Eduardo Viloria Daboín

Operación Gedeón, Silvercorp Usa Inc o la privatización de la guerra contra Venezuela

Zamora — Wed, 06 May 2020 02:28:11 +0000

Operación Gedeón, Silvercorp Usa Inc o la privatización de la guerra contra Venezuela

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Zamora Mar, 05/05/2020 - 22:28

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Eduardo Viloria Daboín

Doscientos millones de dólares fue el monto por el que Juan Guaidó contrató los servicios de Silvercorp Usa Inc, la empresa de Jordan Gordreau, el exmilitar estadounidense que asumió la responsabilidad de la operación Gedeón -junto al exmilitar venezolano Javier Nieto Quintero- y que ratificó la veracidad de dicha operación que se desarrolla desde el domingo 3 de mayo en costas el centro de Venezuela. Según testimonios suyos en video, para el desarrollo de esa operación Gedeón fueron contratados sus servicios, y es la misma a la que se refirió un mes atrás el general retirado de la fuerza armada venezolana Cliver Alcalá. La operación, según han informado autoridades, periodistas y medios nacionales, viene siendo repelida por la FANB y los cuerpos de inteligencia y seguridad del país. El saldo al día de hoy es de doce personas detenidas, entre los que hay 2 estadounidenses, y ocho fallecidos. Algunas páginas del contrato entre Silvercorp Usa Inc y el falso gobierno interino circularon ampliamente, luego de que lo hiciera público la periodista opositora y prófuga de la justicia venezolana Patricia Poleo: en las páginas, además de las firmas de quienes acordaron los servicios, se ven los montos implicados.

La empresa dirigida por Gordreau, según su publicitaria página web, brinda servicios de liderazgo en crisis severas, rescate de personal en situaciones críticas, recuperación de rehenes, desarrollo de planes de contingencia, entre otros servicios vinculados a tareas policiales o militares: «Estamos preparados para ayudar a las corporaciones en la formulación de planes de manejo de crisis para secuestros y otras extorsiones, pautas de control de bombas y procedimientos para evacuar a empleados de áreas inestables», dice literalmente. Aunque señalan reiteradamente que sus servicios son brindados a corporaciones, también se refieren a prestación de servicios a gobiernos.

Llama la atención un apartado en el que ofrecen sus servicios para actuar contra amenazas generadas por movimientos políticos, laborales, o por empleados descontentos o despedidos, «recurriendo a los recursos psiquiátricos cuando sea necesario».

El apartado que se refiere a recuperación de rehenes informa que la empresa tiene capacidad de despliegue inmediato con disponibilidad permanente para responder a un secuestro y actuar en todas las fases y procesos que implique el mismo, desde manejo de la negociación directamente, protección y entrega de los recursos y fondos para pago de rescate, hasta protección del rehén.

Silvercorp Usa Inc ofrece, además, servicio de respuesta rápida hacia cualquier parte del mundo para evacuar personal de áreas peligrosas: «Si es necesario, estamos preparados para emplear metodologías de extracción no convencionales».

Un párrafo resulta particularmente extraño: «Las empresas a menudo se encuentran sin preparación para hacer frente a aquellos que jugarían duro, especialmente en climas extranjeros desconocidos. Ayudamos a nivelar el campo de juego». ¿Qué sería en este caso «jugar duro»? ¿En qué consistiría esa ayuda para «nivelar el terreno»? La respuesta podría ser incorporación de poder de fuego concreto en un sitio y momento específico.

En la sección sobre sus servicios para actuar en desastres naturales se explica una larga enumeración de sus cualidades para desplegarse en cualquier terreno y en cualquier circunstancia climática, «incluyendo tormentas de invierno, inundaciones, tornados, huracanes, incendios forestales, terremotos o cualquier combinación de los mismos».

Además, la página web de la empresa de Jordan Gordreau, que no escatima en recursos publicitarios y de mercadeo, ofrece el servicio de liderazgo en situaciones de crisis. Allí literalmente dice: «Cuando surge una crisis, lo primero que la gente suele buscar es un líder: la persona que sabe cómo resolver el problema y tomará las medidas necesarias para hacerlo. Los líderes sin experiencia pueden tomar decisiones precipitadas, reaccionar demasiado rápido a la situación o, lo que es peor, no reaccionar en absoluto con la esperanza de que la situación se resuelva sola». ¿En el caso venezolano este servicio aplicaría a un conjunto de militares desertores sin jefatura ni liderazgo real que debe ser cohesionado para emplearlo en un fin puntual?

Por último, Silvercorp Usa Inc asegura haber ayudado a crear y mejorar la seguridad de instalaciones nucleares y aeroespaciales en todo EEUU. También haber planeado y dirigido equipos de seguridad internacional para el Presidente de los Estados Unidos y el Secretario de Defensa.

La cuenta de Instagram de SilverCorp Usa Inc abunda en videos y fotografías en los que se exhibe todo lo enunciado por escrito en la página web: hombres en proceso de entrenamiento físico y técnico, despliegue militar en distintos tipos de terreno e infraestructuras y con uso de armamento de guerra de alta tecnología, ejemplos de formas concretas de despliegue y uso específico de tecnología militar. Todo, con el permanente protagonismo de Jordan Gordreau, quien se muestra como una especie de súper comando al estilo Rambo o Jason Bourne. Una frase resalta entre todas las que acompañan los videos: “Wearen’tretiredmilitary. We are active duty risk mitigation”. En castellano sería: “No somos militares retirados. Somos mitigación de riesgos en servicio activo”. Es decir, una suerte de ejército de reserva dispuesto a actuar cuando haga falta. Por mucho dinero, claro está. Hay videos, además, que evidencian su actuación en relación con Venezuela desde hace al menos un año: el video en el que se relata cómo brindaron sus servicios de seguridad en el concierto de Cúcuta que se organizó para supuestamente recaudar fondos para la falsa ayuda humanitaria, y otro que publicita sus capacidades de actuación en tipos de crisis diversas en el que se ven imágenes de la violencia callejera de 2017 o 2014.

Todo esto se enmarca en la lógica privatizadora del capitalismo contemporáneo, según la cual incluso aspectos estratégicos de los Estados (desde seguridad de instalaciones hasta fabricación de armas) pueden ser asumidos por corporaciones privadas, y en la lógica según la cual la carrera militar suele ser un primer paso para luego pasar al sector de la seguridad privada de alto nivel. Una lógica que, aunque deforme, aprendemos a ver como correcta y natural a punta de series gringas de investigadores privados y agentes especiales o superhéroes como IronMan.

Ahora bien, todo esto cobra una dimensión distinta cuando vemos que, en una situación de conflicto político y agresión extranjera como la que vive Venezuela, una empresa de este tipo -y su principal representante-, aparece públicamente asumiendo la responsabilidad sobre una acción militar que implica la violación territorial del país y que tiene como objetivo explícito la captura del presidente y su derrocamiento, así como de otros dirigentes políticos.

Aquí todo aquello enunciado como servicios de una legítima empresa de seguridad pasa a ser nada más que una fachada legal para encubrir un cuerpo militar mercenario con alto poder de fuego, entrenamiento profesional especial, manejo de tecnología militar de primera línea y capacidad de despliegue en todo el planeta, que puede actuar al servicio de quien le pague para ejecutar operaciones de cualquier índole, más allá de jurisdicciones, leyes o soberanías nacionales. Cobran otro sentido, además, los expresos vínculos y cercanía de esta empresa con el gobierno de EEUU, que pretende aparecer en este caso sin responsabilidad alguna. Y cobran un sentido grave frases como: «Si es necesario, estamos preparados para emplear metodologías de extracción no convencionales», o «Ayudamos a nivelar el campo de juego».

Esto permite ver, con meridiana claridad, cómo se materializa ante nuestros ojos, en relación con la violación a la paz, la democracia y la soberanía de nuestro propio país, un aspecto oscuro pero frecuente de la realidad contemporánea: la tercerización y privatización de la guerra. Algo de lo que habíamos sabido hasta ahora en relación con Irak, Siria, Libia o Afganistán, o en relación con el uso de bandas criminales paramilitares con fines políticos, pero que ahora vemos incluso revestido y cubierto por la legalidad de un país como EEUU, y barnizado para efectos de la legislación internacional con argumentaciones en torno al TIAR a partir de la supuesta legalidad del llamado Gobierno Interino que encabeza Juan Guaidó.

Es sumamente complejo, pero según las informaciones que hasta ahora circulan, estaríamos viendo cómo, luego de haber fracasado en el intento de generar un quiebre en la FANB que permitiera derrocar (capturar o asesinar) al presidente Maduro usando sólo fuerza interna, se da paso a una fase siguiente, alternativa, contemplada en el plan diseñado para el artefacto Guaidó, y que vendría a confirmar con mucha mayor contundencia varias cosas: 1) Guaidó es un agente al servicio de una fuerza extranjera que agrede nuestro país, 2) uno de los objetivos del robo de dinero y activos en el extranjero pertenecientes a la República es su uso para estos fines de contratación de fuerzas militares mercenarias, 3) Estados Unidos no está dispuesto al empleo de recursos propios, logísticos, financieros y militares en una invasión regular a nuestro país, 4) ha iniciado, de forma más visible, una fase de los planes de EEUU contra Venezuela en el cual la guerra pasa a ser tercerizada a través de actores privados y no sólo a través del uso de bandas paramilitares como Los Rastrojos.

Estados Unidos, como ya lo hizo Colombia en comunicado de Cancillería, negará su participación en estos hechos, aunque declaraciones reciente de Pompeo y Abrams aludían a que estaba a punto de lograrse la caída de Maduro. También lo niegan y negarán Guaidó y sus secuaces. El énfasis puesto por Jordan Gordreau en dejar claro que se trata de venezolanos quienes ejecutan la acción y quienes lo contactan para la contratación busca dejar sin culpa a EEUU. El despliegue en redes sociales del aparato de propaganda guaidocista busca exculpar a Guaidó a pesar del señalamiento frontal que hace Gordreau. Aunque parezca increíble, para defenderse cita al propio Gordreau en sus referencias a Cliver Alcalá, obviando los pasajes en que lo incrimina a él como firmante del documento.

