nos van a derrotar, porque tenemos principios, tenemos ideología, venimos de tantas luchas desde la Colonia. La Runasur es un espacio de integración en Sudamérica”, manifestó Morales.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, señaló que la Runasur se gesta como un organismo de defensa de los intereses neoliberales.

“Sólo unidos nos vamos a defender entre nosotros. Cuando empezamos a defender nuestro territorio estamos siendo asesinados por los grandes intereses neoliberales, por las transnacionales, por los gobiernos que no quieren que nosotros sigamos defendiendo la autonomía, la libre determinación y es por eso que estamos aquí”, expresó.

En la misma línea, el secretario adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Godoy, indicó que desde la Runasur se exigirá volver a crear la Unasur y la Celac.

“Vamos a construir en Latinoamérica y el Caribe la patria grande, la América plurinacional que estamos alentando desde el Runasur, la Unasur de los pueblos. No es solamente para exigirle a los gobiernos que recrean el Unasur, que recrean la Celac, nuevas instituciones de los gobiernos, de nuestros países sin la injerencia de Estados Unidos, ni la injerencia de la del ‘Ministerio de las Colonias’, qué es la OEA (Organización de Estados Americanos)”, manifestó.

La idea de Runasur se impulsó por primera vez con el regreso de Evo Morales a Bolivia en noviembre de 2020.

Sobre la Unasur

Creación La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) surgió en 2008 con la firma del Tratado Constitutivo, el cual entró en vigor en 2011.
Miembros Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela integraron el organismo.
Retiros En abril de 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay decidieron suspender su participación en la Unasur. El mismo año también salió Colombia, en 2019 se sumó Ecuador y en 2020 Uruguay

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MAS se lleva 71 % de alcaldías tras subnacionales bolivianas

Zamora — Tue, 23 Mar 2021 15:46:47 +0000

MAS se lleva 71 % de alcaldías tras subnacionales bolivianas

Zamora Mar, 23/03/2021 - 11:46

Telesur

El partido de Gobierno es la única fuerza política con presencia en las autoridades de las nueve regiones del país.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia se proclamó finalmente vencedor de las elecciones subnacionales en 240 alcaldías de las 336 (71,4 por ciento) puestas en disputa, 13 más que en 2015. En 19 de ellas la victoria del partido de Gobierno se consolidó con el 100 por ciento de la votación válida.

Así quedó registrado tras la segunda jornada de votaciones efectuada este domingo, habilitado para aquellas regiones en que, por diferentes causas, no se pudo llevar a cabo la elección el pasado 7 de marzo.

De esta forma, el MAS es el único partido que tiene amplia presencia en las autoridades de las nueve regiones del país, según los resultados publicados por el portal de cómputo oficial del Órgano Electoral Plurinacional. Santa Cruz es el departamento en el que menos municipios logró ganar, pero aún así obtuvo 28 de sus 54 alcaldías.

#SantaCruz
La jornada de repetición de votación transcurre con normalidad a esta hora de la tarde en el Recinto Germán Busch, San José de Chiquitos.#LaDemocraciaLaHacemosTodos pic.twitter.com/GRT7jBNGiD

— TSE Bolivia (@TSEBolivia) March 21, 2021

En La Paz, el departamento que tiene más alcaldías del país, el MAS ganó en 63 de 87. En Cochabamba, 41 de 47; en Potosí, 35 de 41; en Oruro 28 de 33; en Chuquisaca 21 de 29; en Pando ocho de 15; en Beni ocho de 11 y en Tarija, en ocho de 11.

El casi centenar de municipios que quedaron en manos de la oposición se reparte entre 43 frentes locales y regionales. Entre los más sobresalientes están: el Movimiento Tercer Sistema (MTS) que consiguió ganar en diez municipios; Unidos con ocho alcaldías; Venceremos con siete; Creemos con siete; Demócratas que logró cinco y Jallalla que alcanzó cuatro.

"Evidentemente el MAS es el único partido de presencia nacional, incluso lo vemos en los departamentos que irán a segunda vuelta; en todos uno de los contrincantes es el MAS", dijo el analista Andrés Uzín, especialista en gestión y políticas públicas.

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