En el Gobierno de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, más de 5.000 granadas y 3.000 proyectiles arribaron desde Ecuador.
El abogado y asambleísta ecuatoriano Fausto Jarrín Terán presentó este lunes una denuncia contra el expresidente Lenín Moreno, por el delito de entrega y gases lacrimógenos y proyectiles para el uso de la fuerza pública boliviana contra la población civil durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.
La querella se presenta luego que el Gobierno boliviano informó el pasado jueves la apertura de una investigación para indagar sobre la entrega de gases lacrimógenos y "municiones de guerra" desde Ecuador hacia Bolivia durante el mandato de Jeanine Áñez (2019-2020).
Fausto Jarrín demanda que se abra una investigación tanto al expresidente ecuatoriano como a la exministra María Paula Romo, a partir de informaciones proporcionadas en los medios públicos y que son de conocimiento general.
Seguimos esperando que la velocidad demostrada en los casos que interesaban al Gob. de Moreno sea la misma para casos como INA u otros…
Hoy presentaré una nueva denuncia ante la @FiscaliaEcuador luego de conocer los gravísimos hechos relacionados con la represión en Bolivia. pic.twitter.com/VW0Ca7mLdD
— Fausto Jarrín Terán. (@Sandinin) June 14, 2021
De acuerdo a su declaración "los hechos ocurridos mostrarían el cometimiento del delito tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio de que la investigación devele el cometimiento de otros delitos relacionados a estos hechos".
El gobierno ecuatoriano suministró a Bolivia un total de 5.500 granadas y 2.949 proyectiles de distintos tipos en 2019. En total fallecieron 37 personas, de las que una veintena corresponden a las llamadas masacres de Sacaba y Senkata.
Es lamentable que el gobierno de Lenín Moreno, expresidente de #Ecuador aparezca implicado en las masacres ocasionadas por el gobierno de facto en Sacaba, Senkata y Pedregal. Haber prestado granadas y proyectiles a los golpistas lo pone en evidencia. pic.twitter.com/hELBaVqQFj
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 11, 2021
En La Paz, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, especificó en rueda de prensa que los contactos para el préstamo de granadas de gas y municiones se hicieron a través del entonces director Nacional de Logística de Ecuador, Fernando Correa Gordillo, que dependía del comandante de la Policía ecuatoriana, Patricio Carrillo Rosero.
El nexo que logró adquirir las granadas y los proyectiles del gobierno de #Ecuador a #Bolivia para reprimir al pueblo, fue la ex ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga. #VamosASalirAdelante #NoEsVenganzaEsJusticia pic.twitter.com/RKfKhzLP8W
— Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) June 12, 2021
Al exministro de Gobierno durante la gestión de Jeanine Áñez, Arturo Murillo también se le investiga por el delito de peculado en relación con la compra de lotes de gases antidisturioos a sobreprecio, sin embargo, Eduardo Del Castillo aseguró que el proceso en que se ve envuelto Ecuador fue una operación paralela.
Bolivia plantea una investigación internacional sobre el apoyo ecuatoriano a la expresidenta Áñez
El embajador boliviano en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego Pary, planteó una investigación internacional sobre el papel del expresidente ecuatoriano Lenin Moreno (2017-2021) en favor del Gobierno de facto instalado en este país en 2019.
"El préstamo apresurado de armamento letal y no letal de Ecuador a Bolivia en los primeros días del golpe de 2019 es una vulneración grave del derecho internacional, esto requiere una investigación seria con la participación de organismos internacionales", dijo Pary a la televisión estatal.
Quito prestó a La Paz en noviembre de 2019 al menos 5.500 granadas de gas lacrimógeno y casi 3.000 proyectiles diversos, incluidas municiones de guerra, en apoyo a la entonces recién instalada presidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), en una operación revelada en los últimos días en la capital boliviana.
El caso ganó actualidad tras el arresto en Estados Unidos del exministro boliviano Arturo Murillo, señalado como principal gestor del préstamo ecuatoriano y de una compra paralela de materiales antidisturbios con sobreprecio, sobornos y una trama de lavado de dinero, delitos por los que ahora está procesado.
Plan Cóndor
Pary dijo que el nuevo Gobierno presidido por Luis Arce considera "solicitar una investigación internacional sobre el caso", en el cual se habrían violando normas tanto ecuatorianas como bolivianas.
"Una operación como el préstamo de materiales militares y policiales solo es posible mediante un acuerdo de cooperación internacional que normalmente toma su tiempo, no se hace en dos o tres días, sino en meses y hasta años, pero en ese caso se lo hizo de la noche a la mañana", afirmó.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, mostró el pasado fin de semana a la prensa, como prueba del apoyo del Gobierno ecuatoriano de Moreno a Áñez, una comunicación oficial de Quito, de mayo de 2020, en la que pedía la devolución de los materiales.
"Es el Plan Cóndor II; el funcionamiento de esta organización básicamente se asemeja a la estrategia del Plan Cóndor que hemos vivido en los años 70, donde varios países cooperaban regionalmente para la represión", afirmó Del Castillo en referencia a la colaboración entre gobiernos dictatoriales latinoamericanos de décadas pasadas.
Medios locales, que divulgaron el fin de semana varios documentos oficiales que confirmarían el préstamo de los materiales policiales y militares de Ecuador a Bolivia, indicaron que esa operación fue iniciada el 14 de noviembre de 2019, apenas dos días después de la instalación del Gobierno transitorio de Áñez.
En las semanas siguientes, operaciones conjuntas de militares y policías contra manifestantes que protestaban contra el golpe que derrocó al Gobierno de Evo Morales (2006-201) dejaron una treintena de civiles muertos en varios puntos del país.