Queda, sin embargo, la pregunta: ¿puede un sujeto y una organización de estas características actuar y desplegarse, con los enormes costos que ello implica, sin que exista dinero de por medio (50, 100, 200 millones de $), como lo quiso dar a entender Jordan Gordreau en su entrevista con Patricia Poleo, es decir, que ante el incumplimiento del pago por parte de Guaidó la acción se realizó finalmente no más que por altruismo y compromiso por “la liberación de Venezuela”?

La respuesta es negativa. Todo apunta a que Venezuela deberá encarar una nueva fase de la agresión estadounidense, en la que al bloqueo económico y financiero, a la guerra mediática y psicológica, a la presión diplomática y la amenaza militar, se agregan de forma visible modalidades de guerra tercerizada y privatizada. Los desastrosos resultados exhibidos por la operación Gedeón hasta el momento, aunque dejan en muy mala posición a la supuestamente impecable Silvercorp Usa Inc, no significan que la amenaza de esta tercerización privatizada de la guerra sea menor.

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SilverCorp: We safeguard critical assets worldwide. Operating in over 50 countries and based in Florida’s Space Coast. Our elite staff bring unmatched dedication to building a safer world.

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Silvercorp USA: @jordangguy awaiting EXFIL from a OCONUS operation. We aren’t retired military, we are active duty risk mitigation.

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Silvercorp USA Training: Modern “Tacticool” training is mostly trash. @jordangguy Running a blind course of fire over 3 miles day into night. Flat range floundering and 10 second drills during flat range comfort conditions reinforces bad real world practices. Silvercorp agents push training to a new standard. No pro timers, no pregaming a course. Running and seeing is king. . . . . . . . . . . . . . . . . . . #gunrights #a #guns #freedom #ndamendment #trump #ar #secondamendment #pewpew #maga #liberty #america #republican #firearms #glock #usa #guncontrol #gunsofinstagram #gun #progun #pistol #rifle #conservative #ak #libertarian #selfdefense #righttobeararms #ccw #donttreadonme #bhfyp

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Venezuela Aid Live. Controlling chaos on the Venezuela border where a dictator looks on with apprehension. #riskraider #silvercorpusa #fixer #activeshootertraining #elitesecurity #nutrition #specialforces #activeshooter #harleydavidson #silvercorpagent #fitness #churchsecurity #executiveprotection #concertsecurity #venuesecurity #potussecurity #securityassessment #tierone #riskmanagement #grind #adventurefitness

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Aquí los links a los vídeos promocionales de la página web:

Silvercorp Training Promo https://www.silvercorpusa.com/copy-of-silvercorp-usa-2?wix-vod-video-id=4e7e6433f4e44ccf8586caf6eec016b5&wix-vod-comp-id=comp-k5fxfggm

WebsiteExperiencesPromo https://www.silvercorpusa.com/copy-of-silvercorp-usa-2?wix-vod-video-id=97de479259b9447f848262bbdf342af0&wix-vod-comp-id=comp-k1igc70o

WebsitePromo https://www.silvercorpusa.com/?wix-vod-video-id=4a2333af06cf437988869aa6e3107ce1&wix-vod-comp-id=comp-jk7hlibe

Venezuela, COVID-19, xenofobia y retorno de migrantes

Zamora — Sun, 12 Apr 2020 14:27:37 +0000

Venezuela, COVID-19, xenofobia y retorno de migrantes

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Zamora Dom, 12/04/2020 - 10:27

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Eduardo Viloria Daboín

“#PerúSinVenezolanos. ¡Basta ya!”, dice una pancarta colgada en un puente de cualquier ciudad peruana. La imagen se reproduce hasta el infinito al rodar y rodar por twitter y demás redes sociales. Las reiteradas megacampañas contra los migrantes venezolanos en todo el continente calaron hondo y ahora se reproducen por sí solas, sedimentadas en el sentido común de mucha gente. Un buen ejemplo sería un video de 10 minutos que circula en redes sociales e internet, en el que no se ve nada más que insultos e improperios proferidos por ciudadanos y ciudadanas peruanos(as) contra las personas venezolanas que viven allá.

La alcaldesa de Bogotá, como sin querer queriendo, espeta a la calle este terrible mensaje: “No podemos pagar el arriendo. No se lo estamos pagando a los colombianos, menos a los venezolanos. Qué pena que no les podemos pagar eso. Ya pagamos la comida, ya pagamos el nacimiento, ya pagamos el jardín, ya pagamos la escuela, ya damos empleo. Qué pena que lo único que no podemos cubrir es el arriendo. Y para eso pedimos un poquito de ayuda del gobierno nacional. Un peso aunque sea. Porque todas estas otras cosas las pagan los impuestos de los bogotanos. ¡Sin chistar! Llevamos tres años pagando eso. A 450 mil personas de Venezuela”. Haciéndose la buena, como si gracias a ella los migrantes venezolanos vivieran en un jardín de rosas, le da el argumento oficial a toda una ciudad para que pueda liberar sus impulsos discriminatorios. Con tal discurso pronunciado por la primera autoridad de la ciudad, la alcaldesa dio luz verde a lo que no tardó en concretarse. Centenares de venezolanos fueron echados de los sitios de alquiler en que vivían.

En un espantoso video grabado en Perú, a través de la ventanilla de la puerta de calle una arrendadora le dice lo siguiente a una mujer venezolana que trata de convencerla para que al menos la deje entrar a sacar sus cosas o que le permita pagar el mes que inicia al final de mes: “A mí me paga. Aunque mejor este mes yo me cobro con tu refrigerador. Cuando termine la cuarentena conversamos. Si no me vas a pagar no entras. Unos chulos son ustedes los venezolanos. Han venido a fregar a mí país. Yo no te voy a quemar nada, yo no soy venezolana. Yo soy peruana y tengo dignidad. Yo creo en los demás y ayudo a los demás. No los exploto ni los uso y no me voy a un país extranjero para que me mantengan”. Aunque medien miles de kilómetros entre una y otra, el discurso de esta señora peruana es sorprendentemente parecido al de la alcaldesa de Bogotá.

Una nota de la revista colombiana Semana publicada el 2 de abril revela los datos de una encuesta según la cual “el 69 por ciento de los encuestados declaró que no le gustaría tener como vecinos a ciudadanos venezolanos; el 42 por ciento a asiáticos provenientes de China, el 30 por ciento a italianos, 28 por ciento a españoles, 21 por ciento a franceses, 17 a norteamericanos y 14 por ciento a ecuatorianos”. En la nota se subraya lo siguiente: “Aún cuando los números de contagios y muertes por el covid-19 han sido más contundentes en latitudes lejanas, los colombianos a los que no les es indiferente quienes sean sus vecinos prefieren que no sean venezolanos, incluso por encima de otras procedencias como Italia, China o España”.

¿Conclusión? Para un alto porcentaje de colombianos, los venezolanos son más virulentos que cualquier otra nacionalidad. Contagian, aunque no se sepa muy bien qué. Son portadores de algo dañino.

Meses atrás, los agentes políticos venezolanos que operan al servicio de la agresión de EEUU contra Venezuela dijeron, amplificado por todos los medios de comunicación y redes sociales del planeta, que éramos una enfermedad contagiosa. La amenaza inusual y extraordinaria en que nos habíamos convertido por virtud de un oprobioso decreto de Barack Obama pasaba a ser denominada con un término clínico aplicado a la política. Así, como se combate un virus que irradia su efecto negativo sobre aquello con lo que establece contacto, así debía ser combatida Venezuela y su revolución: había que cercarla, aislarla, exterminarla, para garantizar la salud política, social y económica del continente y el mundo.

El proyecto político, social y económico chavista había demostrado que es posible el desarrollo exitoso de un modelo distinto al capitalismo, socialmente inclusivo, participativo, democrático, soberano, humanista, integracionista. Ese ejemplo a todas luces saludable era, para las élites políticas y económicas de EEUU, todo lo contrario: una peligrosa y seria amenaza a la salud del cuerpo neoliberal y neocolonial regido por sus designios supremacistas. En esa amenaza infecciosa, entonces, debía ser convertido el chavismo y la revolución bolivariana para el imaginario, para la percepción y para la subjetividad de las grandes mayorías.

Se destinaron entonces enormes recursos para asfixiar económicamente al país, boicotear su economía, atacar su moneda hasta quebrarla, cerrarle las fuentes y canales de financiamiento. Primero en la sombra, después abiertamente, mediante las medidas coercitivas unilaterales e ilegales, mejor conocidas como sanciones.

El despliegue del gigantesco y millonario arsenal mediático dedicado a construir la percepción virulenta del chavismo, de su dirigencia y del pueblo de Venezuela, necesitaba la verificación real, concreta, de un país en crisis. El discurso según el cual socialismo y revolución equivalen a quiebra y pobreza, debía tener la materialidad concreta que lo comprobara, y esa materialidad era la crisis económica de Venezuela. Por eso había que generarla, socavando desde adentro (con complicidades internas incluidas, confesas y no confesas) y cercando desde afuera el aparato económico y financiero del país.

Una máxima de la publicidad y el mercadeo contemporáneo reza que para lograr el máximo alcance, penetración, aceptación y enganche de la población objetivo con el producto o mercancía que se desea vender, nada mejor que basar su discurso simbólico y publicitario en la materialización del mensaje en la vida concreta y real de la gente, para a partir de allí reelaborarlo y que la gente lo reproduzca y termine de cerrar el círculo perfecto del relato publicitario.

En el caso de Venezuela esto se aplicó tal cual. La idea a vender: socialismo y revolución son igual a quiebra y pobreza. La materialidad concreta a construir para a partir de ella y con ella construir el relato publicitario/propagandístico, era la crisis del país: el desabastecimiento, la hiperinflación indetenible, el deterioro de los servicios públicos.

Esa megaoperación de propaganda político-militar necesitaba, como todo relato, un clímax: la ola migratoria, la llamada diáspora venezolana. Luego, no quedaba más que su instrumentalización mediática y simbólica. Así se desplegó una enorme campaña xenofóbica contra los migrantes venezolanos: en miles y miles de memes, fotos, videos, reportajes, notas de prensa, crónicas, twitts, declaraciones de dirigentes políticos, gobernantes y autoridades de organismos internacionales. Se inflaron groseramente los números y llegó a decirse una y mil veces barbaridades como que la ola de migración venezolana representaba una grave amenaza a la estabilidad social de América Latina.

