Guatemala y el imperialismo bananero de la United Fruit Company

 'Gloriosa Victoria', obra de Diego Rivera de 1954, retrata el golpe de estado que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Guatemala y en el que la United Fruit Company se ve retratada con los trabajadores cargando bananas
Eduardo García Granado

El 18 de junio de 1954 las fuerzas armadas insurrectas lideradas por el coronel Carlos Castillo Armas iniciaron un golpe de Estado en Guatemala contra el presidente Jacobo Árbenz, popularmente electo en los comicios presidenciales del año 1950. Árbenz, incapaz de sostener su mandato democrático frente a la agresión que había organizado la CIA de Estados Unidos junto a actores colaboracionistas en el interior del país, pronunció su discurso de renuncia forzosa, clarificando intereses e implicaciones que habrían de ser necesarias para comprender el trasfondo de la conspiración: “La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos”.

United Fruit Company

¿A qué se refería el presidente Árbenz al hablar de “los intereses financieros de la compañía frutera”? Por supuesto, en el golpe de Estado fue crucial la participación del andamiaje injerencista del imperio estadounidense, pero las razones del ataque son aún más específicas; se trataba, en gran medida, de defender los intereses de uno de los más grandes monopolios que ha producido el capitalismo norteamericano: la United Fruit Company. UFCO, conocida en Centroamérica como “La Frutera” o “El Pulpo”, fue convenientemente fundada —mediante la fusión de la Tropical Trading and Transport Company y la Boston Fruit Company— en 1899, durante la etapa en que los Estados Unidos se encontraba interiorizando su condición de imperio y definiendo los pasos a seguir para lograr el dominio internacional que consolidó definitivamente tras la II Guerra Mundial. Los intereses económicos de la compañía casaron a la perfección con la temprana estrategia imperialista de Washington, que había puesto un especial foco en Centroamérica, no solo por su cercanía geográfica sino por la desbordante cantidad y variedad de recursos naturales que ofrece la región.

“El Pulpo” fue un apodo verdaderamente apropiado para la United Fruit Company, un conglomerado que logró una expansión tentacular casi absoluta en varios países centroamericanos

“El Pulpo” fue un apodo verdaderamente apropiado para la United Fruit Company, un conglomerado que logró una expansión tentacular casi absoluta en varios países centroamericanos, llegando incluso hasta Colombia. El caso de UFCO es uno de los más nítidos de la combinación entre concentración, violencia y parasitismo que los conglomerados de los estados imperialistas ejercen sobre las regiones periféricas. En la propia Guatemala, pero también en otros países como Honduras, “El Pulpo” logró desarrollar un verdadero emporio del plátano. Este producto, por aquel entonces exótico para el público estadounidense, revertía una ingente cantidad de ganancias al conglomerado estadounidense, en parte gracias a las intensas campañas publicitarias con las que la compañía avasalló a los consumidores en Norteamérica. Pero, primordialmente, la rentabilidad de UFCO se basaba en la explotación sistemática de las clases trabajadoras campesinas en Centroamérica y en una cuidada estrategia para controlar la cadena de suministros.

United Fruit Company, que a menudo pagaba a sus trabajadores en bonos que solo podían gastar en jurisdicciones de alimentación que eran subsidiarias de la propia UFCO, se encargaba además de comprar (a precios favorables consecuencia de los vínculos con los gobiernos títeres del país) inmensas parcelas de tierra cultivable en Guatemala, a tal punto que llegaron a controlar casi el 50% de la misma. Esta tierra no siempre era cultivada, sino que a menudo era destinada consciente y decididamente a la ociosidad, como estrategia de presión al campesinado guatemalteco, que se veía forzado a competir entre sí para asegurar un puesto en la cadena de explotación de El Pulpo. El empleo del hambre y el desempleo como arma de guerra de clase contra los trabajadores en Centroamérica, práctica habitual de los monopolios imperialistas en numerosas latitudes, iba de la mano con el pretendido control de la cadena de suministros a lo largo del país. La United Fruit Company logró controlar un amplio rango de las actividades y consumos cotidianos de sus propios trabajadores: poseían, desarrollaban y se beneficiaban del servicio de trenes en Guatemala, de la infraestructura de radiocomunicaciones, del servicio postal, de cadenas de alimentación, etc. Era la empresa más grande en Guatemala, sin ser de Guatemala.

La UFCO es también un ejemplo de la simbiosis entre los estados imperialistas y sus grandes monopolios, así como de la implicación directa que los primeros pueden tener en la defensa de los segundos, tanto en materia militar como diplomática o propagandística. El Estado estadounidense ayudó a la compañía en la represión de trabajadores en New Orleans tan pronto como en 1913, asesinando a dos huelguistas. Con todo, en el escenario internacional, Washington también asumió el rol de caballo de Troya defensor de los intereses del conglomerado bananero. En Colombia, en 1928, trabajadores de las plantaciones plataneras de “El Pulpo” organizaron una huelga con la que buscaban, entre otras cosas, que se pusiera fin al sistema “salarial” de los vouchers y se les abonase su sueldo en dinero real. También exigían mejoras en el alojamiento que brindaba la compañía, hasta entonces marcado por el hacinamiento y la insalubridad. El general Carlos Cortés Vargas ordenó reprimir la movilización obrera, convencido por las amenazas de Washington de que Estados Unidos enviaría marines a Colombia; según las estimaciones —complejas por la opacidad con la que el Gobierno colombiano trató el asunto—, varios miles de trabajadores fueron asesinados durante la represión a través de la cual el Estado colombiano, presionado por el Estado estadounidense, defendió los intereses de un conglomerado extranjero.