Así se fabricó y propagó el relato según el cual, por un lado, la migración venezolana era la prueba encarnada e irrefutable del fracaso de la revolución bolivariana, y por el otro, una suerte de plaga que amenazaba a los países donde llegaba: generaba violencia, colapso, vicio, problemas, conflicto. El corolario es el siguiente: solo hay una cura contra esa amenazante enfermedad, el derrocamiento del gobierno de Venezuela, maligno generador de la enfermedad.

III

“Duramos casi tres años en Colombia. Nos vinimos porque la pandemia nos sacó de allá. Nuestro trabajo era ambulante en la calle, somos artesanos y eso se paró. No pudimos pagar más el arriendo y nos echaron a la calle. Estuvimos 11 días caminando con mi hija y mi nieta para llegar acá. Y finalmente aquí nos recibieron y estamos todos bien. Esta es nuestra tierra y aquí vamos a estar bien”.

“Duré dos años en Bogotá. Me fui porque lo que ganaba trabajando no me alcanzaba a mantener a mis hijos. Me vine porque se estaba poniendo difícil la cosa allá también. Ya incluso para comprar comida había que hacer cola. Y para estar así mejor estar aquí, que incluso la cosa aquí ya se acomodó, aquí ya no hay colas”,

“No podía pagar más el arriendo. Tenía que salir a las 7 de la mañana y pasar todo el día en la calle con las niñas y ver luego si lograba entrar a otro arriendo a las 7 de la noche. No tenía ya más dinero. Tenía que dejar cosas en pago. En la mañana cuando me sacaban de la casa se quedaban con algunas de mis cosas, así perdí unos ventiladores, dos colchones, mucha ropa. De todas esas pensiones a los venezolanos los echaban como animales”.

“Muy pocos colombianos lo tratan a uno bien. Siempre es maltrato, por ser uno migrante. Ellos deberían reconocer cuando migraron antes por millones a Venezuela. Venía en aventón, para ahorrar la poca plata que tenía y usarla para solventar la comida. Y caminando, caminamos como 7 días. Hasta que nos aceptó llevar un camión que transportaba ganado. Así que logramos llegar como los propios animales.”

Esto cuentan Yarelis, Glendys Carolina, Alfredo, Luis y otro grupo de hombres y mujeres que se encuentran entre los migrantes venezolanos que han ingresado recientemente al país por la frontera apureña, a través del puente internacional José Antonio Páez. Como era de esperarse, los golpes socioeconómicos más severos resultantes de las medidas de cuarentena tomadas en los distintos países del continente como medida central para combatir la pandemia de COVID-19 recaen sobre la población más vulnerable, la más excluida, la que vive del trabajo informal y la que cuenta con menores estructuras de protección social y laboral al vivir en sociedades profundamente neoliberales.

Es el caso de los y las migrantes venezolanos que permanecen en países como Ecuador, Perú, Colombia, Chile, quienes se encuentran además en un segundo nivel de vulnerabilidad, puesto que son víctimas, hoy más que nunca, de aquellas infames campañas continentales para sembrar la xenofobia en su contra, además de las severas condiciones socioeconómicas que empiezan a agudizarse en países donde ni siquiera en medio de la pandemia se aplican medidas mínimas de contención social.

De allí que miles de migrantes venezolanos hayan comenzado a emprender su retorno al país y que muchos y muchas ya estén aquí en Venezuela. El gobierno venezolano ha anunciado la voluntad humanista de atenderlos(as) en su llegada al país sin que medien para ello condicionamientos políticos de ninguna índole, y ha comenzado a ejecutar lo necesario para cumplir ese anuncio, lo cual tiene ciertas complejidades: la necesidad de que este recibimiento suceda en los términos epidemiológicos correctos, es decir, cumpliendo las medidas sanitarias establecidas por los protocolos de atención, para evitar que este ingreso masivo de personas por las fronteras terrestres no afecte el eficaz aplanamiento de la curva de propagación y contagio del COVID-19; el acondicionamiento de albergues y refugios en los municipios fronterizos para que allí puedan permanecer en aislamiento estas personas durante los 15 días que exige el protocolo; el posterior seguimiento y control epidemiológico de estas personas en sus localidades de destino; la reincorporación de estos compatriotas a las políticas sociales y económicas.

Solo en la frontera de Apure, por el puente internacional José Antonio Páez, han ingresado en los últimos días más de mil personas, que han sido recibidas con el cumplimiento de todo el protocolo médico y que están ahora mismo alojadas en 7 albergues donde se les provee alimentación, artículos de higiene personal, atención médica y recreación durante 15 días de aislamiento, antes de garantizarles el retorno a sus ciudades de destino. Por Táchira y Zulia ha ingresado un número aún mayor y se estima que el flujo continúe, e incluso, aumente.

Se calcula que esta ola de retorno continuará y que, de hecho, se hará mayor. La obligación de que este ingreso implique el recibimiento según las medidas preventivas de lucha contra la pandemia significa exigencias operativas, logísticas, financieras y técnicas para las autoridades civiles de los municipios fronterizos. El ritmo de este ingreso sobrepasa con mucho las capacidades de atención que existen en estos municipios. De allí la aplicación de un plan extraordinario articulado entre el gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías de los municipios fronterizos para fortalecer las capacidades allí existentes y continuar garantizando que el retorno a Venezuela de estos(as) compatriotas continúe efectuándose adentro del protocolo que exige el combate al COVID-19.

En medio de las complejas restricciones económicas y operativas que padece Venezuela, y en medio de una escalada de la agresión estadounidense, no son menores los logros que hasta ahora se vienen obteniendo en la batalla contra el COVID-19. En ello hay seis claves: 1) la determinación humanista del gobierno nacional para emplear todos los recursos disponibles en evitar una tragedia humanitaria y proteger a la población, poniendo este objetivo como único en el orden de prioridades, 2) la solidaridad internacional y alianza estratégica con China, Cuba y Rusia, que han puesto insumos, equipos y personal especializado, 3) el apoyo de la OMS, OPS, agencias de la ONU y Cruz Roja, 4) la existencia de un sistema de salud estatal y público, conducido centralmente, con una amplísima capacidad de penetración territorial construida durante la revolución bolivariana, un sistema que aunque ha sido golpeado por las restricciones económicas, por el bloqueo, por la corrupción, por la fuga de personal, por la escasez de insumos, posee infraestructura, equipos y personal calificado en absolutamente todo el territorio nacional, 5) un robusto y sólido tejido de organización popular que abarca todo el territorio nacional, expresión incuestionable de la democracia participativa y protagónica, y 6) la doctrina de unidad cívico militar, que enlaza la capacidad de despliegue y capacidad de acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el tejido de organización popular territorial.

Estas claves han permitido no sólo desplegar los equipos humanos y los insumos necesarios para garantizar la atención específica de la pandemia desde una perspectiva cohesionada y alineada (detección de sospechosos de contagio, aplicación de pruebas diagnósticas, habilitación de espacios para albergue y aislamiento, aplicación de atención y tratamiento a casos contagiados, desinfección de espacios públicos en pueblos y ciudades) sino también para aplicar acciones de contención socioeconómica determinantes para ayudar a que la cuarentena sea lo más efectiva posible para una población mayoritariamente urgida económicamente.

En fin, con todas las fallas y carencias que pueda haber, la actuación de la revolución bolivariana ante la pandemia del COVID-19 ha demostrado la importancia de un modelo de Estado, de sociedad, de gobierno, en el cual las garantías sociales están por encima de cualquier otra prioridad, y en el cual el control político, administrativo y de gestión de los servicios básicos que garantizan la vida está en manos del sector público, del gobierno, y no en manos de corporaciones o gremios privados.

En última instancia, cuando se trata de un combate en el que está en riesgo la vida de miles o cientos de miles de personas, cuando se trata del bienestar y la vida del colectivo humano que conforma un país, en ese momento queda más que nunca en evidencia que los instrumentos y herramientas necesarios para dar esas batallas deben estar en manos de expresiones directas de ese colectivo nacional, es decir, en instituciones y organismos públicos.

La pandemia del COVID-19 ha servido, entre otras cosas, para subrayar esta verdad que habían pretendido pulverizar los adalides del neoliberalismo, del libre mercado y del adelgazamiento del Estado.

2019: del fracaso de la usurpación al nuevo bucle del oxígeno extranjero. Cronología y análisis.

Zamora — Fri, 31 Jan 2020 14:44:03 +0000

2019: del fracaso de la usurpación al nuevo bucle del oxígeno extranjero. Cronología y análisis.

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Zamora Vie, 31/01/2020 - 10:44

Autor

Eduardo Viloria Daboín, Carolina Cruz y Matías Pacheco

A comienzos de 2019 la oposición venezolana no representaba la menor amenaza para la estabilidad política del país. Después del fracaso rotundo de la aventura golpista, violenta y fascista de 2017, entró en una espiral indetenible de desmoronamiento político. Los rasgos que la caracterizaban para aquel momento eran 1) ausencia absoluta de dirigentes que pudieran convocar y movilizar unitariamente las organizaciones, los partidos y la base social opositora, 2) rechazo creciente de toda su dirigencia por parte de su base social, 3) división, fragmentación y conflictos internos, 4) descontento, desilusión y desmovilización de sus bases, 5) inexistencia de discurso propio y proyecto de país, 6) incapacidad para calar en los sectores populares y llegarle a las grandes mayorías del país, 7) pérdida de prácticamente todos los espacios de poder formal y legitimidad popular, 8) descrédito internacional.Ese cuadro significaba que las fuerzas políticas opositoras nacionales carecían en lo absoluto de la fuerza mínima necesaria para emprender acciones contundentes en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

He allí la razón por la que Estados Unidos, consciente de esta realidad y consecuente con su empeño de derrocar la revolución bolivariana, diseña y fabrica el artefacto Juan Guaidó, el cual requiere, como combustible fundamental para existir y funcionar, la permanente inyección de oxígeno y fuerza concreta desde el exterior del territorio venezolano por parte del gobierno estadounidense, de las instituciones internacionales alineadas a sus intereses y de los gobiernos serviles a las élites del poder norteamericano.

Así, los más altos representantes del gobierno de los Estados Unidos asumen frontal y directamente, sin intermediarios, 1) la conducción de las acciones opositoras, el alineamiento y conducción del entramado diplomático y de presión política internacional contra Venezuela, 2) la operacionalización de su institucionalidad política, económica y militar para presionar y agredir a Venezuela, 3) la emisión permanente de discursos, órdenes y acciones de cara al derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. La guerra híbrida que desde hacía años libraba Estados Unidos contra Venezuela desde la sombra, tras bastidores, sin poner la cara, pasa ahora a ser conducida y ejecutada, en todos sus ámbitos y niveles, directamente por el gobierno de los Estados Unidos, en las figuras de sus más altos funcionarios gubernamentales y en otros designados adhoc para las tareas concretas de la agresión a Venezuela.

Sólo así fue posible levantar una figura dirigente y darle relevancia nacional e internacional, lograr que las fuerzas políticas opositoras y su base social más radicalizada y proestadounidense se aglutinaran y tuvieran cohesión y unidad de acción. Era tal la ausencia de liderazgo, la desmovilización, el desencanto y la debilidad de las filas opositoras, que EEUU tuvo que asumir frontalmente ese liderazgo y transferirlo a algún dirigente opositor venezolano que ejecutara en el país las acciones por ellos diseñadas y dirigidas. Así, de ser un minúsculo y casi desconocido diputado del estado Vargas electo con menos de 100 mil votos, Juan Guaidó pasó a ser el ungido líder de la oposición venezolana, el rival de Maduro, el adalid de la democracia y la libertad de Venezuela, el presidente interino del país, jefe de un supuesto gobierno reconocido por un conjunto de países en el mundo pero sin capacidad ni poder para actuar en el territorio venezolano.

Pero las costuras no tardarían en evidenciarse y los rasgos que azotaban a la oposición antes de las dosis de oxígeno inyectadas por EEUU terminarían por surgir de nuevo, imponerse y hacer implosionar todo el andamiaje fabricado. Ese y no otro fue el saldo de la estrategia Guaidó en 2019. En la siguiente cronología seguiremos el rastro, comentarios y análisis de por medio, de esta trama de electroshock, control remoto y respiración boca a boca.

El 10 de enero Nicolás Maduro se juramenta para su nuevo mandato constitucional, después de haber salido ganador en las elecciones del 20 de mayo de 2018, por encima de las candidaturas de Henri Falcón y Javier Bertucci. En dichas elecciones los factores de la oposición alineados al golpismo decidieron no participar como forma de restarles legitimidad y de esconder su profunda división y la estructural ausencia de un liderazgo unitario. Acto seguido, EEUU y la OEA anuncian mediáticamente que desconocen el nuevo mandato del presidente Maduro, dando pie a la versión según la cual a partir de ese día no había presidente constitucional, legal y legítimo en Venezuela.
El 15 de enero, la Asamblea Nacional, que había elegido el 5 de enero como su presidente a Juan Guaidó, aprueba una Ley de Amnistía para militares que desconozcan a Maduro, en un claro llamamiento público e inconstitucional a que sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana traicionen su línea de mando constitucional, según la cual su Comandante en Jefe es el presidente Nicolás Maduro, y den un golpe de Estado. Es esta una de las evidencias de cómo la oposición venezolana utilizó una institución legal y legítima, emanada de la soberanía popular, como lo es la Asamblea Nacional, no como instrumento para el ejercicio democrático de la política sino como herramienta para conspirar, precisamente, contra esa soberanía popular, confiscándola e instrumentalizándola en función de derrocar el gobierno de Maduro, y como dispositivo político para operar la injerencia, clara y abiertamente al servicio y a las órdenes de una potencia extranjera que agrede al país.
El 16 de enero, alineados a la trama que buscó presionar el quiebre de la institucionalidad armada venezolana, un reducido grupo de militares prófugos e inactivos, se pronuncian contra Nicolás Maduro desde Perú, sin el efecto correspondiente en Venezuela. He aquí uno de los primeros indicios de que, a pesar de la inyección de fuerza desde el exterior que ya había iniciado EEUU, la estrategia de máxima presión no lograba su objetivo en el interior del territorio venezolano.
El 21 de enero, un pequeño grupo de militares activos ejecutan un asalto al Cuartel de la Guardia Nacional ubicado en Cotiza. Se trataba de generar cuatro cosas: 1) la imagen mediática de que el gobierno de Maduro tenía a la FANB en su contra, 2) una espiral en escalada dentro de la fuerza armada, 3) el inicio de un crescendo de protestas populares de calle que permitieran construir el relato mediático de que además de la fuerza armada también el pueblo estaba contra el gobierno nacional, 4) reavivar la esperanza y entusiasmo de la base social opositora más radical y proestadounidense, de cara a lo que vendría después. Aunque sí lograron el primero y cuarto objetivo a través del enorme poderío mediático a disposición del plan injerencista, no pudieron lograr ni el segundo ni el tercer objetivo: no hubo espiral de alzamientos militares similares y la protesta popular no pasó de una breve y pequeña escaramuza en el mismo barrio de Cotiza, ejecutada por un grupo de jóvenes pagados a tal efecto. Sin embargo, en los días subsiguientes se desarrollaron una serie de acciones violentas en zonas populares de Caracas, presuntamente realizadas por jóvenes de esas zonas pagados para ellos. Numerosos testimonios confirmaron esta versión. Ante el fracaso del punto 3, se desplegó una operación psicológica basada en la difusión de una serie de videos en los que se veían protestas masivas en zonas populares de otros países y de años anteriores.
El 23 de enero, en una plaza de Chacao, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclama presidente interino. Es inmediatamente reconocido como tal, vía Twitter, por Donald Trump, presidente de EEUU, y por Luis Almagro, secretario general de la OEA. Sin basamento democrático alguno, sin base legal alguna, se pretendía imponer al país un presidente títere. Ese mismo día Donald Trump inicia la amenaza militar contra Venezuela, diciendo la famosa frase: “Todas las opciones están sobre la mesa”. Ese mismo día Nicolás Maduro ordena el retiro de los funcionarios de la embajada de EEUU en un plazo no mayor de 72 horas.
El 24 de enero, se convoca una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para tratar el tema Venezuela, con el objetivo de lograr el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. En dicha reunión EEUU se anota su primer revés: 16 países reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela, pero 18 siguen reconociendo a Nicolás Maduro. La estrategia de máxima presión diplomática y aislamiento internacional comenzaba en sus propios inicios a evidenciar debilidad.
El 25 de enero se cumple la orden de Maduro de la salida del personal de la embajada de EEUU en Venezuela, luego de dos días de tensión en torno a la matriz mediática de que EEUU rechazaría la rden de Maduro por no considerarla válida en la medida de que no lo reconocían como presidente sino a Juan Guaidó. Si el personal recibía la orden de permanecer en la embajada Maduro se vería forzado a alguna acción de fuerza para obligar el cumplimiento de la orden y eso podía dar lugar a acciones de fuerza por parte de EEUU. Finalmente, una caravana de seguridad escolta a los funcionarios hasta su partida del país.
El 26 de enero toca el turno al Consejo de Seguridad de la ONU. Allí Estados Unidos y otros países alineados a sus intereses plantean un ultimátum para que Maduro llame a elecciones en un plazo 8 días o el organismo reconocería a Guaidó como presidente. China, Rusia y un numero mayoritario de países impiden que la propuesta de EEUU sea aprobada. Sin embargo, al margen de la institucionalidad de la ONU, EEUU y países de la Unión europea,como España, Francia y Alemania, mantienen el ultimátum.
El 27 de enero se lanza una nueva escalada en la campaña político mediática de presión hacia la FANB para que se quiebre y traicione a Maduro y a la Constitución. Plantean que los seguidores de Guaidó entreguen la Ley de Amnistía en cuarteles y puestos militares, en una clara provocación con la pretensión de construir mediáticamente el relato de que un pueblo pacífico busca que los militares se pongan de su lado en la recuperación de la libertad y la democracia. Esta acción fracasa estrepitósamente, al punto que solados y militares activos, luego de recibir la ley la queman en la calle, en clara señal de rechazo, al tiempo que Maduro es televisado desde el estado Aragua encabezando una muy grande movilización de soldados, acompañado del ministro de defensa Vladimir Padrino.

En este punto, a pesar del despliegue en la campaña de agresión diplomática y de la presión interna para buscar un quiebre en la FANB, el plan de EEUU no lograba mayores resultados, más allá del sometimiento de la población venezolana a altísimos niveles de presión y terrorismo mediático y psicológico. Es necesario señalar que a la par de todos estos acontecimientos se desplegaba en todo el territorio nacional, a través de redes sociales y de whatssap, una gigantesca operación psicológica que pretendió inocular en la población venezolana la idea de la inminencia de una guerra, esto, en dos vertientes: 1) la esperanzada necesidad de una guerra para salir del gobierno de Maduro, dirigida al pueblo venezolano opositor, y 2) generar terror en las filas chavistas ante la inminencia de una guerra que acabaría con las aspiraciones populares de paz y estabilidad.

Ante la ausencia del quiebre militar e institucional que las fuerzas injerencistas esperaban, se activa el desarrollo de una nueva fase en el incremento de la presión externa y la inyección y de fuerza concreta desde el exterior.