Reforma agraria y golpe de Estado

La presidencia de Jacobo Árbenz buscó continuar —y, en cierta medida, profundizar— los lineamientos generales del gobierno de Juan José Arévalo (1945-1951), de quien el propio Árbenz había sido ministro de Defensa. Ambos presidentes promulgaron desde el Ejecutivo guatemalteco una agenda de reformas en asuntos estructurales de la economía nacional, como la cuestión agraria o la alfabetización de los trabajadores del campo, la clase social más numerosa en la Centroamérica de mediados del siglo XX.

Como ocurriera con sendos gobiernos durante las décadas de los cuarenta y los cincuenta en América Latina, la prioridad del gobierno de Árbenz en materia económica era que Guatemala abandonase las estructuras coloniales que imposibilitaban el desarrollo de la industria nacional. La periferización y primarización de Guatemala, impulsada por Estados Unidos en defensa de los intereses de sus grandes monopolios, en especial de “El Pulpo”, no solo impedía la diversificación de la economía guatemaletca, sino que entorpecía decisivamente la modernización de las instituciones políticas, sociales, militares, civiles y culturales del país.

El planteo de Árbenz era claro, de igual forma que lo era su perspectiva de clase. Guatemala debía confrontar los intereses de las dos clases dirigentes hasta el momento en el país: la agroexportadora nacional, heredera todavía del poder del Imperio español, y la monopólica extranjera, de la que la United Fruit Company era máximo exponente y actor principal. Más allá del planteamiento redistribucionista y social del gobierno de Árbenz —que era, cabe decir, extenso—, lo más destacable de su proyecto económico era su relación con los capitales estadounidenses. A través de la retención de una parte del capital generado con las tierras guatemaltecas y mediante una lógica dirigista e industrializadora, el presidente Árbenz pretendía convertir a Guatemala en un país económicamente independiente y con una infraestructura capitalista —al menos, inicialmente— autocentrada.

Para países como Guatemala se difundió el término “Banana Republic”, esencialmente un estado sumamente dependiente, primarizado y de monocultivo

Su gobierno impulsó una reforma agraria que modificaba radicalmente el esquema de posesión y producción de las tierras en Guatemala. Como pasase con otros ejemplos como los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón en Argentina, sin ser Árbenz comunista, su Ejecutivo incorporó a sectores del Partido del Trabajo que fueron cruciales en el diseño de la reforma. En su artículo 3, la reforma agraria en Guatemala especificaba cinco intereses centrales, a saber: 1) desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general; 2) dotar de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen, o que poseen muy poca; 3) facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada; 4) introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en especial a los campesinos menos pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria; y 5) incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general.

La reforma establecía estatizaciones de tierras y también reparto entre la clase trabajadora campesina del país. Las expropiaciones, parte central de la reforma, iban a perjudicar los intereses de la United Fruit Company, por cuanto se consideraba afectables, entre otras, las tierras no cultivadas y las dadas en arrendamiento, además de establecerse impuestos sobre la tierra (ociosa y no ociosa). En la redacción de la ley, el Gobierno guatemalteco trató de clarificar su propio carácter no comunista, consciente de la agresiva campaña de fake news con la que los sectores amigos de “El Pulpo” habían tratado de desprestigiar al Ejecutivo nacional, colgándole la —por aquel entonces, particularmente pesada— etiqueta de “comunista”.

El golpe de 1954 fue exitoso. Tras derrocar al gobierno electo popularmente, en Guatemala se sucedieron numerosos gobiernos militares alineados con Estados Unidos y defensores del dominio que la United Fruit Company siguió ejerciendo en la economía nacional. No fue el único golpe que Washington perpetró en la región. El caso de Nicaragua en 1909 o el de Honduras en 1911 fueron también significativos (de este último, “El Pulpo” incluso obtuvo exenciones impositivas y hasta una compensación económica).

Para países como Guatemala se difundió el término “Banana Republic”, esencialmente un estado sumamente dependiente, primarizado y de monocultivo, en el que son los monopolios extractivistas quienes dirigen la economía y para los que trabajan amplias capas de la clase trabajadora campesina del país. Ciertamente, la extensión del término dice más de las dinámicas de las empresas y los estados imperialistas que de los países dominados. La existencia de “Banana Republics” es decisiva para el flujo de ganancias de numerosos conglomerados a lo largo del globo. La preeminencia de clases políticas ideológicamente dominadas por los estados imperialistas posibilita una dirección indirecta de la política económica de las periferias, beneficiando los intereses de los monopolios. Guatemala, como Honduras o Nicaragua, afrontó tras el golpe la violencia de unas Fuerzas Armadas cuyo foco se puso sobre la represión interna de los sindicatos y las organizaciones revolucionarias.

En 1999, el entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton ofreció sus disculpas al estado guatemalteco por la participación de Washington en la desestabilización política de Guatemala. Sin embargo, las consecuencias de la injerencia estadounidense son todavía perceptibles. Tras varias décadas de consolidación del modelo primario y de la renuncia a la senda del desarrollo nacional autocentrado, Guatemala presenta hoy un esquema económico escasamente diversificado. La reforma agraria es una cuestión todavía discutida en la política nacional, y una exigencia que algunos sectores plantean al presidente Bernardo Arévalo, hijo del ex presidente Juan José Arévalo.

Fuente
https://www.elsaltodiario.com
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