El 28 de enero, altos portavoces del gobierno de EEUU anuncian el congelamiento de 7 mil millones de $ en activos pertenecientes a Citgo, así como el bloqueo de 11 mil millones de $ en cuentas por cobrar de PDVSA. Además del robo concreto de estas riquezas de Venezuela, se buscaba con esta acción, por un lado, golpear y debilitar al gobierno nacional, por otro, una demostración de compromiso y de hasta dónde estaban dispuestos a llegar, de cara a favorecer el trabajo interno de presión sobre la FANB, la institucionalidad y la unidad de las fuerzas políticas favorables al gobierno, y por otro lado, se buscaba elevar el ánimo y la esperanza de la base social opositora.
El 29 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia prohíbe a Guaidó salir del país y congela sus cuentas, e inicia una investigación por «usurpar» funciones de Maduro. Washington advierte que actuará contra cualquier «daño» a Guaidó. Esta acción del TSJ es una clara demostración de que la institucionalidad venezolana no cede ante las presiones para quebrar la unidad del Estado y cuadrarse ante la intervención golpista.
El 1 de febrero, a través de distintos medios de comunicación y redes sociales, EEUU reitera que «todas las opciones están sobre la mesa» para «restaurar la democracia», y prohíbe a entidades extranjeras que comercian con PDVSA utilizar el sistema financiero estadounidense desde el 28 de abril. Arreciaba así la vía económica y financiera de la presión ante el fracaso de las anteriores acciones.
El 2 de febrero, el general de la aviación Francisco Yáñez desconoce públicamente a Maduro. Se trata esta vez de un militar de alto rango. Sin embargo, su soledad es total. No prende su llamado insurreccional. Sigue sin quebrarse la unidad de la FANB en torno a Maduro y la constitución.
El 4 de febrero el Grupo de Lima declara apoyo a Guaidó. También lo hace una veintena de países europeos, tras el ultimátum de que lo harían si Maduro no convocaba a elecciones. Arreciaba con esta acción la presión diplomática y la estrategia de aislamiento a Venezuela.
Del 6 al 10 de febrero se da una feroz escalada de la campaña mediática en torno a una supuestamente inminente invasión militar, basada en acciones militares intimidatorias reales. Circulan noticias de movimientos militares estadounidenses en bases navales de Florida y Puerto Rico. Por esos días se levantaba también la matriz mediática sobre la necesidad de introducir en el país una supuesta ayuda humanitaria para atender la supuesta crisis humanitaria en Venezuela. Pretende construirse mediáticamente la imagen de una oposición bienhechora, de un EEUU bienhechor, que quieren ayudar al pueblo venezolano, y un gobierno criminal e inhumano dispuesto a impedir por la fuerza la llegada de esa ayuda.
El 7 de febrero se difunde la “noticia” de que medicinas y alimentos enviados por Estados Unidos llegan a Cúcuta, Colombia. Se trata, en realidad, del inicio de la megaoperación psicológica y de propaganda militar que concluiría el 23 de febrero.
El 12 de febrero Juan Guaidó anuncia que el 23 de febrero entrará, si es necesario por la fuerza, la ayuda humanitaria. El discurso es acompañado del llamado a los militares a “permitir” el ingreso de la supuesta ayuda. Días después, Maduro cierra tráfico aéreo y marítimo con Curazao y la frontera terrestre con Brasil, donde también se ha anunciado que se almacena la supuesta ayuda.
El 20 de febrero, el Jefe del Comando Sur de EEUU, Craig Faller, amenaza militarmente a Venezuela en el contexto del tema de la ayuda humanitaria. Dice literalmente, dirigiéndose a la FANB: “Ustedes serán responsables de lo que pueda pasar. Hagan lo correcto y salven a su país y a su gente. Todas las opciones están sobre la mesa”.
El 22 de febrero se realiza en Cúcuta el supuesto concierto para recaudar ayuda para Venezuela. Se había anunciado con bombos y platillos la participación de grandes estrellas de la música en el mundo, lo cual resultó ser falso. Guaidó aparece en Cúcuta sorpresivamente, junto a presidentes de Colombia, Chile y Paraguay, violando la prohibición de salida del país.
El 23 de febrero tiene lugar el evento que trascendería como la Batalla de los Puentes. Ese día, con la excusa del ingreso de la supuesta ayuda humanitaria, se intentó violentar desde Colombia la soberanía territorial venezolana a través del Puente Internacional de Tienditas. Un grupo de supuestos jóvenes opositores (después se demostró la utilización de delincuentes pagados) queman los dos camiones en los que supuestamente se transportaba la ayuda humanitaria, pretendiendo responsabilizar a la Guardia Nacional Bolivariana. El plan pretendía que las imágenes de la ayuda humanitaria siendo quemada por la FANB generara la indignación mundial y de la población venezolana que debía iniciar con ello una escalada de protesta social de calle, así como la indignación de factores militares que tomaran sus armas y desconocieran a Maduro. Paralelamente, se utilizaron mercenarios que debían violentar la soberanía, cruzar los límites fronterizos y abrir camino para que una ola de gente se avalanzara sobre nuestro límite fronterizo y construir con ello el relato de que una fuerza popular había logrado penetrar en el país para que se introdujera la supuesta ayuda humanitaria. Nada de eso se logró. La resistencia que ofrecieron, en Tienditas y en poblaciones aledañas como Ureña, la FANB destacada en el sitio, en unidad cívico militar con luchadores sociales que estuvieron presentes en el sitio, impidieron la violación de nuestro territorio. Ese mismo día, es encontrado drogado en un motel en Colombia el diputado y hombre de confianza de Guiadó, Freddy Superlano; su primo muere de una sobredosis esa misma madrugada.

El fracaso de esta megaoperación diseñada por EEUU para que fuera el clímax, el punto máximo de la presión que forzara el quiebre, marca un punto de inflexión de todo el plan injerencista, pero no en la dirección esperada por EEUU y los golpistas, sino, al contrario, a favor de la estrategia de resistencia del gobierno y de las fuerzas políticas y populares que apoyan a Maduro en contra de la agresión. De aquí en adelante, por más que arreciaron las presiones económicas y diplomáticas, ya no hubo vuelta atrás, el tiempo empezó a jugar fuerte en contra de Guaidó, sus promesas y expectativas empezaron cada vez a ser menos creíbles y confiables, así como la supuesta amenaza militar de EEUU. El desinfle se inició este día y ya no hubo cómo detenerlo.

El 25 de febrero cerca de 60 hombres armados atacaron el puesto fronterizo de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en La Mulata, Táchira. El ataque fue atribuido a una unidad paramilitar.
El 26 de febrero se realiza una nueva sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el tema Venezuela. Rusia y China vetan el proyecto de resolución introducido por EEUU que buscaba imponer la realización de elecciones «justas» en Venezuela.Guiadó pide al gobierno británico no permitir sacar del Banco de Inglaterra las 31 toneladas de lingotes de oro valoradas en $21.000 millones pertenecientes a las reservas extranjeras del Banco Central de Venezuela – BCV.
El 1 de marzo Estados Unidos sanciona a seis altos funcionarios de seguridad del gobierno venezolano y revoca visas de 49 personas cercanas al presidente Maduro. Luego suma a otras 77 personas. Esta acción apunta a la línea de presionar el quiebre de la unidad interna tanto institucional como política del chavismo.
El 4 de marzo Guaidó regresa a Venezuela. Se genera toda una trama mediática de tensión en torno a la posible detención suya al ingresar, puesto que había violado la prohibición de salida del país dictada por el TSJ. Sin embargo, entra sin problemas por el aeropuerto de Maiquetía, en donde es recibido en el aeropuerto por el encargado de negocios de EEUU, James Story, y por una delegación de embajadores de países de la Unión Europea (UE) en Venezuela. Se esperaba que el anuncio y las tensiones mediáticas construidas en torno a la llegada de Guaidó al país generaran amplias movilizaciones de su base social, lo cual no ocurrió, como un claro signo del proceso de desmovilización y frustración que nuevamente se apoderaba de la base social opositora.
El 7 de marzo ocurre una caída general del servicio eléctrico en todo el territorio nacional de Venezuela. Autoridades gubernamentales señalaron que se trató de un ataque terrorista perpetrado como parte de la agresión de EEUU contra el país. Mike Pompeo responsabilizó a Maduro de la caída del servicio. Guaidó llama a protestas callejeras. Elliot Abrams, al señalar que el apagón afectaba “la seguridad en un país ya peligroso” hacía un velado llamado a una escalada violenta. A pesar de la enorme tensión generada, de las dificultades concretas causadas por la ausencia de energía eléctrica, el orden público y la paz del país no se ven alteradas en lo absoluto a lo largo de los 6 días que tardó el restablecimiento del servicio. El 25 y 29 de marzo se repetiría la misma situación sin la esperada consecuencia por las fuerzas injerencistas de que pudieran ser el inicio de un estallido social.
El gobierno venezolano informa del desmantelamiento de un grupo terrorista integrado por mercenarios colombianos y centroamericanos, el cual tenía como objetivo, según el propio presidente Maduro, atacar cuarteles, hospitales, el metro, entre otros objetivos.
El 28 de marzo Guaidó es inhabilitado por la Contraloría General de la República para ejercer cualquier cargo público, al negarse a rendir explicaciones y cuentas sobre más de 310 millones de bolívares en viajes y de 260,4 millones de bolívares en alojamientos dentro y fuera del territorio venezolano. Nueva acción que evidencia la fortaleza de la unidad institucional interna.
El 2 de abril, la Asamblea Nacional Constituyente aprueba allanar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, en cumplimiento del exhorto realizado por el TSJ.
El 15 de abril, aproximamente 160 personas, entre militares desertores y familiares, fueron desalojados a la fuerza del Hotel Acora en Cúcuta, por una deuda de $20.000 que militantes de Guiadó no pagaron. Comenzaba a saberse con ello el abandono y la traición de las fuerzas políticas guaidocistas a los militares que habían convocado a rebelarse ofreciéndoles innumerables garantías económicas y de seguridad.
El 17 de abril Estados Unidos impone sanciones contra el Banco Central de Venezuela.
19 de abril, día que se celebra en Venezuela la Declaración de Independencia, Guaidó convoca a una marcha en Venezuela para el 1° de mayo, en la cual se exigiría «el cese definitivo de la usurpación». Se traba de levantar nuevamente la confianza y credibilidad herida de muerte luego del 23 de febrero.
El 26 de abril Estados Unidos impone sanciones financieras a Jorge Arreaza, Canciller de Venezuela. Rusia pide «poner fin a la política del chantaje» en defensa de Maduro.
El 28 de abril entran en vigor sanciones estadounidenses que prohíben compra de crudo a PDVSA.
El 30 de abril un grupo de militares se alza contra el gobierno frente a la sede de la Base Áerea de La Carlota. El primer video que circuló en la madrugada anunciando el alzamiento militar se grabó de gorma que pareciera que Guaidó, Leopoldo López y los militares golpitas estaban dentro de la base aérea. Casi de inmediato se demostró que era falso y el levantamiento fue controlado de manera casi inmediata. La denominada Operación Libertad tuvo como único resultado positivo para sus autores la fuga de Leopoldo López de su prisión domiciliaria.
El 4 de mayo es perpetrada una emboscada contra una comisión militar mixta. Hombres fuertemente armados causaron la muerte de 3 efectivos militares.
El 18 de junio enviados de Guaidó son acusados de apropiarse de los fondos que EEUU y la Usaid había destinado a supuesta ayuda humanitaria. Estas acusaciones fueron ampliamente sustentadas con facturas y otros soportes y generó la “separación” del cargo de diversos hombres y mujeres designados por Guaidó. Carlos Vecchio, “embajador en EEUU” designado por el autoproclamado fue acusado de alterar la caja de Citgo y robar $ 70 millones.
El 21 de junio la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michele Bachelet, visita Venezuela, donde se reúne con el presidente Nicolás Maduro. También se reúne con Juan Guaidó, dejando claro que este no era ningún presidente interino sino el presidente de la Asamblea Nacional. Este, a pesar de hacer un llamado a la protesta para ese día, no pudo reunir más de 300 personas.
El 23 de julio Guiadó convocó a una “sesión de la Asamblea Nacional” fuera del hemiciclo de la misma, está vez en la Plaza Alfredo Sadel. Seguían los intentos para levantar nuevamente el entusiasmo y la capacidad de movilización de su base social. Sin embargo, nuevamente, la asistencia a la convocatoria fue pírrica.
El 12 de septiembre circulan por todo el mundo una serie de fotos de Guiadó junto a Jhon Jairo Durán Contreras, alias El Menor, y Alberto Lobo Quintero, alías Brother, ambos miembros de la banda paramilitar Los Rastrojos. Circulan además informes periodísticos que relatan la participación de este banda paramilitar en la operación para que Guaidó cruzara hacia Colombia y llegara a Cúcuta el pasado 23 de febrero.
El 19 de septiembre aparecen más fotos de Guiadó junto a miembros de Los Rastrojos. Se confirma la vinculación de Guaidó y EEUU con el narcoparamilitarismo colombiano y cómo éste es utilizado en la operación injerencista contra Venezuela.
El 16 de noviembre sucede el último estertor político de Juan Guaidó, con el lanzamiento de una nueva convocatoria a movilización en la cual, según se publicitó, esta vez sí caería Maduro. El llamado se difundió mediáticamente como “Venezuela despierta”. El resultado fue mínimo y cerró frente a la embajada de Bolivia para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales, con una convocatoria mínima.
El 29 de noviembre, Humberto Calderón Berti, recientemente destituido de su papel como embajador de Guaidó en Colombia, denuncia corrupción en el uso de los fondos de la supuesta ayuda humanitaria, señalando específicamente que fue utilizada en lujos, prostitutas y alcohol. Dicha denuncia fue sustentada por documentos entregados por autoridades colombianas.
El 30 de noviembre, como consecuencia de las múltiples y diversas acusaciones de corrupción hacia Guaidó y su entorno, Freddy Superlano, anuncia su “separación” de la presidencia de la Comisión de Contraloría del Parlamento.
El 1 de diciembre es publicado en un conocido medio opositor un informe periodístico revela un entramado de corrupción que involucra a 10 diputados cercanos a Guaidó, en su mayoría pertenecientes a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
El 22 de diciembre es atacado el 13 Batallón de Infantería Selva Mariano Montilla, en el estado Bolívar, al sur de Venezuela en la frontera con Brasil. Dicho asalto dejó el saldo de 120 fusiles de asalto robados y nueve lanzacohetes, así como el fallecimiento de un soldado. Días después el ataque fue reivindicado por un grupo de desertores.

III

El año 2019 cierra, así, con un saldo rojo para el plan diseñado por EEUU para derrocar la revolución bolivariana, en el cual el instrumento central fue la fabricación de Juan Guaidó como supuesto presidente interino de Venezuela y líder de la oposición venezolana. Por un lado, la demostración de fuerza y unidad del bloque chavista y patriótico fue determinante para que no cuajara el plan injerencista: la dirección política no se quebró, la FANB no se quebró, los poderes públicos no se quebraron, las estructuras de gobierno nacional, regional y municipal no se quebraron y se mantuvieron firmes del lado de Maduro, los factores políticos, sociales y populares preservaron la unidad en medio de las diferencias, las tensiones y las afectaciones de la crisis y el bloqueo. Por el otro lado, la incapacidad demostrada a lo largo de todo el año para concretar su oferta de caída del gobierno de Maduro, la evidente vinculación con factores del paramilitarismo colombiano y los escándalos de corrupción de hombres clave del entorno político guaidocista, terminaron por dar al traste con la esperanza y el entusiasmo de su base social, así como con la frágil unidad de las fuerzas políticas opositoras en torno a su supuesto liderazgo.

Al final del año el cuadro político de la oposición venezolana a lo interno del país era prácticamente el mismo que había dado origen al diseño estadounidense del artefacto Guaidó: 1) nuevamente cundió la desmotivación, frustración y desmovilización de su base social, 2) brotaron otra vez los intereses personales, grupales y partidistas con el correspondiente quiebre político del bloque opositor, 3)reaparece de forma creciente el desprestigio internacional de la oposición venezolana, 4) emergieron con mayor fuerza los factores políticos opositores que rechazan la injerencia de EEUU y el bloqueo, que reconocen a Maduro como presidente y están dispuestos a encontrar una salida dialogada y nacional al conflicto político y la grave situación económica del país.

Una de las máximas expresiones de esta implosión de las fuerzas políticas de la oposición es lo ocurrido el 05 de enero de este nuevo año 2020, día en que debía ser electa la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Un sector importante de esa oposición decide postular para la directiva una lista distinta a la encabezada por Guaidó, quien ante la posibilidad concreta de no tener los votos para imponerse en la reelección de la presidencia de la AN decide construir una nueva operación mediática según la cual se le impidió por la fuerza participar en la sesión parlamentaria. La sesión se realizó sin su presencia y se eligió una nueva directiva en la cual quedó como presidente de la AN a Parra. Por su parte, Guaidó realizó una sesión paralela en la que él fue reelecto y también su lista.

Más allá de los análisis sobre la legitimidad o legalidad de la conformación de la directiva de la AN con Parra a la cabeza y de la conformada por Guaidó de forma paralela, el asunto a resaltar en este análisis es que este conflicto pone de relevancia nuevamente la fractura de la oposición y viene a ser un factor más que se suma a la pérdida de fuerza interna de Guaidó. Quedó en evidencia de forma clara que Guaidó necesitaba imponerse por la vía que fuera como presidente de la AN para conservar el apoyo de EEUU y está claro que EEUU estaba dispuesto a seguir apoyando a Guaidó, para lo cual no necesita en lo absoluto verdadera legalidad y legitimidad de Guaidó en Venezuela.

Es mucho lo invertido en el artefacto Guaidó como para dejarlo morir a pesar de que sea prácticamente un fantasma. Es mucho, sobre todo en el entramado mediático y diplomático construido principalmente en Europa y América. De allí que: 1) el mismo 5 de enero el subsecretario para América Latina se pronunciara reconociendo a Guaidó como presidente de la AN y como presidente interino del país: 2) el06 de enero Elliot Abrams reafirmara el apoyo de EEUU a Guiadó y anunciara que seguirán financiando a través de USAID no sólo el accionar político sino el de factores mediáticos alineados a su política, 3) el 07 de enero Carrie Filipetti, subsecretaria adjunta del departamento de Estado para Cuba y Venezuela advierte que Estados Unidos tomará medidas si Guaidó es arrestado, y 4) el 20 de enero Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU, se reuniera con Guaidó, reafirmando lo dicho por Abrams y prometiendo más acciones contra el gobierno bolivariano.

Sin embargo, contra esa necesidad vital de Guaidó atenta el nuevo escenario de EEUU este 2020. La dedicación y concentración puesta por EEUU a la agresión venezolana pareciera que no contará este año con la misma intensidad, en la medida en que sus prioridades estratégicas están puestas más en el Medio Oriente, con la escalada de tensión generada en Irán con el asesinato del General Soleimani, y en el escenario político interno determinado por el impeachment y las elecciones presidenciales. Lo mismo ocurre con sus países aliados en América Latina, ya que en todos existen profundas crisis sociales, rebeliones populares que marcan prioridades en su accionar político. La fuerza diplomática obtenida por Guaidó en 2019 a nivel latinoamericano no será la misma en 2020, sobre todo si sumamos que México y Argentina no están hoy alineados a las directrices de EEUU. Las recientes declaraciones de Uruguay, que señalan que no reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela a pesar de tratarse de un gobierno de derecha, parecen corroborar esta hipótesis.

Este análisis lo confirma la reciente gira de Guaidó por Canadá y Europa. Se trata de buscar oxígeno en el único lugar donde lo tiene: fuera de Venezuela, en los gobiernos e instituciones internacionales alineadas a EEUU, para de allí poder construir alguna imagen de apoyo y fortaleza que le permita, primero, mantenerse a flote, generar noticias de alguna relevancia, y segundo, con base en la demostración de la pervivencia de esos apoyos internacionales hacer luego el esfuerzo de tejer nuevamente los apoyos internos que permitan restituirle algo de la fuerza interna perdida, así como impregnar nuevamente su imagen de ese apoyo exterior para reavivar la esperanza y motivación de su base social. Todo ello luce bastante cuesta arriba, toda vez que los resultados de esta gira europea no evidencian en realidad ese tan necesario apoyo internacional que necesita demostrar. Así, la perveniencia del artefacto Guaidó como supuesto líder unitario de las fuerzas opositoras venezolanas y de su base social luce bastante difusa, sobre todo de cara a los nuevos escenarios políticos que se avecinan en Venezuela, los cuales estarán determinados por la realización de elecciones parlamentarias.

Todo indica el retorno de la oposición al mismo punto en que estaba antes de la fabricación y lanzamiento del artefacto Guaidó. De hecho, los niveles de frustración y desmovilización de su base social son aún mayores. Pero parece claro que, aunque con menos fuerza, EEUU no abandonará el apoyo a Guaidó y la estrategia trazada en torno suyo. ¿Cómo harán para devolverle la relevancia que se le logró construir a principios de 2019? ¿Qué están dispuestos a hacer para ello? ¿Qué opciones le quedan? ¿Están obligados a negociar con el gobierno venezolano una vez que se demostraron sus fortalezas? ¿Esa negociación qué podría implicar en términos económicos?

Por otro lado, queda la opción de las acciones militares encubiertas, las cuales se enfrentarían con el rechazo mayoritario que la población venezolana, incluso la opositora, tiene hacia la violencia como forma de abordar el conflicto político, además del hecho de que no le servirían a Guaidó para capitalizarlas políticamente. Para levantar su bastante deteriorado perfil Guaidó necesitaría de mucho más en apoyo internacional y de acciones mediáticas de gran envergadura que tampoco parecen factibles de generar. No luce nada prometedor el panorama para el títere y para la estrategia diseñada por EEUU con su fabricación. Pareciera, así, abrirse finalmente la puerta para un camino más nacional, institucional y dialogado para la superación de la crisis política de Venezuela. Amanecerá y veremos.

La lucha por la tierra en la Venezuela actual

Zamora — Tue, 25 Jun 2019 13:04:04 +0000

La lucha por la tierra en la Venezuela actual

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Zamora Mar, 25/06/2019 - 09:04

Autor

Eduardo Viloria Daboín

El año 2018 fue, entre los recientes, el más duro para quienes en Venezuela luchan por la democratización de la tierra. Paradójicamente, se trata del año siguiente a la celebración del bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora, líder histórico de la lucha por la tierra en nuestro país, a quien el presidente Nicolás Maduro, reivindicó en Gaceta Oficial como “guía indudable para la construcción de una sociedad más justa”. No en balde Zamora, junto a Bolívar y Simón Rodríguez, forma la triada de las tres raíces del bolivarianismo como proyecto.

Sin embargo, desalojos violentos, violación a derechos humanos, dilación administrativa y burocratismo, compromisos institucionales incumplidos, amenazas de grupos armados, sicariato, fueron, en lo concreto, a lo que se enfrentaron los hombres y mujeres que forman parte del movimiento campesino venezolano durante 2018.

La respuesta de este movimiento ante tan compleja realidad fue dar la batalla, con organización, formación, trabajo productivo, movilización y trabajo comunicacional. Como contracara a esta combatividad, durante los conflictos, en sus momentos más álgidos, cuando se denunciaron desalojos, amenazas e incluso asesinatos de campesinos, los medios públicos, los medios de la revolución bolivariana, que se supone deben ser voceros del sentir y clamor popular, guardaron silencio.

También callaron las autoridades, a todos los niveles: el ministro Castro Soteldo, el presidente del Inti, Luis Soteldo, los demás ministros y ministras, las autoridades policiales y de la FANB, alcaldes(as), gobernadores, autoridades públicas de justicia y derechos humanos. Vale mencionar la excepción del fiscal Tarek William Saab, que anunció el mismo la solicitud de captura contra Ricardo Mora, aunque luego la cosa no haya pasado de allí.

Sin embargo, a pesar de esa pared de silencio, la lucha campesina, con sus problemas y exigencias, logró trascender el cerco y convertirse en tema de debate nacional. Para ello hizo falta audacia, articulación de fuerzas campesinas, articulación de medios alternativos y periodistas clave, sacrificio, organización y movilización.

Para lograr la ruptura de este cerco, fue clave el esfuerzo que se hizo para denunciar y visibilizar la detención ilegal de 32 campesinos en El Vigía, estado Mérida, entre quienes estaba una mujer, Angélica, con su hija lactante de tres meses de edad. Finalmente, el caso llegó a oídos del presidente Maduro y el atropello se conoció a nivel nacional, gracias al pronunciamiento que el presidente hizo en cadena de radio y televisión, condenando el hecho, exigiendo la liberación inmediata de las personas detenidas, ordenando la investigación y castigo a los funcionarios responsables del atropello y el avance expedito en los procesos de rescate de tierra en el país. Además, prohibió expresamente los desalojos a campesinos y la reversión de instrumentos agrarios entregados a campesinos por la revolución bolivariana.

A raíz de esta alocución del presidente Maduro, se adelantaron algunas acciones y se logró frenar la práctica de desalojos arbitrarios en las que se utilizaban distintas fuerzas de seguridad públicas para ejecutarlos. Pero otras prácticas permanecieron y permanecen intactas: la dilación administrativa en el INTI, la realización de informes técnicos amañados para favorecer a los y las terratenientes, la expedición de medidas de protección a ganado o cultivos prácticamente inexistentes de los y las terratenientes, el acoso judicial a dirigentes campesinos(as) y la criminalización. Las instrucciones del presidente, en ese sentido, quedaron sin cumplirse.

Al respecto, es emblemático el acto que en junio de 2018 encabezó el presidente del Inti, Luis Soteldo, en Tucaní, estado Mérida, en el que se anunció la entrega expedita de ocho predios a los campesinos y campesinas de la zona del Sur del Lago: al día de hoy uno solo de todos esos predios, el predio El Carmen, ha sido formalmente entregado, con su correspondiente Carta Agraria Socialista; todos los demás, y otros diez que no fueron mencionados por Soteldo, siguen esperando.

Con el paso de los meses, ante el incumplimiento por parte de los funcionarios a los cuales el presidente Maduro les encargó la responsabilidad de garantizar la satisfacción de las demandas campesinas, el conflicto fue ganando intensidad, y se dieron un conjunto de acciones, de movilizaciones para presionar al respecto, las cuales lograron también la necesaria repercusión nacional, la ruptura del cerco. Algunas de estas acciones fueron unitarias, como la toma del INTI de Barinas del 26 de junio. Otras, como la Marcha Campesina Admirable, en la que un grupo de campesinos y campesinas marchó a pie desde Portuguesa hasta Caracas para hacerse recibir por el propio presidente Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello y la vicepresidenta Delcy Rodríguez el 2 de agosto. Otra acción que apuntó a construir y reunificar el movimiento campesino, fue el lanzamiento público de la Alianza Nacional Productiva, en una gran asamblea en Yaracuy el 11 de agosto con más de 250 dirigentes campesinos de distintos estados del país.

Como contra-cara de este accionar dinámico y potente del movimiento campesino actuaban también las fuerzas oscuras de los(as) latifundistas y las mafias agrarias. El uso de grupos armados para amenazar y amedrentar a los campesinos y la práctica del sicariato cobró nuevamente fuerza en el país. Fueron múltiples, por ejemplo, las denuncias concretas de amenazas y agresiones a campesinos(as) por parte de hombres fuertemente armados en el Sur del Lago, denuncias todas hechas de frente, poniendo el rostro, mencionando con nombre y apellido la presencia, durante las acciones armadas, de terratenientes como Rogelio Artega, Eduardo Celis o Ramón Meza. El mismo día que el presidente Maduro realizaba el acto público con los integrantes de la Marcha Campesina Admirable, casi en simultáneo, era asesinado cruelmente en el estado Barinas, con las más horrendas manifestaciones de la peor de las violencias paramilitares, Orlando Reyes Parra, dirigente campesino del predio La Escondida, quien en reiteradas oportunidades había hecho públicas las amenazas del terrateniente Ricardo Mora.

Un par de semanas después fue asesinado de un tiro certero en el corazón el adolescente de 16 años Kendri Márquez, mientras se desplazaba en su moto por la carretera panamericana en el estado Mérida. A estos asesinatos se suman el de Guillermo Toledo y Jesús León en Barinas, el de Luis Fajardo en Mérida y el de José Aguilar en Barinas, éste último durante la misma operación de sicariato en la que se asesinó en La Escondida a Reyes Parra.

El año finalizó con una masiva movilización en San Cristóbal, Táchira, el 20 de noviembre, organizada por la Alianza Nacional Productiva, en la que 1500 campesinos(as) llegaron al MAT con un conjunto de propuestas que incluyeron una serie de predios ociosos para rescatar. Ese día se estableció el compromiso institucional de avanzar en esa dirección y hasta el día de hoy esos avances no se han materializado.

En lo que va de 2019 la realidad no parece distinta: la lucha campesina sigue intensificándose, la falta de respuesta institucional y el accionar efectivo de las mafias agrarias sigue marcando la pauta. El asesinato, el 10 de enero, de José de La Cruz Márquez, dirigente campesino del predio Buena Esperanza, en el Zulia, era ya un anuncio de las batallas que el movimiento campesino habría de dar este año por la democratización de la tierra.

La primera batalla es ya cotidiana: se trata de la que se lleva a cabo contra las instituciones agrarias que dilatan hasta el infinito los procedimientos técnicos y administrativos para avanzar en la concreción de la Carta Agraria Socialista a los campesinos y campesinas, en un accionar que favorece claramente a los y las terratenientes: dejan pasar los lapsos establecidos en la ley para que, por un lado, las inspecciones que arrojaron la improductividad necesaria para autorizar el rescate pueda ser modificada de forma fraudulenta por los presuntos terratenientes, y por otro , les dé tiempo de conseguir y articular los “favores” de jueces agrarios que dictan medidas de desalojo y de protección a su tierra y a su supuesta “producción”, o el de fiscales del Ministerio Público que abran investigaciones y acosen judicialmente a dirigentes campesinos.

Si el INTI procediera con celeridad y eficiencia en los procesos técnicos y administrativos que se requieren luego de que se denuncia un predio como ocioso, se inspecciona para autorizar el rescate y se dicta la medida de aseguramiento a favor de los campesinos, ninguna de las complicaciones posteriores ocurriría.

Ahora bien, ¿por qué autorizar un rescate, dictar aseguramiento a favor de campesinos, notificar del rescate al presunto propietario, si al final lo que se va es a dilatar el proceso y no resolverlo expeditamente a favor del pueblo campesino? ¿Será que allí empieza el negocio? ¿Será que es usada la Ley de Tierras como instrumento de extorsión en el que quienes luchan por la tierra quedan atrapados y utilizados no más que para el lucro de funcionarios corruptos y de mafias agrarias? Sin duda alguna, este es un tema en el que hay que ahondar y en el que debería haber una investigación seria y a fondo, porque llama la atención la excesiva cantidad de procesos de rescate de tierras en los que, luego de iniciado el rescate, todo queda en un estancamiento infinito.

Otra de las batallas es la pelea contra los desalojos y contra la reversión de procesos de rescate de tierras. Allí baste mencionar tres casos que en las últimas semanas vienen haciéndose emblemáticos: el Hato las Mercedes, en Barinas, el predio Montecarlo, en Mérida, y el predio Los Tramojos, en Guárico.

En Las Mercedes, se trata de un proceso que lleva más de 7 años. El 23 de mayo, a partir de una orden del juez del tribunal agrario de Socopó, Orlando Contreras, se inició un intento de desalojo a los consejos campesinos que luchan el rescate de 7777 hectáreas de tierra, de un total de 14.812 hectáreas que tiene la finca completa. En este caso hay ya una resolución del INTI desde marzo del año pasado, que establece el rescate a favor de los y las campesinos(as). Ahora bien: ¿cómo hizo Inversiones Rizsa SA, representada por Ignacio Riera, supuesta propietaria del hato, para lograr la orden de desalojo dictada por el juez Contreras? ¿Cómo logró la familia Riera Zubillaga que ese día 15 vehículos de fuerzas de seguridad entre GNB y policía de Barinas se presentaran en el predio y lograran desalojar dos de los ocho Consejos Campesinos que ocupan y trabajan las tierras? Cabe mencionar que el nombre del juez Orlando Contreras también aparece involucrado en casos similares como los de los predios La Primavera y Palo Quemao, donde, dicho sea de paso, fueron asesinados como parte del conflicto por la tierra los campesinos Guillermo Toledo y Jesús León el 12 de mayo de 2018.

El desalojo logró detenerse, gracias a la intervención del constituyente Pedro Alvarado y del diputado al consejo legislativo Juan Carlos Pinto, ambos militantes de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, a la rápida movilización de los campesinos, a la solidez de sus espacios organizativos y a la activación de los resortes comunicacionales alternativos. Se instalaron unas mesas de trabajo con presencia de las autoridades agrarias para trabajar el caso y avanzar en una solución. Sin embargo, pasan los días y no llegan las respuestas. Al contrario, aparecen nuevamente las amenazas de desalojo y ruedan informaciones sobre la preparación de una decisión a puertas cerradas, sin participación de los consejos campesinos, quienes por su parte no han dejado de mantenerse activos: vinieron a Caracas a denunciar directamente el caso en la Vicepresidencia de la República, en el INTI y en el Tribunal Supremo de Justicia. La incertidumbre continúa, la angustia, cosa que no impide que los espacios del predio que ocupan los y las campesinas estén plenamente productivos, como lo evidencian la multiplicidad de videos y fotografías que han hecho circular en redes sociales.

En el caso del predio Montecarlo, en el municipio merideño Alberto Adriani al Sur de Lago de maracaibo, es necesario mencionar que se trata del predio por cuya lucha fue asesinado Kendri Márquez, de 16 años de edad, luego de reiteradas amenazas por parte de voceros de la terrateniente Mirella Vega. A la fecha, la justicia no ha actuado. La muerte de Kendri permanece totalmente impune. En el caso de este predio, el Consejo Campesino “Tierra, Hombres y Mujeres Libres” lucha el rescate de la tierra desde hace 10 meses, luego de que la finca permaneciera abandonada por más de ocho años. Los avances administrativos ante el INTI, en este caso, son mínimos, a pesar de haberse producido ya un asesinato.

El 15 de mayo de este año una comisión que dijo actuar a nombre de la Vicepresidencia de la República (cosa que no ha sido desmentida por la institución), integrada por el representante de la defensoría del pueblo, Alejandro Mora, la jueza de los tribunales agrarios en primera instancia de El Vigía, Carmen Rosales, el teniente primero de la FANB de dicha zona, de apellido Contreras, y el fiscal de la fiscalía 6ta, Jesús Leonardo Ojeda Coronel, además de la abogada Marlin Sosa, se presentó en el sitio con la finalidad de notificar al consejo campesino que deben desalojar el predio a la brevedad posible. Luego, el 14 de junio, se repitió una visita con la misma finalidad, esta vez con la presencia de la Jueza Agraria de El Vigía Carmen Rosales, el fiscal general Camilo Bastos, el abogado del INTI, Luis Rangel, y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Aquí caben las mismas preguntas que en el caso de La Mercedes. ¿Cómo logró la terrateniente Mirella Vega tal articulación institucional contra los y las campesinos(as)? ¿Cómo ha logrado que a lo largo de este año la justicia no la haya investigado y mucho menos castigado por el asesinato de Kendri Márquez? Alguna autoridad debería responder estas preguntas, ¿cierto? En este caso, además, pretende criminalizarse al consejo campesino por la muerte de ganado, cuando los campesinos han demostrado que el poco ganado abandonado allí por la terrateniente carece de alimento porque los propios empleados de la finca eliminaron el pasto precisamente para criminalizar al consejo campesino.

El tercer caso es el del predio Los Tramojos, en el estado Guárico. Se trata de tierras que en 2010 fueron declaradas como tierras ociosas, adjudicadas legítimamente y ratificadas en 2017 por el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras. Durante 7 años, las más de 40 familias que integran este rescate permanecieron en el predio, trabajando la tierra, sembrando e invirtiendo en bienechurías. A finales del 2016 se dio inicio a una serie de atropellos que terminaron con el desalojo arbitrario, lo cual implicó la pérdida de viviendas, enseres, animales y plantas. Fueron criminalizados, algunos privados de libertad y acusados de desobediencia a la autoridad y/o ocupación irregular. El 18 de junio, luego de decidir retomar la lucha por esas tierras, los campesinos y campesinas del Consejo Campesino Zamorano, articulados con la Plataforma de Lucha Campesina, intentaron ingresar nuevamente al predio, y fueron violentados y amedrentados por la policía de Guárico y el FAES, conflicto en el que a dos comunicadores populares les fueron quitados sus equipos (aunque fueron devueltos, antes se les eliminó el material que había sido registrado).

Voceros campesinos involucrados en los hechos informan que en la acción no estuvo presente el INTI, el Tribunal Agrario, la Defensoría del Pueblo, pero sí el Gerente General de la Agropecuaria Los Tramojos, José Elías Chirimelli, acompañado de su abogado y de los mencionados cuerpos de seguridad. También denunciaron la retención irregular por parte del FAES del dirigente Jesús Osorio. Nuevamente surgen las mismas preguntas: ¿Cómo logró Chirimelli que se revirtiera la tierra entregada por la revolución bolivariana a los(as) campesinos(as)? ¿Cómo logró tal despliegue de la policía del Guárico (que responde al gobernador del estado José Vásquez) y de cuerpos como el FAES? Nuevamente, hacen falta las respuestas de las autoridades.

III

Es un hecho incuestionable que la democratización de la tierra es una de las banderas centrales de la revolución bolivariana, una de las conquistas fundamentales de nuestro pueblo y uno de los aspectos principales del modelo agrario definido por Hugo Chávez en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. De allí que sea tan grave la realidad en extremo adversa que el movimiento campesino debe enfrentar para defender las conquistas obtenidas con esta ley y avanzar en la lucha por la concreción definitiva de esa aspiración histórica: erradicar el latifundio por ser contrario al interés público, como reza nuestra constitución, y por ser impedimento básico para avanzar en desarrollo productivo del campo venezolano, lo cual a su vez es premisa ineludible para alcanzar la justicia social y el buen vivir del pueblo campesino.

Además de esto, en el actual contexto de agresión extranjera de EEUU, con las medidas coercitivas financieras y comerciales implementadas ilegalmente por ese país contra Venezuela, que impiden la comercialización de nuestras riquezas y la importación de alimentos para nuestro pueblo, resulta más que estratégico que se avance de forma contundente y sostenida en la democratización de la tierra y la erradicación del latifundio. A ello se agrega la complejización cada vez mayor de la vida de nuestra gente en el campo a raíz de la crisis económica, la hiperinflación descontrolada, la precarización del trabajo y la pulverización del salario: en el campo la única alternativa que tiene nuestra gente es sembrar y criar alimentos, razón por la cual es un acto de injusticia supremo que ante los ojos de la gente permanezcan miles y miles de hectáreas de tierra improductiva en manos de gente rica que ni siquiera vive en el campo y muchas veces ni siquiera vive en el país.

Sin embargo, el país sigue sin una política clara al respecto, en la que se definan planes, metas, plazos, prioridades: ¿cuántas hectáreas rescataremos al año de las garras del latifundio? ¿en qué estados prioritariamente? ¿qué tipo de suelos serán democratizados en primera instancia? ¿cuánta gente aún permanece sin tierra? Una política de ese tipo debería comenzar por poner en claro el estatus de los procedimientos que actualmente están abiertos y avanzar en su solución; debería comenzar por investigar y castigar a todo juez o jueza, fiscal o fiscala, funcionario(a) del INTI, policía y militar que haya participado o haya estado involucrado en retrasos administrativos, autorización y ejecución de desalojo, redacción de informes amañados. Pero para todo esto hay un requisito previo: debe abrirse participación y poder en la institucionalidad agraria a los campesinos y campesinas que luchan por la tierra, las Oficinas Regionales de Tierras deben ser manejadas por el pueblo campesino y debe haber un mayor equilibrio de los sectores en el directorio nacional del INTI.

¿Cómo lograremos, si no, la meta estratégica del desarrollo productivo y la soberanía alimentaria que nos permita resistir con dignidad la agresión extranjera (la actual y las que vengan) y empujar con libertad el proyecto de sociedad que dibujamos como pueblo en la constitución bolivariana? No hay otra forma. Esta es la piedra angular de cualquier proyecto de desarrollo que pretenda cumplir los elevados objetivos de igualdad, equidad y justicia social de nuestra constitución. Y no basta para ello el anuncio aislado de unas tierras entregadas aquí y otras allá después de años de lucha, sacrificio y muerte incluso, no basta la entrega de unas semillas entregadas aquí y otras allá. Se requiere la construcción de una política seria, integral y coherente, con participación de la gente, y se requiere voluntad política para avanzar en esa dirección.

Está claro que esto implica conflictos de poder y presiones de factores de poder fáctico, está claro que hay intereses en juego por parte de fuerzas que desde adentro y desde afuera de la revolución empujan en dirección contraria. No somos ingenuos. Por eso decimos que lo que falta es voluntad de avanzar en esa dirección, porque la gente para empujarlo está, la vocación por el trabajo está, la disposición de lucha está. ¿Es que no hay fuerza en la institucionalidad del poder para avanzar en una ruta como esta? ¿O es que el plan desde las altas esferas del poder institucional es otro?